El Comercio

El juez decano reclama refuerzos para elequipo psicosocial, que está «colapsado»

La fachada de los juzgados avilesinos de la calle Marcos del Torniello.
La fachada de los juzgados avilesinos de la calle Marcos del Torniello. / MARIETA
  • Ricardo Badás cree necesario agilizar un servicio de cuya valoración dependen temas tan sensibles como la custodia de menores

El equipo psicosocial del juzgado de Avilés, integrado por una psicóloga y una trabajadora social, y de cuyos dictámenes dependen muchos de los conflictos en los que hay menores de por medio, está «absolutamente colapsado». «Con la agenda cubierta de citaciones» y con una carga de trabajo en aumento, la primera cita para elaborar un informe preliminar no llega antes de los seis meses, lo que hace temer al juez decano de los juzgados de Avilés, Ricardo Badás, que, de no ponerse remedio, este retraso pueda ir a más. Esta situación, junto con la escasez de plantilla de la oficina del decanato, son los dos asuntos que más urge resolver en unos juzgados que, en términos generales, funcionan «más que correctamente».

El juez decano apremia el reforzamiento de un equipo psicosocial «que interviene en los procedimientos en los que debe decidirse sobre temas tan delicados y sensibles como las custodias de los menores en los procesos de divorcios y análogos». En la actualidad, las primeras entrevistas con los progenitores o el menor no se conciertan antes de seis meses desde que comienza su tramitación. Es decir, que las citas de los procesos que se abran estos días «no serán antes de abril o mayo de 2017». «Un retraso inasumible», censura Badás.

Aparte de los asuntos de Avilés, las profesionales de este juzgado tienen asignados los de Mieres y, por vía de exhorto, los correspondientes a los juzgados de Luarca, Castropol, Pravia, Grado y Pola de Lena.

El decano no pone en duda la capacidad de trabajo del equipo, del que destaca su experiencia y abnegación, sino que pone el acento en la desproporción entre el número de asuntos de esta materia que entran en los juzgados y el número de profesionales para darle respuesta. Aunque es el juzgado que instruye el caso el que determina la necesidad de solicitar un dictamen sobre la situación familiar, en la práctica «en casi todos estos casos resulta imprescindible ese dictamen», señala el juez decano.

De no tomar «medidas urgentes», la situación continuaría como hasta ahora en el mejor de casos, pero Badás teme que se pueda complicar «por la creciente dificultad que presenta la elaboración de estos informes», en los que está en juego, recuerda, «aspectos que afectan a la vida de las personas de una forma importante».

No es el único servicio que, en opinión del magistrado, urge reforzar. La oficina del Decanato cuenta con tan solo tres personas: un gestor, un tramitador y un auxilio, con el agravante que una de ellas se encuentra de baja. Una plantilla insuficiente, planificada para los cinco juzgados que había en Avilés en el año 2000 y no los once de la actualidad, siete de Primera Instancia e Instrucción, dos de Social y dos de Penal.

Badás asegura que si esta oficina funciona es gracias a la profesionalidad y «buena voluntad» de sus trabajadores, a quienes se les ha complicado el trabajo con la implantación de Lexnet, el sistema de notificación telemáticamente de los juzgados a los profesionales de la justicia implantado este año.

De momento, están contratadas dos personas de forma temporal para ayudar a sacar adelante el trabajo, pero «de nada sirve nombrar funcionarios de refuerzo durante equis meses si no se prevé una adecuación al presente de una plantilla desfasada, imprescindible para el buen funcionamiento de los nuevos propósitos de modernización de la justicia y el pretendido 'papel cero'».

Cinco trabajadores más

Sitúa en cinco la cifra ideal teniendo en cuenta que hay que registrar demandas, procedimientos, escritos, escaneo de toda esa documentación, reparto, expedientes de solicitud de justicia gratuita, resolución de problemas de registro de los juzgados de guardia, búsqueda de atestados, atención del servicio de grabación, biblioteca, tramitación de solicitudes de los internos en centro penitenciarios, entre otros.

Insiste en la necesidad de realizar contrataciones porque la bajada de la litigiosidad registrada el año pasado no es un dato «significativo». «Para valorar esos repuntes se necesita estudiar periodos más largos», afirma.

Son los dos puntos sobre los que el juez decano, que a finales de este año llegará al ecuador de su mandato, pone el acento en unos juzgados que, por lo demás, funcionan «más que correctamente». «Puede haber asuntos que se retrasen, pero sólo hay que comprobar la estadística anual del Poder Judicial para ver que estamos mejor que en otros partidos judiciales», matiza.

Prudente en el resto de asuntos que no afectan directamente al decanato, prefiere reservarse sus opiniones y sólo confirma que los debates surgidos hace algunos años, antes de que llegara la crisis, están totalmente paralizados. «De la división de jurisdicción no se ha vuelto a saber nada, tampoco de la creación de otro órgano judicial y yo creo que nos tenemos que olvidar de ello».