El juez desestimará todos los recursos contra su último auto del 'caso Niemeyer'

El juez instructor del 'caso Niemeyer' desestimará todos los recursos presentados por las partes al auto de apertura de procedimiento abreviado notificado la semana pasada. Al escrito ya conocido de Pelayo Mijares, abogado defensor del exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, la exmujer de este y del agente de Viajes El Corte Inglés, se sumaron estos días los presentados por José Luis Rebollo, exsecretario del Niemeyer, el abogado de Marc Martí y el de la Fundación Niemeyer, que ejerce la acusación particular.

Según ha podido saber este periódico, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Avilés, Ricardo Badás, rechaza las críticas sobre las diligencias no practicadas, ya que no entiende su solicitud en este momento y no con anterioridad. En este sentido, apunta contra el recurso de la defensa de Natalio Grueso, que pide la declaración de todos los miembros de Patronato en tanto que responsables de las cuentas del mismo y señala que no es posible finalizar la instrucción al quedar «numerosas e importantes pruebas por practicar». En concreto, hace alusión a la toma de declaraciones de una serie de personas que podrían arrojar luz sobre las responsabilidades de cada uno de los imputados y que, según el escrito de Mijares, se había reclamado el 1 de octubre de 2014 y 3 de junio de 2015, petición que también había hecho el anterior secretario de la Fundación, José Luis Rebollo.

El recurso de reforma de este último iría en la misma línea, al solicitar la comparecencia de los miembros del Patronato y haciendo especial hincapié en la revocación de las subvenciones que fue, en primer término, lo que originó la denuncia por presunta gestión irregular de las cuentas del Centro Niemeyer. Ambos recursos señalan directamente a la Consejería de Cultura como responsable de haber revocado las subvenciones concedidas al Centro entre 2007 y 2011, por valor de 1.211.682 euros.

El segundo de los argumentos que esgrime el recurso de Pelayo Mijares es la discutible validez jurídica del informe del perito de la Agencia Tributaria al estar «contaminado» y ser una prueba de parte. Apunta que ese informe carece de cualquier requisito de los establecidos por la ley para ser considerado como un informe pericial.

Además del recurso de la Fundación Niemeyer, que no ha trascendido, ha recurrido también Francisco Javier García Menéndez, abogado de Marc Martí, exresponsable de producción del Centro Niemeyer. El auto del juez atribuye a Martí el cobro de 9.000 euros presuntamente abonados por Natalio Grueso con fondos del Centro Niemeyer sin «causa justificada». Su defensa entiende que la actuación no es constitutiva de delito, pero que si lo fuera, éste habría prescrito. Según las diligencias previas, el exresponsable de producción cobró 9.000 euros abonados en dos pagos efectuados el 4 de noviembre de 2008 y el 9 de enero de 2009. La denuncia contra Martí fue interpuesta el 1 de octubre de 2014, cinco años, ocho meses y 21 días después del último pago, con lo cual para este tipo de delito, de coautor en un presunto delito de administración desleal, habría prescrito.

Los cuatro recursos de reforma y subsidiario de apelación que el juez instructor tiene sobre la mesa tendrán que ser resueltos por la Audiencia Provincial en cuanto Badás confirme su desestimación. La decisión del tribunal servirá para saber si se amplía la fase de instrucción incorporando las nuevas diligencias que piden los recursos o si, por el contrario, se dan las condiciones para la apertura de juicio oral.

El juez se encontraría asimismo molesto con alguna de las actuaciones de las partes en el desarrollo de la fase de instrucción. Especialmente la actuación intermitente de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en este proceso, que no ha presentado recurso, pero que no descarta pedir nuevas imputaciones según avance el proceso judicial, tal como explicó ayer el abogado Gonzalo Botas a este periódico.

Administración desleal

El auto de procedimiento abreviado dictado por el juez la semana pasada imputa a Natalio Grueso un delito societario y otro de administración desleal, ambos en calidad de autor.

En la calificación jurídica provisional de los hechos, José María Vigil, extrabajador de la agencia Viajes El Corte Inglés, tendrá que responder por sendos delitos societarios y de administración desleal, este segundo en calidad de cómplice o cooperador necesario. Al exsecretario del centro, José Luis Rebollo, se le atribuye un presunto delito societario y a Judit Pereiro, por entonces mujer de Grueso, uno de administración desleal en concepto de cómplice o cooperadora necesaria.

El único de los imputados en la fase de instrucción sobre el que se archiva la causa y se decreta el sobreseimiento libre al no apreciarse delito es Joan Picanyol, exsubdirector del Centro Niemeyer y encargado de labores técnicas y no administrativas, según recoge el auto.

El delito societario, recogido en el artículo 290 del Código Penal, está castigado con penas que pueden ir de uno a tres años de prisión; y el de administración desleal, conforme al artículo 295 -que ya no está vigente como tal-, de seis meses a cuatro años de prisión o una multa en función del beneficio obtenido.