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PSOE, IU y UPyD limitan al Principado las responsabilidades en el Niemeyer

Los grupos presentan sus enmiendas al borrador de la comisión y critican con dureza el texto, que para Foro debe concretar más las irregularidades

Y. L. / A. P. /B. P. / F. B.

Sábado, 28 de junio 2014, 00:44

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Tanto PSOE como IU y UPyD consideran en sus enmiendas al borrador de dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el Centro Cultural Oscar Niemeyer, elaborado por el PP, que la responsabilidad política se debe ceñir a representantes de la Junta General y no a la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, o a la Autoridad Portuaria de la ciudad. Los tres grupos, al igual que Foro, presentaron ayer enmiendas a la resolución, muy criticada por todos los partidos.

El portavoz socialista en la Junta General, Fernando Lastra, explicó que han pedido la supresión de muchos párrafos del informe por considerarlo «poco objetivo, muy tendencioso, impreciso y está mal hecho». El PSOE «no puede aceptarlo, y lo más práctico, lo más sensato y creo que lo más honesto es suprimir los párrafos que son inadecuados, incorrectos, inexactos, llenos de falsedades», según indicó Lastra.

Para el PSOE «la conclusión definitiva es que ha hecho un trabajo pésimo» y Lastra se refirió, concretamente, al trabajo desarrollado por el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Román López. Al respecto, determinó que « ha hecho muy mal trabajo, estuvo contaminado desde el principio por un prejuicio, quiso saber a quién tenía que responsabilizar y de qué antes de comenzar las tareas y la comisión no ha investigado nada».

La diputada de Foro Carmen Fernández explicó que grupo ha registrado 32 enmiendas al borrador, argumentando que «Foro ha hecho un trabajo riguroso y exhaustivo, con enmiendas de adición, supresión y modificación que en líneas generales concretan más los hechos, subrayan la legislación obviada y a los responsables de este tipo de actuaciones».

Fernández consideró «imprescindible que el dictamen relate al detalle las circunstancias que llevaron a la Fundación a una situación de quiebra financiera, porque nada sucedió fruto de la casualidad sino que un conjunto de dejaciones de función, a nuestro juicio interesadas, permitió que sucediera lo que sucedió, con grave daño al erario público asturiano».

Al contrario que los otros grupos, Foro sí añade en su propuesta que las responsabilidades de la alcaldesa de Avilés deben matizarse. En ese sentido, comentó que «es necesario describir las irregularidades cometidas y determinar las responsabilidades políticas de quienes, por su falta de respeto a la Ley y a los procedimientos, permitieron que este desmán fuera posible».

Las enmiendas de Izquierda Unida, según aclaró la diputada Emilia Vázquez, tienen como objetivo «mejorar sustancialmente la propuesta inicial», que pasa, a su juicio, «por quitar el relato subjetivo de las conclusiones», más cuando incluye las comparecencias realizadas a la comisión, que están disponibles para cualquier consulta sin que sea necesario incluir un resumen, recordó Vázquez.

Además, IU también considera que debe mejorar «el meollo de lo que iba a ser el trabajo de la comisión, analizar las irregularidades que se hubieran detectado en la Fundación», sin olvidar que «la comisión se creó para analizar las posibles responsabilidades del Gobierno del Principado». En ese sentido, comentó que IU considera que el expresidente Vicente Álvarez Areces «tiene una alta responsabilidad» así como las exconsejeras de Cultura Encarnación Rodríguez Cañas y Mercedes Álvarez, pero no así Ana Rosa Migoya. También cree IU que tienen responsabilidad los cargos de la Consejería de Cultura «por ser también del Principado», pero que «no tiene sentido» incluir ni al Ayuntamiento de Avilés ni a la Autoridad Portuaria «porque no es competencia de la comisión».

Izquierda Unida considera que los gestores de la Fundación Niemeyer tampoco están exentos de responsabilidad, pero esta debe determinarse por la vía judicial que ahora está abierta. Un punto que también comparte UPyD, según manifestó su portavoz en la Junta General, Ignacio Prendes, que explicó que no se ha ceñido a las enmiendas clásicas sino que ha planteado un texto alternativo solicitando una modificación de conjunto al borrador del dictamen elaborado por el PP. «La gestión del director fue nefasta, cometió verdaderas tropelías económicas y financieras, pero para eso están los tribunales con el proceso».

Prendes explicó que «el documento atribuye la responsabilidad a boleo a todo el que pasó alguna vez incluso por las inmediaciones y a nosotros nos parece que hay que ser mucho más rigurosos a la hora de atribuir las irregularidades que se han cometido entre 2007 y 2011». Por ello, UPyD considera que el informe debe reflejar «el grado de responsabilidad en el Niemeyer y acotarlo más a los que han tenido control directo en la Fundación». En primer lugar, Vicente Álvarez Areces, «un proyecto muy personal, y porque le dio carta blanca al director general, Natalio Grueso, cuya gestión económica resultó en la suspensión de pagos», aunque, según destacó Prendes, no es labor de la comisión valorar esta cuestión.

Sí comparten la responsabilidad de Álvarez Areces «las personas encargadas de cumplir las tareas de control desde la Consejería de Cultura», que UPyD circunscribe a la figura de la exconsejera Mercedes Álvarez, y a los «directores generales que tenían que realizar un control y que en algunos casos hicieron la vista gorda».

Sobre la programación

Por otro lado, Izquierda Unida de Avilés reconoció ayer a través del concejal Juan José Fernández que «la nueva programación presenta un salto cualitativo y cuantitativo, y un paso hacia lo que realmente debería ser el Niemeyer». Además, calificó de «acierto» la recuperación de la plaza, y aplaudió que todo se haya hecho «dentro de la legalidad».

No obstante, Fernández expresó su disconformidad con la elección del director general. «Es un proceso que empezó mal y que continuó peor, porque no entendemos cómo es posible que se presentasen tan pocos candidatos, cuando en el caso de la Laboral de Gijón concurrieron más de cincuenta». Del mismo modo, reclamó «mayor transparencia en el proceso, que corrió a cargo de la empresa Eulen, pero cuyas bases de selección desconocemos».

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