MARCO ANTONIO GARCÍA RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE LA CSI
«No puede hablar
de buena fe quien ha
tenido dos años para
prevenir este problema
y no lo ha hecho»
18.06.09 -
García celebraba ayer el fallo del TSJA. / JESÚS DÍAZ
«Feliz». Así se confiesa este inspector que suma ya 21 años vigilando la seguridad de los transportes de la región. Marco Antonio García pertenece a la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), una de las cuatro centrales que han ganado el recurso contra la carrera profesional.
-¿Contento con la sentencia?
-Mucho. Hace dos años que advertimos de que la resolución de la carrera profesional era ilegal y por fin nos dan la razón.
-Que se la concedan supondrá que 14.000 trabajadores cobren menos el mes que viene. ¿Cómo se lo toman sus compañeros?
-Mejor de lo que esperaba. Cuando hace dos años nos dieron la suspensión cautelar, muchos nos empezaron a llamar de todo. Pero en este tiempo, la Consejería de Administraciones Públicas nos ha hecho el trabajo sucio: al imponer unos procesos de evaluación arbitrarios, muchos han empezado a entender lo que había detrás de aquellos complementos salariales.
-Hay sindicatos que dicen lo contrario: que son ustedes los que le han hecho el trabajo sucio a la Administración porque gracias a su recurso el Principado se va a ahorrar 21 millones al año en pluses.
-Eso es falso. El Principado pueden seguir pagando ese dinero bajo el formato de complementos de productividad. Eso no necesita del desarrollo de ninguna ley. Nada impide al Gobierno seguir dando ese dinero a sus empleados.
-Pues dejarán de hacerlo y les responsabilizan a ustedes de ello. El Principado defiende que eran unos pluses otorgados de buena voluntad, como respuesta a una demanda de los sindicatos mayoritarios, pero que ahora quedan anulados.
-Mire, cualquier abogado de medio pelo sabía que ésta era una sentencia anunciada. No se puede hablar de buena voluntad cuando has tenido dos años para prevenir este problema y no has hecho nada. ¡Si había muchas maneras de arreglarlo! Incluso podían haber hecho una nueva resolución, anulando la que nosotros denunciamos, y así nos hubieran obligado a iniciar la reclamación de nuevo. Si ahora dejan de pagar será su responsabilidad y algo que los trabajadores no podemos aceptar: no somos culpables de la desidia y prepotencia de otros.
-El Gobierno reconoce que los pluses tenían una «débil» base jurídica, pero confiaba en que nadie apelara a los tribunales.
-Es una frase que refleja a las claras lo que busca el Principado. El modelo que propone este Gobierno es uno en el que todos saben que se vulnera la ley, ellos y los sindicatos, pero como te pagan, pues debes mirar para otro sitio.
-¿Por qué están en contra de una carrera profesional que pagaba más a sus compañeros?
-Porque suponía que una parte muy importante de tu sueldo dependa de la evaluación, pero de la que hace de tí un jefe colocado a dedo por los políticos. Eso sería el fin del funcionarios independiente, el que denuncia abusos e ilegalidades, nos haría sumisos, como quiere este Gobierno. Además, tal y como la planteó el Principado, nos dejó fuera de esos pluses a 5.000 trabajadores que no cumplíamos requisitos.
-Antonio Pino dice que habría «que correrles a gorrazos» por lo que han hecho.
-¿Qué habría que hacer con ellos, que han apoyado una carrera profesional ilegal, que multiplica por cuatro la diferencia entre los que más cobran y los que menos?
