El Comercio

Carlos Rodríguez de la Torre, Ana María Bretón y Alfonso Araujo, en un Pleno.
Carlos Rodríguez de la Torre, Ana María Bretón y Alfonso Araujo, en un Pleno. / MARIETA

El PSOE alcanza un acuerdo con el PP para sacar adelante las ordenanzas fiscales

  • Avilés será el primer concejo de Asturias en tener una plusvalía social y los residentes podrán disponer de un bono mensual para aparcar en zona verde

El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo esta misma mañana para las ordenazas fiscales del próximo ejercicio. En una reunión a la que han asistido los ediles Manuel Campa y Raquel Ruiz por parte del gobierno y Alfonso Araujo por el PP, los primeros han aceptado buena parte de las propuestas de los populares, lo que ha allanado el camino para el pacto.

Así, Avilés se convertirá en el primer concejo de Asturias en tener una plusvalía "social", que supondrá que, en los casos de herencias de una vivienda que sirva de primera residencia, se tributará en función de los ingresos y capacidad económica de los contribuyentes, con bonificaciones de hasta el 95%, las máximas que permite la ley.

El PSOE también ha aceptado crear una bonificación de un 15% para las empresas que generan nueva actividad económica, así como que aquellos que disponen de tarjeta de residente para aparcar en zonas de estacionamiento limitado puedan disponer de un bono mensual en lugar de acudir cada día al parquímetro para abonar los quince céntimos correspondientes. En lo que se refiere al tipo de IBI, finalmente se ha llegado a un punto intermedio entre ambas posturas, y este se quedará en el 0.71. Este acuerdo aún tendrá que ser ratificado por la Junta Local del PP de Avilés.

Con los votos de los populares, la aprobación de las ordenanzas quedaría garantizada, pero el PSOE pretende llegar a un acuerdo más amplio y, en este sentido, también ha acercado mucho las posturas con otras formaciones como Izquierda Unida y Ciudadanos. De estas otras negociaciones ha salido, por ejemplo, la imposición de una tasa a los bancos por los cajeros situados en la vía pública, que será de 300 euros, o el recargo en el IBI a las viviendas vacías que se encuentren en manos de entidades financieras.