El Comercio

Piden tres años de cárcel para una mujer acusada de llevarse a su hijo sin permiso

  • La Fiscalía reclama, además, la retirada de la patria potestad durante cinco años al haberse mudado a Madrid sin el consentimiento del padre del menor

La Fiscalía del Principado solicita tres años de prisión y cinco de retirada de la patria potestad para una mujer acusada de llevarse a su hijo a vivir a Madrid sin el consentimiento del padre del niño y sin contar con los informes favorables de los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (Eitaf). La vista oral se celebrará este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 11 horas.

La acusada ostentaba la guarda y custodia de su hijo menor de edad, nacido en 2010, y estaba sometida al cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas, la intensificación de la intervención de los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia y que la escolarización del menor se realizara en un centro de Avilés para permitir un mejor seguimiento por el Eitaf y evitar que se alejara al menor de su lugar de domicilio (el cambio de centro fuera del partido judicial sería posible sólo cuando se contara con el informe favorable del equipo técnico).

La patria potestad era compartida por ambos progenitores, lo que suponía que ninguno de ellos podría adoptar decisiones que afectasen al menor sin contar con el consentimiento o conocimiento del otro progenitor, y un régimen de visitas a favor del padre, que se debía cumplir a través del Punto de Encuentro.

La Fiscalía sostiene que, pese a conocer los términos de esta sentencia, la acusada, voluntaria y conscientemente, decidió, de manera unilateral y sin que existiese resolución judicial que lo autorizase, llevarse en abril del año pasado al menor a vivir a Madrid, donde lo matriculó en un colegio, sin informe favorable del Eitaf y sin poner este hecho en conocimiento del otro progenitor. Éste no supo nada del menor desde octubre del año 2014, momento en que la acusada decidió dejar de llevar al niño al Punto de Encuentro para cumplir el régimen de visitas establecido judicialmente. Además, desde que se fue a Madrid, la mujer y el niño estuvieron ilocalizables. Todos los medios puestos para su localización resultaron infructuosos, se desconocía su domicilio y fue imposible contactar con ella telefónicamente al estar todos sus teléfonos de contacto inoperativos. La acusada acudió en septiembre de 2015 al Juzgado al saber que estaba en busca y captura por las autoridades, aunque no declaró hasta el día 13 de octubre.

La mujer ha sido condenada en numerosas ocasiones desde el año 2012 y hasta el 2015 como autora de faltas de incumplimiento del régimen de visitas. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de sustracción de menores, tipificado en el Código Penal, por lo que solicita que se condene a la acusada a tres años de prisión, privación de la patria potestad durante cinco años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al abono de las costas procesales.