El Comercio

EdP se aferra al contrato con el constructor en el juicio por una instalación

  • El socio de Jicasa no comparece por segunda vez y el caso del 'Edificio Carbayedo' contra la compañía eléctrica queda visto para sentencia

Era un testimonio tan importante que el juicio de una comunidad de vecinos de El Carbayedo contra EdP (antes Hidrocantábrico) celebrado a principios de junio añadió una segunda vista para dar la posibilidad a este testigo, que no acudió hace tres meses, de comparecer ahora. Ni con esas. Salvador Fernández Amez, socio de la constructora Jicasa, tampoco lo hizo ayer y el caso de esta comunidad que denuncia la supuesta ilegalidad del centro de transformación que la compañía eléctrica mantiene en su propiedad ha quedado visto para sentencia tras la exposición de conclusiones de las partes.

De Fernández Amez se esperaba que explicara las condiciones e implicaciones de un contrato «privado e irregular», según los denunciantes, al que se aferra EdP para avalar su presencia en el 'Edificio Carbayedo'. La representación legal de los vecinos exige a la compañía la regularización de un contrato «ilegal», que no se encuentra registrado en ningún organismo legal. Ni la consejería de Economía, ni los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento, ni el Registro de la Propiedad, ni el Catastro cuentan con un expediente del contrato ni autorización alguna para una servidumbre de paso que permita al personal de EdP que acude al centro de transformación cruzar por el edificio.

Recordó que en marzo de 1980, entonces HC había solicitado autorización para instalar un centro de transformación a una comunidad de vecinos que aún no estaba constituida, como se demuestra en un acta posterior. En cualquier caso, la validez de ese contrato entre la compañía y la constructora ya habría expirado.

EdP, por su parte, defendió la validez de tal documento, desvió la responsabilidad a un constructor que ayer tampoco compareció, e intentó despejar dudas sobre la seguridad de la instalación que ocupa los bajos del edificio, según los informes de los peritos que fueron expuestos en la primera sesión del juicio en junio.

Sobre este particular, el presidente de la comunidad que investigó este caso, Vicente Ordóñez, aseguró tras salir del juicio que «independientemente del resultado, mandaremos una solicitud a la consejería de Industria para que inspeccione la instalación porque hay algunos párrafos de los informes elaborados por los peritos que ponen en duda esa seguridad de la que se habló en la sala. Se hace constar, por ejemplo, que los cables de alta tensión y los de baja comparten canalización sin ningún tipo de separación», anotó.

La comunidad de vecinos solicita a EdP una indemnización por más de tres décadas usando metros del edificio sin compensación económica alguna y la formalización de un contrato si quiere mantener el centro.