El Comercio

El Ayuntamiento ultima el segundo plan de edificación forzosa en el casco histórico

Los dos principales grupos de la oposición, el PP y Somos, en la sesión plenaria de ayer.
Los dos principales grupos de la oposición, el PP y Somos, en la sesión plenaria de ayer. / MARIETA
  • El Pleno da el visto bueno a las ordenanzas fiscales para 2017, que suben el IBI y congelan el resto de impuestos, tasas y precios públicos

  • Los propietarios de once solares e inmuebles tendrán que construir o rehabilitar

El Pleno aprobó ayer las alegaciones al Plan de Mejora y Reforma del Casco Histórico que introducen modificaciones en los proyectos incluidos que obligan a volver a exponer en información pública el documento durante dos meses. En el transcurso de este debate, el concejal de Urbanismo, Luis Ramón Fernández Huerga, anunció que los servicios técnicos ultiman el que será el segundo plan de rehabilitación y edificación forzosa en el casco histórico de la ciudad, que afectará a once solares y edificios. A través de este plan el Ayuntamiento, haciendo uso de sus competencias urbanísticas, obliga a los propietarios a llevar a cabo obras de mejora de sus inmuebles en mal estado o edificar en aquellos terrenos que están vacíos.

«Habíamos esperado para ponerlo en marcha a que se concluyese el periodo de alegaciones al Plan del Casco Histórico para evitar caer en contradicciones, por lo que ahora estudiaremos si esperamos a este segundo periodo de información pública de sólo dos meses antes de aprobarlo porque se puede dar que los propietarios de alguno de los espacios incluidos puedan presentar propuestas de actuación para ellos para introducirlas en el Plan del Casco Histórico, como ha ocurrido ahora con los edificios de Emile Robin», explicó el concejal de Urbanismo.

Según recordó, fruto del primer plan de edificación forzosa son edificios en la calle La Estación, en Carreño Miranda con Bances Candamo, en Rivero o en Galiana. Espera que la puesta en marcha de este nuevo requerimiento a los propietarios tenga el mismo resultado.

Luis Ramón Fernández Huerga anunció la puesta en marcha de este nuevo plan en el debate sobre el de mejora del casco histórico y en su respuesta al concejal de Somos, David Salcines, que había asegurado que el Ayuntamiento no había sido eficaz a la hora de obligar a los propietarios al mantenimiento de sus propiedades en el casco histórico.

En cuanto al debate de las alegaciones del plan especial de mejora, cuatro de los partidos de la oposición -Somos, IU, Ciudadanos y Ganemos- centraron su crítica en las propuestas para los edificios situados en el entorno de la muralla que se quiere recuperar. Entre las alegaciones aceptadas está la que rechaza que el edificio de La Parra tenga una mayor altura, algo que se compensa permitiendo subir de forma escalonada la de los otros dos edificios que componen la calle de Los Alfolíes.

Las dudas sobre esta intervención fueron la principal justificación de la concejala de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, para votar en contra de esta aprobación, cuando el pasado mes de junio había votado a favor del documento.

Los tres partidos de la oposición de izquierdas también coincidieron en la crítica a la reducción de la protección de dos de los edificios incluidos en el plan, el del Moclín en Las Alas y el palacio de Carlos Lobo en la plaza que lleva su nombre. Creen que esto incentiva que otros propietarios puedan dejar que sus inmuebles se vayan deteriorando y así ver reducida la calificación para poder llevar a cabo mayores cambios sobre el edificio histórico. Es más, aseguran que los promotores de la actuación en Emile Robin así lo han visto.

En todo caso, las críticas no llevaron a los grupos de la oposición a emitir los mismos votos. Somos, Ganemos y Ciudadanos votaron en contra de la propuesta, mientras que el equipo de gobierno socialista tuvo el apoyo de Partido Popular (con la ausencia de dos de sus concejales al tener intereses en los ámbitos en los que se actuará en casco histórico) e Izquierda Unida para sacarla adelante. Los primeros respaldaron el acuerdo, pero pidieron que los sucesivos debates sobre las alegaciones «se hagan con más tiempo, porque se trata de uno de los temas más importantes que puede debatir el Ayuntamiento porque estamos hablando de la historia de Avilés», argumentó Francisco Zarracina.

