«La Constitución debe cambiar para igualar derechos»

Luciano Poyato lleva presidiendo la plataforma que aglutina a las entidades sociales desde su fundación, en el año 2012. Ayer estuvo en Avilés participando en la Escuela de Otoño del Voluntariado, que reunió en La Magdalena a oenegés de toda España.

Lleva algo más de cuatro años al frente de la plataforma. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?

Como organizaciones hemos sabido conectar con la sociedad y su solidaridad. Hay más personas voluntarias y eso es importante, que la gente pierda el miedo a salir de lo cotidiano y a ponerse en el lugar de los demás. Luego, también hemos tenido una agenda muy concreta de reivindicaciones, como la de una Ley del Tercer Sector que nos reconozca y nos defina.

Intentan dejar claro que el voluntario no es mano de obra gratuita.

Una de las cosas que queríamos dejar claro en la Ley del Voluntariado es que un voluntario no podía quitar un puesto de trabajo. Las oenegés tienen su personal, y los voluntarios acompañan, esa es la diferencia.

Con la crisis han aumentado las necesidades, han aumentado los voluntarios, pero... ¿y las donaciones económicas?

Bueno, en ello estamos. Hay más solidaridad de lo que parece, y no solo en temas puntuales de catástrofes concretas. Está siendo muy importante el aumento de las personas que marcan la casilla de fines sociales en la declaración de la renta, que llega ya al 60%.

En los últimos años las oenegés se han profesionalizado.

Es que para trabajar con personas, además de disposición y una actitud abierta, hay que hacerlo bien y con calidad, y en eso hemos mejorado mucho. Los profesionales tienen que formarse y reciclarse, y compartir experiencias

También ha cambiado el concepto de ayuda. Ya no es tan caritativa.

Sí. Hemos pasado de una etapa muy asistencial de lo inmediato, que sigue haciendo falta, a una menos conformista y más ambiciosa en la que se mira por la dignidad de las personas, con itinerarios de inserción en muchos ámbitos que las oenegés se están tomando muy en serio.

¿Cómo está funcionando la coordinación con las administraciones públicas?

Eso es un auténtico reto. La administración tiene sus políticas, nosotros tratamos de influir pero no siempre lo logramos. Se trata de encontrar una posición común, y a las administraciones eso les cuesta mucho, sobre todo porque dependen de los cursos políticos, y para trabajar con esto hay que tener una mirada a largo plazo.

Hablando de cursos políticos, ¿qué va a suponer tener gobierno?

Pues que se pongan en marcha algunas cuestiones, como el desarrollo de la Ley del Tercer Sector y la del Voluntariado, que están paradas porque un gobierno en funciones no puede aprobar esos cambios que hacen falta. Ahora, además, tendremos la capacidad de proponer y acelerar ciertos procesos.

¿Qué medidas sociales propondría?

Que se cambie la Constitución para que todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan tengan los mismos derechos básicos. Ahora no hay las mismas políticas en todo el territorio y tiene que haber un reequilibrio. Y estamos trabajando en un plan de lucha contra la pobreza dotado con 6.000 millones de euros.

Hablan de trece millones de personas en riesgo de exclusión en España. Es una cifra escalofriante.

Y de esos trece millones, hay cuatro en pobreza absoluta. Y tenemos que hacer algo si queremos ser un país moderno.