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La finca afectada se encuentra en Valliniello.
La finca afectada se encuentra en Valliniello. / MARIETA

El gobierno local no descarta recurrir la sentencia que pide anular un artículo del Plan General

  • La sala número 3 del Contencioso Administrativo rechaza la prohibición de las servidumbres de paso en las reparcelaciones

Los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento de Avilés estudian la sentencia de la sala número 3 de lo Contencioso Administrativo de Oviedo que abre la vía para la anulación de un artículo del Plan General de Ordenación Urbana que prohibe la reparcelación de parcelas en el municipio.

La sentencia se comunicó el pasado viernes a las partes, que disponen de un plazo de quince días para presentar los recursos. Aunque desde el equipo de gobierno se reconoce que el texto judicial «es duro», se ha decidido que los servicios jurídicos y técnicos lo estudien con detalle para ver si existen posibilidades de revocar la decisión judicial con un recurso. También se quieren analizar las consecuencias de la medida.

De no ser así, una vez que la sentencia sea firme, la sala informará al Tribunal Superior de Justicia de Asturias de lo que considera una «ilegalidad» en el Plan General de Ordenación Urbana. A partir de ese momento, la sala de lo Contencioso iniciará el proceso para la declaración de ilegalidad de la norma.

El origen de esta situación es la negativa municipal a la solicitud de una reparcelación de una finca en Valliniello que su propietario solicitó el pasado año. La medida buscaba el reparto de la finca entre sus hijos y, para ello, era necesario hacer una servidumbre de paso para facilitar un acceso independiente.

El Ayuntamiento negó el primer permiso y rechazó el recurso posterior. La razón fundamental que aportaban los técnicos era la prohibición expresa del Plan General de Ordenación Urbana para autorizar servidumbres de paso con fecha posterior al 31 de marzo de 2003, fecha de la aprobación del vigente Plan General de Ordenación Urbana.

El afectado decidió acudir a la vía contenciosa administrativa, contratando los servicios del bufete Mijares Abogados. Una de sus socias, la abogada avilesina Cristina Carnero, presentó el recurso judicial con una batería argumental que incidía en la «arbitrariedad» de la decisión. Es decir, el Ayuntamiento había fijado esa fecha de prohibición sin justificarla.

Además, aunque la normativa autonómica abre la vía para limitar las servidumbres de paso, se reconocen ciertos derechos, como en el reparto de tierras, como era el caso, de un único propietario y donde, difícilmente, antes de solicitarla existía una servidumbre de paso.

La sentencia considera que la normativa municipal es ilegal, por lo que solicitará su anulación, y concede al propietario la servidumbre de paso, aunque para ello debe ser considerada firme.

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