Largo debate

En el Pleno de ayer, las ordenanzas fiscales ocuparon tres horas y media de las cinco y media que duró la sesión. La posiciones de cada partido ya eran conocidas y a la hora de traducirlas a voto no hubo sorpresas. La propuesta de impuestos para 2017 fruto del acuerdo de PSOE, PP, IU, Ciudadanos y Ganemos salió adelante con distintos apoyos en cada una de las ordenanzas. Sólo los cinco ediles de Somos votaron en contra y a favor de su enmienda.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, defendió la propuesta y puso en valor la apuesta por la negociación, criticando de nuevo a Somos por «autoexcluirse» al presentar una enmienda con sus propuestas cuando todavía no se había cerrado el acuerdo. «Gracias a las aportaciones de la mayoría de los grupos, con la única excepción de Somos, el recibo del IBI no va a subir una media del 6,8%, hemos congelado todas las tasas y precios públicos», señaló la concejala.

El principal debate se centró sobre el IBI, el impuesto que más ingresos aporta a las arcas municipales. PSOE, PP y Somos, fundamentalmente, repitieron sus argumentos y se enzarzaron en una guerra de cifras y porcentajes con la que no llegaron a ningún acuerdo. Alfonso Araujo, defendió la postura del PP e insistió en que sin los votos de su grupo no se aprobaría la ordenanza y supondría una subida importante para los ciudadanos. «Somos un partido de gobierno y cuando no lo hacemos facilitamos dar soluciones, que es lo que nos han pedido los ciudadanos».

En la bancada de Somos, el concejal Primitivo Abella, insistió en que el Ayuntamiento podría obtener los mismos ingresos si aprobase su propuesta de incrementar el tipo que se aplica a los valores catastrales más altos. El edil echó sus cálculos y concluyó que «a la empresa que tiene el mayor valor catastral de Avilés, el IBI supone el 0,1% de los gastos, si se aplicase el tipo del 0,77 sería el 0,108%, es decir, ocho céntimos más por cada mil euros». La concejala de Hacienda volvió a defender que «de lo que estamos hablando es fundamentalmente de las fábricas, porque sólo tenemos una gran superficie comercial en Avilés, y nosotros pensamos que no podemos penalizar a la misma industria que nos da de comer».

Otro de los debates se centró sobre la tasa a los cajeros de los bancos y el recargo a las viviendas de su propiedad vacías, propuestas de IU y Ganemos aceptadas por el gobierno. Sobre la segunda se puso en duda su aplicación si el Gobierno central no desarrolla la normativa y sobre la primera PP y Somos dudaron acerca de la legalidad de la redacción utilizada. La tasa a los cajeros ya existía y recaudó el año pasado 1.617 euros.

Lo que sí puso en valor el edil popular Alfonso Araujo fue la aprobación de las bonificaciones al pago de las plusvalías, que se regulará en función de las rentas de quienes reciben la herencia y no del valor de la propiedad. Esas bonificaciones pueden llegar al 95%.

En el debate, el portavoz de IU, Alejandro Cueli, justificó su abstención a la propuesta del IBI porque «no se han debatido conjuntamente ingresos y gastos, es decir impuestos y presupuesto, algo que es factible como lo demuestra el propio Gobierno regional que anuncia su intención de hacerlo así». IU votó a favor del resto de impuestos, tasas y precios públicos. Por su parte, la edil de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, destacó el clima de diálogo y entendimiento y esperó que «de cara al debate presupuestario se vuelva a repetir». Mientras que Agustín Sánchez, de Ganemos, dijo coincidir con el gobierno en que «tiene que haber suficiencia presupuestaria para prestar servicios a la ciudadanía y no en el planteamiento de la derecha de que cuantos menos impuestos mejor».

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