El Comercio

La madre acusada de sustraer a su hijo dice que huyó a Madrid por «pánico»

  • El padre del menor, que lleva más de dos años sin verlo, recuerda el sobreseimiento de una denuncia por atropello de septiembre de 2014

El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés acogió ayer la vista oral a la madre acusada de trasladar a su hijo a vivir a Madrid sin el consentimiento del padre ni los informes favorables de los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF), hecho que deriva en un juicio por sustracción de menores. La sesión se prolongó cerca de tres horas y contó con la intervención de varios testigos. Se tuvo que suspender y queda pendiente de reanudación en un plazo no superior a los treinta días por el acuerdo entre todas las partes en llamar a declarar a los responsables de la firma de unos informes del Punto de Encuentro Familiar asignado, entidad que recientemente ha cambiado de gestor.

La defensa apoyó su testimonio con la presentación ante el juez de los «positivos» certificados académicos del niño en el nuevo centro de Madrid y con el atestado de la intervención policial que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2014 en Gijón, cuando la mujer acusó al padre de su hijo de intentar atropellarla con un coche. Esta denuncia fue sobreseída por falta de pruebas, pero la inculpada aún recuerda con temor el episodio y aseguró ayer que le hizo «abrir los ojos» respecto a su situación. «En ese momento me di cuenta de que podía llegar a matarme», declaró ante el magistrado.

La procesada, quien tiene numerosas condenas por faltas de incumplimiento del régimen de visita, recalca que hasta esa fecha cumplió todos los condicionantes establecidos en el acuerdo de la guardia y custodia del menor. «Un par de veces después de eso seguí acudiendo al Punto de Encuentro por recomendación de mi entorno, pero el segundo día se me tiró una botella de litro y medio llena de agua que por poco no me impactó en la cabeza», continuó. La acusada, que cortó definitivamente el régimen de visitas establecido tras este segundo suceso y comenzó a valorar la posibilidad de trasladarse a vivir a Madrid, testificó también sentirse «plenamente identificada» con el caso de doble parricidio en San Juan de la Arena, que se produjo a finales de ese mismo año.

La mujer confirmó ante la sala que su mudanza a la capital en abril de 2015 fue una decisión «voluntaria, consciente y meditada», pero respaldó su actuación tras todos estos supuestos episodios violentos que le causaron, en sus palabras, «un pánico y una ansiedad insostenible». Asimismo, dice que notificó su marcha al EITAF y a una agente de policía una vez instalada en Madrid y tras matricular al niño en un nuevo centro escolar. «Creí que era suficiente y que ellos serían los encargados de trasladarlo al Juzgado de Instrucción número 5», añadió.

Informe psicológico

La perito encargada de redactar un informe psicológico tras una entrevista semiestructurada de atención en crisis con la acusada corroboró que la mujer sufría de «trastorno por estrés agudo» que podría conducir a conductas irracionales. Además, ante las preguntas del abogado de ella, valoró que, desde un punto de vista psicológico, era «una buena medida» poner tierra de por medio ante una situación así.

Este comportamiento «dominado por el miedo de una manera irracional y que tendía incluso a la obsesión» fue ratificado por otros seis testigos, un psicólogo y una educadora del EITAF encargados del seguimiento de la familia y los cuatro agentes de policía involucrados en el desarrollo del caso y en la entrega de las citaciones judiciales que la acusada «rechazaba de manera sistemática». Una de estas policías, profesional de más de catorce años de experiencia en la unidad de violencia de género, apunta que al principio actuaron de oficio porque «la mujer tenía todas las marcas indicadoras de ser una víctima». Afirmó también que, tras el incidente del atropello, en la comisaría le comentaron a la acusada la posibilidad de que se dictase prisión preventiva.

Por su parte, la fiscal y el abogado del padre del niño basaron su discurso en un triple eje: las condenas por las faltas en el régimen de visitas de ella, el sobreseimiento de la denuncia por atropello y la renuncia de la mujer a la protección policial en mayo de 2015. Del episodio de Gijón destacaron la «nula credibilidad» que el magistrado dio al testigo presentado por la parte denunciante y que, según recoge el informe final, «rozaba el falso testimonio». En contra de lo declarado por la acusada, tanto el padre del niño como su abogado repitieron en múltiples ocasiones que «el régimen de visitas nunca se desarrolló de una manera regular, en el 60% de las ocasiones no se cumplió y en el otro 40% se hizo con retrasos».

Precisamente los informes que arrojan estas cifras provocaron la suspensión de la sesión, ya que sus firmantes no habían sido citados a declarar por la confusión provocada a raíz del reciente cambio de gestión del Punto de Encuentro, entidad encargada de dejar constancia de estas reuniones. En cuanto a la solicitud de retirada de la protección policial, la inculpada se defendió de las acusaciones al manifestar su voluntad de «iniciar una nueva y tranquila vida en Madrid, alejada del constante contacto con los agentes para retomar la normalidad».

Su exmarido, que declaró en calidad de testigo, negó todos los episodios violentos anteriormente citados y denunció verbalmente que tenía constancia de que la madre de su hijo había intentado matarlo «mediante sicarios». Durante su testimonio también manifestó su descontento con la Ley de Violencia de Género, «que juzga a los hombres, pero no a las mujeres».

Una vez finalizada la intervención de la acusada y de los diez testigos, todas las partes acordaron retomar la vista en un plazo no superior a treinta días, cuando se espera contar con la declaración de los dos firmantes de los informes decisivos. La mujer se enfrenta a tres años de prisión y cinco de retirada de la patria potestad.

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