Borrar
Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer para abordar la propuesta de crear una comisión sobre el agua.
El Pleno aprueba una comisión especial para «despejar sombras» sobre el contrato del agua

El Pleno aprueba una comisión especial para «despejar sombras» sobre el contrato del agua

Salió adelante con los votos de PSOE y PP y el rechazo del resto de los grupos, que pedían una comisión de investigación que no figura en el reglamento

J. F. GALÁN

Sábado, 28 de noviembre 2015, 00:29

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Pleno municipal dio ayer luz verde a una comisión especial cuyo objeto es informar sobre todos los aspectos relativos a la constitución de la empresa mixta Aguas de Avilés y al desarrollo de su actividad, la gestión del agua. La medida nace a raíz de una moción en la que Somos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Ganemos solicitaban una comisión de investigación, herramienta que no recoge el reglamento municipal, para aclarar las supuestas implicaciones que estos grupos establecen entre el Ayuntamiento de Avilés y la denominada 'trama del agua', en la que no está inmerso. Su propuesta fue, por tanto, rechazada.

A su juicio, el proceso judicial que investiga esta causa «lo ha colocado bajo sospecha», afirmación que sustentan en que Aquagest, la empresa situada en el ojo del huracán, participe en un 74% en Aguas de Avilés, y en que los exconcejales, Miguel Ángel Villalba, su hermana Elena (ambos de ASIA) y Carmen Vega (PP), el expresidente del PP de Avilés, Joaquín Arestegui, y Henri Laiño, exdirector de zona de Aquagest y firmante del contrato, figuran como imputados.

En todos los casos por cuestiones ajenas al Ayuntamiento de Avilés. A día de hoy no hay ningún proceso judicial abierto contra Aquagest por su relación contractual con el Consistorio y tampoco contra el propio Ayuntamiento. Los hermanos Villalba están imputados por presuntas irregularidades en las piscinas de Corvera y Aréstegui y Vega en el denominado 'caso Pokemon' que se investiga en Lugo.

Ante el hecho de que el reglamento municipal no contempla las comisiones de investigación, el PSOE planteó a modo de alternativa formar una comisión especial informativa, a la postre la que se aprobó ayer, «con el fin de aclarar todos los términos, dudas y todo lo que tenga que ver con la gestión del agua y las contrataciones de obras y personal y de despejar cualquier sombra de sospecha sobre posibles connivencias políticas o institucionales con la trama del agua».

Salió adelante con los votos socialistas y del PP, mayoría entre ambos, y el rechazo de los grupos proponentes, que califican de descafeinada la moción aprobada y aseguran que no permitirá aclarar las dudas que, a su juicio, genera Aguas de Avilés. El PP, por su parte, también presentó una enmienda igualmente aprobada, publicar en la web municipal el expediente de Aguas de Avilés, más de diez mil folios. Contó con el apoyo de todos los grupos municipales a excepción de Somos, que se abstuvo.

La ausencia de encaje jurídico fue el principal argumento esgrimido por el PSOE y el PP a la hora de argumentar su rechazo a la comisión de investigación. Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz municipal socialista, subrayó durante el debate que la propuesta inicial «no se ajusta a las competencias que tiene atribuidas el Ayuntamiento. Las comisiones de investigación están reservadas a congresos y parlamentos, no para plenos municipales».

A partir de ahí defendió la «pulcritud de todo el proceso de contratación, así como de la posterior gestión, tal y como ha sido avalado en tres ocasiones por la Justicia», y acusó a los promotores de la moción de «poner en tela de juicio no sólo el trabajo de los funcionarios municipales, también los dictámenes judiciales. En su moción ustedes hablan de complicidades políticas y administrativas, cuando no hay ni el menor indicio que pueda arrojar la menor sospecha sobre cualquier funcionario municipal», recriminó.

Huerga manifestó tener la sensación de que la moción «más que otra cosa busca la exposición pública cuando estamos a un mes de las elecciones» y la impresión de que «en este Pleno hay mucho aficionado a juez que incluye entre sus atribuciones la de rechazar en rebeldía los pronunciamientos judiciales». El portavoz de IU, Alejandro Cueli, al sentirse aludido, declaró que la denuncia archivada por los tribunales de Avilés «curiosamente fue incorporada a la causa en el Juzgado de Lugo», que lleva el peso del 'caso Pokemon'.

Además de subrayar que las comisiones de investigación carecen de marco legal regulador en los ayuntamientos, el PP, por su parte, recalcó que «investigar corresponde a la justicia. No tenemos que pensar que en la adjudicación del agua haya habido corrupción, las condenas de telediario nos parecen terribles. Lo que queremos es una comisión operativa, que aclare todas las dudas que pueda haber sobre el proceso del agua y ofrezca resultados tangibles. No queremos un brindis al sol ni convertir el asunto en un arma arrojadiza con el único propósito de desgastar al rival político». Su portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre, también pidió que la comisión «comience a trabajar después del 20 de diciembre, para que no se convierta en arma electoral», propuesta que no fue aceptada.

Posible impugnación

Somos se plantea impugnar el Pleno celebrado ayer. «Vamos a estudiar el encaje jurídico de lo que ha sucedido. Lo que se ha aprobado es totalmente diferente a lo que es una comisión de investigación, aduciendo además que no se puede realizar cuando tenemos múltiples ejemplos a lo largo de toda la cartografía política estatal de que sí se puede hacer», indicó su portavoz, David Salcines.

Buena parte del debate giró en torno a si la comisión debía o no incluir el término investigación. «A nosotros nos parece importante que aparezca. Me da vergüenza que el servicio municipal de aguas esté en manos de una empresa que compra voluntades políticas con putas y varios», espetó Salcines.

Cueli calificó de «artimaña» la enmienda presentada por el PSOE finalmente aprobada y anuncia que seguirá adelante. «Nos da igual como lo llamen. Nosotros vamos a investigar y a pedir todas las facturas que no nos han facilitado, la relación de empresas que hicieron las obras y lo que haga falta», enfatizó.

Juan Cuesta, portavoz de Ciudadanos, entiende que la solución aprobada por el Pleno resulta «descafeinada» y admite que el reglamento no contempla las comisiones de investigación. «Nosotros queríamos intentar esclarecer por qué la empresa adjudicataria pudo sobornar presuntamente a cargos públicos y lo que tenemos es una comisión en la que nos van a informar del contrato y de los pliegos. No creo que vaya a servir para nada». Agustín Sánchez, único concejal de Ganemos, manifestó que «a nosotros nos da igual cómo se llame. Lo importante es el contenido, y hay que ir más allá del mero hecho de estudiar técnicamente cómo se ha desarrollado el proceso, que seguro ha sido impecable. Es una cuestión de salud pública», definió.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, ya ha pedido a los grupos municipales que nombren a sus representantes en la comisión.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios