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Una sentencia insta a anular un artículo del PGOU sobre las servidumbres de paso

Vista general de Valliniello, barrio en el que se produjo la reclamación de un propietario.
Vista general de Valliniello, barrio en el que se produjo la reclamación de un propietario. / MARIETA
  • El Juzgado Informará al Tribunal Superior de Justicia de Asturias de la «ilegalidad» de la prohibición de limitar la reparcelación de fincas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Oviedo ha iniciado el proceso para declarar ilegal el artículo del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés que prohibe la reparcelación de fincas que carezcan de servidumbres de paso con la fecha límite al 31 de marzo de 2003. El proceso de anulación de esta ordenanza será tramitado por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

De esta manera, concluirá la aventura jurídico-legal iniciada por un vecino de Valliniello cuando decidió reparcelar una propiedad, en suelo no urbanizable, para entregar sendas fincas a sus hijos. La medida obligaba a crear una servidumbre de paso para facilitar el acceso a los nuevos predios y su conexión con la red de carreteras.

Para poder hacerlo, solicitó autorización ante el Ayuntamiento de Avilés, que en agosto del pasado año denegaba la licencia de parcelación. Posteriormente, una resolución de alcaldía en octubre del pasado año confirmaba la negativa municipal.

Desde la administración local se argumentaba que ese límite estaba fijado en el vigente Plan General de Ordenación por sus redactores, teniendo en cuenta su calendario de aprobación. Además, se considera que entraba dentro de las competencias del Ayuntamiento de Avilés como una manera de limitar efectos contrarios al interés general.

El propietario de la finca no asumió la negativa municipal y acudió al bufete de Mijares Abogados, cuya letrada Cristina Carnero asumió la dirección del caso. En el litigio planteó como clave principal que el hecho de fijar una fecha concreta correspondía a una «arbitrariedad de la administración» que actuaba de una manera lesiva contra el derecho de los propietarios al limitar ese derecho.

«Ni una sola línea»

En la sentencia, el Contencioso explica que la discrecionalidad de la administración al tomar sus decisiones no implica que ésta se comporte de una manera arbitraria. Así que para determinar si esa conducta existió analiza diferentes elementos.

En primer lugar, la Memoria del Plan General «no dedica ni una línea a justificar, o si se quiere a motivar, la razón por la que se introduce una limitación tan importante a la parcelación en suelo no urbanizable, pues exige nada menos que en la finca de origen exista una servidumbre de paso constituida con anterioridad al 31 de marzo de 2003».

Pero, además, la sentencia aporta otras razones por las que la normativa municipal se considera «injustificada y arbitraria». Empezando porque anula la posibilidad de reparcelaciones que permite la normativa urbanística regional en el caso de heredades de diferente dueño y donde, previamente, no podía existir esa servidumbre.

Además, el juez alude al argumento municipal de los daños futuros que se quieren evitar con esta medida, asegurando «no justifica sin más tan importante restricción al derecho a la propiedad, pues se desconoce a qué problemas está haciendo referencia». Además, se afirma que si se admite ese criterio «se negaría la institución de la servidumbre de paso en ara a unos ignotos problemas».

También se indica que, aunque la administración puede establecer las condiciones oportunas para las servidumbres de paso, nunca «puede establecer la imposibilidad de que un administrado pueda parcelar su finca pues nunca podrá presentar ante la administración una servidumbre de paso antes de la fecha fijada de manera aleatoria pues no cabe una servidumbre para un predio de un único propietario», además de reprochar a la administración que optó por la vía más lesiva para los intereses de los propietarios.

Con todo, la sentencia aún no es firme y se encuentra abierto el plazo para que el Ayuntamiento recurra. De ser así, el propietario aún deberá esperar a poder reparcelar.

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