El Comercio

Chemastur invierte un millón de euros en un nuevo almacén

Imagen tomada ayer de las instalaciones de Asturiana de Fertilizantes (Chemastur) en terrenos del Puerto de Avilés.
Imagen tomada ayer de las instalaciones de Asturiana de Fertilizantes (Chemastur) en terrenos del Puerto de Avilés. / MARIETA
  • La empresa de fertilizantes asegura que cumple los requisitos medioambientales que exige el Gobierno del Principado

  • Ocupa 4.365 metros cuadrados en las instalaciones del puerto avilesino

La empresa de Fertilizantes Chemastur ultima la construcción en el recinto portuario de una nave industrial destinada a almacén de materias primas y producto elaborado. Con una superficie de 4.365 metros cuadrados, la inversión ronda el millón de euros, según manifestó su director, Alfonso Hevia. La parcela en la que se asienta le ha sido otorgada por la Autoridad Portuaria, su propietaria, en régimen de concesión por un plazo inicial de doce años. Vence el 22 de marzo de 2020, y la empresa ha solicitado su ampliación junto a la de otras dos concesiones otorgadas por el mismo sujeto que igualmente expiran en la referida fecha, la de otro almacén y la de la nave industrial propiamente dicha.

Ubicada en San Juan de Nieva, Chemastur produce fertilizantes fosfatados, tanto para grandes consumidores del sector agrario, cerealista o ganadero como para fabricantes de abonos, dirigidos al mercado interior e internacional, y su actividad se asocia con un fuerte, característico y desagradable olor que en ocasiones inunda el entorno, perceptible incluso en Salinas y en ocasiones también en Avilés.

En 2013 el Principado supeditó la renovación de su licencia ambiental integrada al cumplimiento de una serie de condiciones encaminadas a a atenuar sus emisiones contaminantes. Una de ellas era instalar un medidor continuo, dispositivo que en teoría permitiría conocer online la naturaleza y el volumen de sus emisiones. Era una de las exigencias de la plataforma Chemastur, integrada por distintos colectivos con el fin de forzar el cese de las emisiones contaminantes que se le atribuyen. «Las hemos cumplido todas», aseguró ayer a su director de la empresa, Alfonso Hevia.

Posteriormente, en 2014, Medio Ambiente renovó la autorización ambiental adaptándola al nuevo marco legal. Entre otros aspectos no ha de renovarse cada ocho años, como hasta entonces, sino que se mantendrá en vigor siempre y cuando no se detecte incumplimiento alguno de la normativa.

El pasado mes de enero el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por la empresa contra la sentencia dictada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2014 que ampara la modificación de la autorización ambiental integrada acordada por Medio Ambiente en 2011.

El Supremo rechazó los dos motivos de casación en los que se sustentaba el recurso. El primero planteaba que se había conculcado la Ley «al haberse introducido en la autorización ambiental integrada cambios sin concurrir los requisitos previstos para introducir modificaciones de oficios con anterioridad a la finalización del plazo» de la anterior autorización.

Según el alto tribunal, el recurso partía «de una premisa fáctica inexacta, cual es que las obras ejecutadas por la recurrente implican mejoras con respecto de las condiciones de la autorización ambiental integrada, cuando lo cierto es que la sala de instancia declara probado que son correcciones debidas a una ejecución defectuosa por no ajustarse a los proyectos presentados o por no cumplir alguna de las condiciones impuestas, lo que llevó, en una ocasión al menos, a la paralización temporal de la actividad». La sentencia también hace hincapié en que «las supuestas inversiones realizadas en mejoras ambientales no han repercutido en una mejora respecto al condicionado de la autorización ambiental integrada concedida en su día».

El segundo motivo de casación se refería a que los valores límites de emisión que estable la autorización «son prácticamente imposibles de cumplir». El Supremo resolvió que «las condiciones impuestas resultan razonables y acordes con la preservación del medio ambiente en la actual coyuntura en línea con lo dispuesto en la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera», por lo que también fue rechazado.

Expediente sancionador

Pocos días después de hacerse pública la sentencia la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, anunció que a corto plazo estaba prevista la apertura de un expediente sancionador a la empresa «por numerosos incumplimientos» en materia de control de emisiones y otros conceptos. Fernández se refirió a la operativa de funcionamiento de la planta y a «deficiencias de control de emisiones difusas», fruto de la documentación aportada y de las inspecciones llevadas a cabo por el Principado.

Más recientemente, el pasado mes de julio, la consejería confirmó la apertura de expediente a dos empresas que operan en el puerto de Avilés por «incumplimientos en materia de emisiones difusas». Su identidad se desconoce, así como la naturaleza de tales emisiones ni el grado de superación. Meses antes, en Semana Santa, Fernández había advertido de sanciones a empresas del entorno portuario por lo que calificó de «prácticas inadecuadas o deficientes en la gestión de graneles».

La consejera sustentó su postura en que una serie de inspecciones habían constatado que en el entorno de la estación medidora de contaminación de Las Arobias, a las puertas de las instalaciones industriales y en una zona netamente industrial, habían constatado «elevados valores de partículas pm10», en un principio asociadas a mercancías como blenda, carbón o clínker. Fernández recalcó que las situaciones de mala calidad del aire «podrían evitarse si los operadores portuarios cumpliesen a rajatabla las exigencias impuestas por el Principado y advirtió que «si fuera necesario, no se descarta reforzar las condiciones impuestas en las autorizaciones de actividades potencialmente contaminadoras».

Sus declaraciones generaron un profundo malestar en el entorno portuario, que advirtió que los tráficos de mercancías podrían resentirse y apeló a los importantes esfuerzos realizados tanto por el puerto como por las empresas operadores para reducir las emisiones que genera su actividad. Apenas unas semanas después Cementos Tudela Veguín detuvo las operaciones con clínker, trasladándolas a Gijón.

A día de hoy se desconoce si finalmente se ha incoado expediente sancionador a Chemastur y más aún su contenido. El Principado tampoco ha desvelado los términos concretos de la modificación de la autorización ambiental integrada ni su grado de cumplimiento.