El Comercio

Interior del aparcamiento subterráneo de La Exposición.
Interior del aparcamiento subterráneo de La Exposición. / MARIETA

Desestimada la reclamación de 8,7 millones de euros del concesionario de La Exposición

  • El juez sólo rechaza la petición del Ayuntamiento de incluir los intereses del crédito en la liquidación del contrato

  • El Contencioso considera «ilegítima» la pretensión del constructor del parking de recibir una compensación municipal

El Juzgado de los Contencioso-Administrativo Número 3 de Oviedo ha rechazado la pretensión de la sociedad formada por Ogensa y Sadisa de reclamar 8,7 millones de euros al Ayuntamiento de Avilés por la rescisión del aparcamiento subterráneo de La Exposición. La sentencia, que aún no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tan sólo desestima la pretensión municipal de incluir 1,7 millones de euros en la liquidación del contrato. Ese dinero corresponde a los interés del crédito que se vio obligado a solicitar la administración local para asumir la concesión del aparcamiento.

El concejal de Urbanismo, Luis Ramón Fernández Huerga, expresaba ayer su satisfacción por la decisión judicial que da la razón a la administración local y elogiaba el trabajo de los técnicos municipales. «El Contencioso confirma nuestra posición en defensa de los intereses públicos del Ayuntamiento frente a la pretensión de las empresas privadas», aseguró el edil.

La construcción del aparcamiento de Las Meanas y la urbanización de la plaza superior se adjudicó en febrero de 2005 a las empresas Ogensa y Sadisa, que también lograban el derecho a explotar el subterráneo en régimen de concesión. Para ello se constituía la sociedad Aparcamiento Las Meanas.

Al año, se modificaba el proyecto para ampliar a 186 el número de plazas y se realizaban los cambios técnicos necesarios. A finales de 2006 se inauguraba y, desde el primer momento, sus gestores denunciaron pérdidas. En 2010, la empresa Aparcamiento de Las Meanas solicitó la resolución del contrato, reclamando que se abonasen a la sociedad 1,3 millones de euros. Dos años más tarde, se volvió a actuar de forma parecida. El Ayuntamiento rechazaba la petición y la empresa acudía al Contencioso, donde sus planteamientos fueron desestimados.

Finalmente, en julio de 2012, Aparcamiento Las Meanas renunciaba formalmente a la concesión, solicitaba la resolución del contrato, la devolución de las garantías y el abono de 11,9 millones de euros por los trabajos realizados. El Ayuntamiento rechazó entonces la indemnización, si bien inició el proceso para la resolución del contrato que culminó en mayo de 2013.

La decisión municipal fue recurrida judicialmente por la empresa que, nuevamente, vio como el Contencioso rechazaba sus argumentos, perdiendo también el recurso ante el TSJA.

Importe reclamado

En el momento de realizar la liquidación, el Ayuntamiento abonaba a la concesionaria 4,5 millones de euros por la construcción de la plaza. En esa cantidad se descontaban aspectos como los defectos en la obra y el importe resultaba muy lejano de los doce millones de euros, más intereses, que se reclamaba.

La empresa discrepó de la decisión municipal y, nuevamente, acudió al Contencioso para reclamar los ocho millones de euros restantes con diferentes argumentos que han sido rechazados en la sentencia conocida ayer.

El único punto donde sus criterios fueron atendidos es en la obligación del Ayuntamiento de asumir todos los intereses derivados del crédito solicitado para rescindir el contrato. La administración local considera que se trata de un «daño», pero el juez afirma «la obligación legal» de la administración de liquidar el contrato. En este sentido, se especifica que «la situación financiera del Ayuntamiento» que obligó a solicitar el crédito es ajena al contrato y que, por lo tanto «no puede repercutir negativamente en el concesionario». Por esto, el Ayuntamiento debe abonar 1,7 millones de euros a la empresa.

El resto de argumentos expuestos por la concesionaria fueron rechazados, comenzando por su pretensión de que la liquidación se basase en la cantidad efectivamente abonada a la constructora. En su momento, el Ayuntamiento lo rechazó por la diferencia con las certificaciones de obras, criterio que, a juicio del Contencioso, es el adecuado toda vez que se advirtieron «serias diferencias entre la obra ejecutada y las certificaciones de la administración».

También se desestima la petición de la sociedad de incluir las 75 plazas de garaje adquiridas en 2008 por Ruasa. La empresa pública abonó entonces 1,7 millones de euros, por lo que esa cantidad no fue tenida en cuenta cuando se valoró el aparcamiento. Para el juez, el criterio de los técnicos municipales es el correcto puesto que, de hacer caso a la empresa, «obtendría un enriquecimiento injusto, al ver como se retribuía dos veces el mismo objeto».

En su recurso, la empresa también planteó incluir conceptos como el coste del proyecto y el beneficio industrial. El juez argumentó que esa opción «sólo cabe cuando la resolución sea por causa imputable a la administración, lo que no sucede en este caso».

Tampoco se admite su propuesta de actualizar los valores, ya que «lo que procede es la amortización, no la actualización». Por último, la empresa considera ilegal los descuentos por los vicios ocultos, aspecto que también se rechaza puesto que el contrato fijaba una garantía de un año, siendo las obras recibidas en 2013 y, con anterioridad, se advirtió de fallos en la obra de los que no existen dudas.