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Uno de los vecinos de El Nodo con una pancarta de protesta.
La Cofradía negocia con los cinco inquilinos apercibidos para que abandonen El Nodo

La Cofradía negocia con los cinco inquilinos apercibidos para que abandonen El Nodo

La entidad mantiene su oferta de un alquiler de 175 euros mensuales a un residente y otro acuerda dejar el Barrio de Pescadores

FERNANDO DEL BUSTO

Jueves, 14 de junio 2018, 13:09

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La Cofradía de Pescadores negocia en la actualidad con dos de los cinco inquilinos que han recibido una de las cartas en las que la entidad pesquera les insta a abandonar la vivienda que ocupan en El Nodo. El proceso de regularización de las viviendas de El Nodo ha motivado una acción de protesta de los vecinos afectados y que les ha llevado a organizar una acampada en el Barrio de Pescadores. Al tiempo, el pasado lunes la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, se reunía con el presidente de la Cofradía de Pescadores, Fidel Álvarez Garot, y su directiva para conocer el proceso de ordenación del barrio y que ha motivado las protestas de un grupo de afectados.

En este contexto, después de varios meses de silencio, la Cofradía de Pescadores ofrecía ayer su versión de los hechos. Hasta el momento, tan sólo desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Avilés y representantes de Podemos se han entrevistado con la directiva de la Cofradía para conocer las explicaciones de una regularización que se remonta al año 2007. En ese momento, la junta general de la Cofradía aprobó la idea de terminar con las ocupaciones irregulares de las viviendas de El Nodo, además de abrir la posibilidad de venderlas a los inquilinos o mantenerlos bajo la tutela de la Cofradía. Un proceso de regularización marcado, en buena medida, por la desaparición de la práctica totalidad de los ingresos que habían venido nutriendo las cuentas de la Cofradía.

Esa idea se ratificó por el cabildo en el año 2013, con la propuesta de que los afectados optasen entre un alquiler o la compra. La nueva directiva presidida por Álvarez Garot decidió continuar ese proceso, por el que 115 inquilinos habían, finalmente, adquirido la vivienda en propiedad. Además, un centenar de residentes decidieron quedar en alquiler. Según explicaron desde la Cofradía, es un conjunto de vecinos donde figuran jubilados del sector, viudas de la mar y trabajadores en activo y para los que se han fijado alquileres sociales que oscilan entre los 3 y 4 euros al meses en la mayor parte de los casos.

Ocupación irregular

De esa manera, quedaba por aclarar el régimen de cerca de 60 viviendas. Con la mitad de los inquilinos se alcanzó un compromiso, bien de venta o de alquiler. Para fijar los precios, explican desde la Cofradía, se estableció el precio de 4,25 euros por metro cuadrado, siguiendo los baremos establecidos por la Fundación San Martín para el alquiler. Desde la Cofradía se destaca cómo la Fundación propone dos precios (4,60 y 4,25 euros), escogiendo el más económico para facilitar el acuerdo.

Ahora mismo, el conflicto se centra en cinco residentes que han recibido las cartas, de un grupo de 30 personas y donde predominan lo que la Cofradía considera «residentes irregulares». A la hora de establecer lo que se consideraba una ocupación irregular, el actual equipo de la Cofradía de Pescadores, siguió criterios similares a los de otras instituciones del sector, por ejemplo, las hospederías del Instituto Social de la Marina, cuyo acceso se encuentra limitado a personas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social para trabajadores de la mar.

De las últimas cinco cartas, existe un compromiso de abandono de la vivienda con una de las residentes; con dos se encuentra abierto un proceso de negociación, mientras una cuarta no vive el barrio y se espera una respuesta antes de iniciar los trámites legales para recuperar la vivienda. Dentro de estas cartas, se encuentra la misiva recibida por otro conocido residente, 'El Gorrión', y que cuenta con una oferta de alquiler de 175 euros al mes por su vivienda. Una vez que se resuelva la situación de estas cinco viviendas, la Cofradía remitirá otro grupo de cartas hasta completar el proceso de regularización, «donde siempre estaremos abiertos al diálogo hasta que el proceso llegue a una sentencia judicial, que entonces se aplicará», aseguran.

Desde Foro Asturias, la concejala Enriqueta García reclamó ayer una intervención desde la administración pública en El Nodo «para evitar situaciones de abuso como las que manifiestan las familias».

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