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Caso Niemeyer, segunda parte

Caso Niemeyer, segunda parte

Los implicados han puesto ya en marcha un cambio de estrategia ante el fin provisional de la instrucción

c. del río/LV

Domingo, 6 de diciembre 2015, 09:27

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Las defensas de los acusados que figuran en el sumario por el que se enjuicia a los antiguos gestores del Centro Internacional Óscar Niemeyer en lo relativo a las subvenciones del Principado que la consejera de Cultura y a la vez presidenta del Patronato, Ana González, decidió llevar a los tribunales tras exigir previamente el Gobierno de Foro Asturias su devolución han hecho que esta misma semana se haya escenificado lo que para algunos supone la «segunda parte del caso Niemeyer».

Una segunda parte que llega tras meses de instrucción por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Avilés, Ricardo Badás, con la toma de declaración de los principales encausados Natalio Grueso, José Luis Rebollo, Judit Pereiro, Marc Martí y José María Vigil y en la que se ha asistido durante meses a la presentación de numerosos escritos principalmente por parte del abogado de la Fundación, Alejandro Riera, que llegó a pedir incluso que se le retirara el pasaporte a Natalio Grueso para que no pudiera salir del país y que llegó a asegurar que el mismo Grueso lo tenía todo planeado para, con el paso de los años, conseguir el puesto que más tarde llegó a ocupar, el de responsable cultural del Ayuntamiento de Madrid, una vez que ya había abandonado la gestión del centro avilesino.

LA VOZ DE AVILÉS publicó el pasado viernes un dato salido del entorno de esas defensas que es indicativo de por dónde van a orientar su estrategia futura. El dato concreto que se aporta es el de que el perito de la Agencia Tributaria, Adolfo Álvarez-Buylla Ortega, que fue el encargado de aportar los informes solicitados por el juez instructor para este caso, llegó a ser en su día un alto cargo de la Administración regional socialista, ocupando el cargo de director general de Tributos y Política Financiera, por lo que no les parece lógico a esas defensas que haya aceptado ahora ser el encargado de realizar los informes de la Agencia Tributaria para la instrucción de un sumario abierto a instancias de una consejera de un Gobierno regional socialista.

Las mismas defensas ya habían advertido en numerosos escritos presentados ante el juez que el informe del perito estaba «contaminado» desde el mismo momento en que aportaba «opiniones subjetivas», hacía «juicios de valor» y «hasta condenaba a los acusados», según se podía leer textualmente en esos recursos. En esa línea de defensa ahora se añade la condición de exalto cargo de un gobierno socialista en el Principado.

El caso Niemeyer, segunda parte se inicia con esta nueva estrategia de defensa de los acusados sólo inmediatamente después de haber criticado al juez instructor su decisión de continuar las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado, y de haber presentado un recurso contra la misma por considerarla no ajustada a Derecho. Como adelantó LA VOZ DE AVILÉS, el juez ya ha tomado la decisión de desestimar todos los recursos presentados en esa dirección, por lo que será la Audiencia Provincial la que tenga que decidir si el juez tiene motivos para cerrar esa instrucción o si por el contrario es necesario que siga con la misma para practicar las pruebas que pidieron las defensas y que a su juicio no se han llevado a cabo.

Es ahí, en la confianza de que la Audiencia ordene continuar con la instrucción, en donde las defensas van a pasar a «hablar», después de estar durante dos años y medio asistiendo a todo tipo de acusaciones.

Claves de defensa

Los abogados defensores de los acusados van a coincidir en señalar que en el Centro Niemeyer no hubo ningún tipo de delito. Una de las fuentes consultadas por este periódico en el entorno de esas defensas señaló al respecto que «si en este caso hay algo claro es que aquí nadie se ha llevado un euro a su bolsillo, eso lo reconocen hasta los que hacen las acusaciones». Por lo tanto, se estaría ante un caso en donde cabe analizar «la idoneidad de algunos gastos, no una ilegalidad».

Y en ese sentido, como ya recordara el abogado Pelayo Mijares en el recurso al último auto del juez, «Natalio Grueso tenía amplios poderes, los mismos que la presidenta de la Fundación, de 90.000 euros cuando actuaban individualmente, que se elevaba a 200.000 euros cuando actuaran mancomunadamente».

Y sobre la idoneidad de esos gastos, la misma fuente recuerda que el Patronato de la Fundación «felicitaba de continuo a NatalioGrueso por su trabajo y le animaba a seguir por ese camino, con lo que no cabe ahora responsabilizar a Grueso de una actividad que contaba con todos los parabienes».

La segunda línea de defensa la encabeza José Luis Rebollo, exsecretario de la Fundación, al apuntar directamente a la anterior consejera de Cultura, presidenta de la Fundación y presidenta del Protectorado de la Fundación por haber ordenado la devolución de las subvenciones que ya había reclamado Foro Asturias, «imponiendo al Patronato su asentimiento, cuando lo que tenía que haber hecho el Patronato en ese momento era defender los intereses económicos de la Fundación», señalaron las mismas fuentes.

Para el abogado defensor Pelayo Mijares, si alguna responsabilidad puede predicarse respecto a la revocación de las subvenciones es imputable a los actuales responsables de la Fundación Niemeyer, «pues habiéndose dictado resoluciones que revocan las subvenciones concedidas desde los ejercicios 2007 a 2011, exigiéndose a la Fundación la devolución de 1.211.682,99 euros, no se han impugnado en vía administrativa ni en vía judicial dichas resoluciones, aquietándose la Fundación a la devolución de dichas cantidades, en un acto claro de administración negligente, que puede tener otro tipo de connotaciones o consecuencias legales y evidentes responsabilidades, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Fundaciones». En base a ello, lo que se pide es que el Juzgado se pronuncie sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas implicadas en ese procedimiento.

Siguiendo con ese análisis, hay que recordar que las mismas defensas han considerado que «no es admisible que la Fundación Niemeyer ejercite la acusación particular en este caso», calificada la suya como una «intervención muy peculiar y más que dudosa», por lo que también se exige la revocación de esa condición de acusación particular.

En suma, una nueva estrategia en la que las defensas de los acusados inician una nueva etapa de este caso.

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