El Comercio

El fiscal pide perdón y la absolución de los acusados de fraude contra Hacienda

Los acusados, en el centro, en la segunda sesión del juicio penal celebrado en Avilés.
Los acusados, en el centro, en la segunda sesión del juicio penal celebrado en Avilés. / JOSE PRIETO
  • Cree ahora que no hay pruebas concluyentes, al igual que las defensas, pero mantiene la petición de cárcel «porque sé que de todas formas lo hará el abogado del Estado»

El fiscal jefe Jesús Villanueva pidió ayer la absolución de los nueve acusados -sobre uno se había retirado previamente la imputación por haber prescrito- por presunto fraude fiscal en la compraventa de vehículos, pero mantuvo la petición de cárcel para todos ellos, cuatro años para cuatro y uno, para el resto. La paradójica situación se dio ayer, en la última sesión del juicio seguido desde el lunes en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés, contra J. L. S. P., C. L. G., G. A. N. y A. S. G., por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, contra T. H., V. M. G. V. y R. G. V., por cooperadores necesarios en este delito con la concurrencia de falsedad documental y contra D. M. P. y M. I. F. G. por complicidad en el supuesto fraude, las acusaciones que finalmente solicitó la Abogacía del Estado.

No se quedó sola en la acusación, el fiscal entonó el 'mea culpa' y pidió «perdón» por llegar «con los deberes sin hacer» al juicio. Reconoció que había asumido un escrito de acusación no formulado por él que, a la vista de lo sucedido en el plenario, no podía compartir. No obstante, añadió que como sabía «que el el abogado del Estado mantendrá la acusación de todas formas», él hizo lo mismo.

En su informe, que finalizó con la petición de «libre absolución», dejó constancia de que «no hay pruebas concluyentes, solo indicios», algo subrayado después por todas las defensas. No solo defendió la inocencia de Automóviles Antón e Hijos, principal encausada, sino que cargó contra las actividades de la Agencia Tributaria «para nada inocuas» y sí «políticas». Sembró dudas sobre por qué el organismo público había centrado y parado el procedimiento en el concesionario avilesino y no había investigado a Carsitoño S. L. y Hofcasmar Motor S. L., las dos empresas a las que el primero compraba los coches e igual de protagonistas que el anterior durante todo el proceso. «En ningún caso se debería haber llegado a Antón e Hijos» y aseguró que se había escogido a esta deliberadamente en vez de investigar a otras empresas más importantes a las que también vendían coches Carsitoño y Hofcasmar. Aparte de bancos, citó al concesionario oficial «Adarsa» -competencia de Antón e Hijos en la ciudad- con el que, según aventuró, «no se atreven porque habría temblado la economía de Avilés».

Para Villanueva el «quid de la cuestión es el préstamo (concedido por un particular a Automóviles Antón)» y el fiador, que intervino en el juicio en calidad de testigo, por eso se extrañó de que en su día el juez instructor le excluyera de la causa.

Acusó a la Agencia Tributaria de ir contra la empresa avilesina por motivos recaudatorios, algo que negó posteriormente el abogado del Estado, y apoyó el atenuante solicitado por todas las defensas de dilaciones indebidas, porque los hechos juzgados ocurrieron en 2004 y 2005.

El abogado del Estado sí cree que hay un doble delito contra la Hacienda Pública por parte de Automóviles Antón, Carsitoño y Hofcasmar, a las que acusa de no pagar el IVA de sus ventas durante los ejercicios 2004 y 2005, por valor de 196.969,80 euros y 278.525,25, respectivamente. Y por el que, además de las penas de prisión, pide un multa por valor del importe supuestamente defraudado.

Considera que el cese de actividad de Carsitoño en favor de Hofcasmar fue un «intento de diluir responsabilidades cuando sintió el aliento de la Agencia Tributaria» e ironizó sobre dos empresas que, a tenor de los ingresos anuales referidos por un perito de la defensa, superiores a tres millones de euros anuales, «solo le faltó decir que cotizaban en el Ibex 35».

Siguiendo las tesis de la Agencia Tributaria, cree que varias empresas de la supuesta trama como Apenor o Torcasimp -a través de las que Hofcasmar compraba automóviles en Alemania porque ellas sí estaban dadas de alta en el registro de operadores intracomunitarios-son 'trucha' (sin actividad comercial) y otras 'pantalla', que pueden realizar una actividad paralela a la normal.

Para los abogados de la defensa, en ningún caso se sostiene una acusación «sin pruebas» en la que no se tienen las facturas de los coches vendidos en Alemania, «luego no se sabe si el IVA se pagó, según dice el inspector jefe de Hacienda que se puede hacer en un informe de 2009, que se puede ingresar en España, Alemania o cualquier otro país europeo», en el que las facturas que sí existen han sido admitidas para tributar el Impuesto de Sociedades «luego las consideran reales» y no el IVA y porque la Agencia Tributaria estima el precio de venta en España basándose «en lo que pone una página web». Además, «ningún profesional puede saber si la persona a la que le haces el abono (de los vehículos) paga el IVA», alegó el abogado de C. L. G.

El juicio ha quedado visto para sentencia.