El Comercio

Ana María Bretón.
Ana María Bretón. / MARIETA

La negociación de las tasas crea una nueva división en el PP

  • Una parte del grupo municipal no reconoce el acuerdo, que pide someter al criterio sobre plusvalías y sucesiones de la dirección regional

Las aguas siguen revueltas en el seno del Partido Popular avilesino, y ayer mismo volvió a demostrarse en el marco de la negociación sobre las ordenanzas municipales. Los populares presentaron una propuesta al gobierno que introducía varias medidas relativas al IBI, la plusvalía, la ORA o el Impuesto de Construcciones, de las que la mayoría han sido asumidas por los socialistas.

El concejal popular que ha participado en las negociaciones con el PSOE, Alfonso Araujo, daba ayer por bueno el acuerdo alcanzado, consciente de que el PP había logrado la mayoría de sus aspiraciones. «Teníamos espíritu de acuerdo y ellos fueron sensibles a muchas cosas», manifestó, consciente de que en una negociación debe haber cesiones por ambas partes. Ese acuerdo alcanzado, sin embargo, deberá ser ratificado por la Junta Local del partido, el órgano con capacidad para decidir el sentido final del voto plenario.

Pero mientras que un sector del partido se congratulaba por el acuerdo, otro insistía en no darlo por bueno. «Quien tiene que hablar de acuerdos es el portavoz», señala la concejala Ana María Bretón, que incide además en la necesidad de adaptarse a las directrices regionales sobre plusvalías y sucesiones.

Estas, según Bretón, van en la línea de una moción presentada por el PP en el Ayuntamiento de Gijón, y que pretende que este impuesto se pague, exclusivamente, en aquellos casos en los que realmente ha existido un incremento del valor del objeto de la transmisión. La voluntad de extender esta idea más allá del ámbito gijonés viene del propio Carlos Rodríguez de la Torre, nombrado la semana pasada vicesecretario regional de Política Municipal del partido, en sustitución de Carmen Maniega, que sigue siendo la presidenta del PP local.

El grupo municipal, pues, vuelve a manifestar su división, como ya ocurriera en el momento de la elección de Maniega como presidenta tras la dimisión de Aréstegui y, más recientemente, por la comisión de investigación del contrato del agua. De una parte están el propio Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina, más cercanos a Maniega, y de otra Carlos Rodríguez de la Torre, Ana María Bretón y Reyes Fernández Hurlé, alineados con las posturas oficialistas. La polémica está servida.