El Comercio

El portavoz socialista, Luis Huerga, ayer en el Pleno.
El portavoz socialista, Luis Huerga, ayer en el Pleno. / MARIETA

«Pretenden disfrazar el populismo de transparencia en el asunto del agua»

  • Los grupos de la oposición aprueban en bloque la creación de una comisión para investigar el contrato con Aquagest, para lo que la regidora pedirá informes

Finalmente, habrá comisión de investigación sobre el contrato del agua en Avilés. Los grupos de la oposición votaron ayer en bloque a favor de crear este órgano para ahondar en las circunstancias en las que se produjo la privatización y estudiar «posibles connivencias», aunque sus competencias aún no están claras. Antes de convocarla, la alcaldesa, Mariví Monteserín, pedirá sendos informes a la Servicios Jurídicos y la Secretaría Municipal «para ajustar el ámbito de actuación y saber con claridad hasta dónde podemos llegar», ya que siguió defendiendo que «este tipo de comisiones no están previstas en el reglamento».

Precisamente este fue el motivo de que tanto PSOE como PP decidieran hace ahora un año transformar la petición conjunta de Somos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Ganemos de crear esta comisión de investigación en una meramente informativa, que sí contempla el reglamento municipal. Ayer se volvió a votar por mandato judicial, lo que sirvió a los grupos proponentes para arremeter contra el gobierno. Izquierda Unida habló de «pucherazo antidemocrático», Somos de «bloqueo» y todos, incluido el PP, coincidieron en que la comisión informativa que se llevó a cabo a principios de año resultó de escasa utilidad y «no aclaró nada», según Carlos Rodríguez de la Torre.

Junto a la actitud del PSOE en el pleno celebrado hace un año, cuando evitó que se votase poner en marcha la investigación, lo más criticado fue el cambio en el sentido del voto del Partido Popular. Sus seis ediles se posicionaron entonces del lado del gobierno, mientras que ayer votaron con los grupos de izquierdas. «Han convertido al PP en un subalterno de Podemos», espetó el portavoz socialista, Luis Fernández Huerga, quien arremetió especialmente contra De la Torre, a quien afeó lo que considera un «uso de las instituciones para llevar a cabo una purga interna de su propio partido mandado por su presidenta», en alusión a la dirigente asturiana del PP, Mercedes Fernández.

Huerga sacó a colación la intervención del portavoz popular el año pasado, cuando defendió que la comisión de investigación supondría «un circo», y aseguró que su grupo no participaría en «señalar a alguien como sospechoso para convertirlo en culpable y contribuir a imponer una pena de quiosco». También criticó que la oposición «pretenda disfrazar el populismo de transparencia».

El portavoz popular, en cambio, se justificó asegurando que la situación actual resulta «diferente de la de hace un año» y expuso su confianza en que el nuevo grupo de trabajo consiga «aclarar todas las dudas». De la Torre considera que «la mejor comisión de investigación es el juzgado, pero tiene sus tiempos y los ciudadanos nos exigen otros ritmos», señaló, al tiempo que llamó a otros grupos de la oposición a «no judicializarlo todo».

«La oposición trabajó poco»

Desde el gobierno, Manuel Campa consideró que había habido «poco interés y trabajo de la oposición» durante la comisión informativa. «Se pusieron a disposición de los grupos 46.500 folios de documentación que sólo generaron seis visitas por un tiempo inferior a seis horas», criticó. Al mismo tiempo, insistió en que habían acudido a las sesiones convocadas todos los técnicos municipales requeridos. «Volver a hacer otras reuniones nos supone un coste en tiempo y en trabajo que sería fundamental dedicar a otras cuestiones», apostilló.

Esta afirmación tuvo una rápida respuesta por parte de David Salcines, de Somos: «Si os preocupa mucho que esto sea una pérdida de tiempo, os jodéis. El tiempo lo perdimos nosotros durante un año». El portavoz de la formación morada también realizó una serie de propuestas para la organización de la comisión de investigación, que pasan porque su composición sea proporcional al número de ediles de cada grupo, porque se pueda llamar a comparecer a concejales, funcionarios y «cualquier persona que tenga relación con el contrato», así como poder ser asistidos por asesores. También pidió a la alcaldesa que delegase la presidencia del órgano en un edil de otro partido, para lo que puso sobre la mesa el nombre de Alejandro Cueli, de IU, que en su día encabezó el movimiento ciudadano contrario a la privatización del servicio. «No tiene sentido que la investigación la presida quién más bloquea esta comisión», indicó.

Así las cosas, habrá que esperar a los informes técnicos que solicite la regidora para que se convoque la primera reunión y se puedan solicitar comparecencias «de los padres y madres de la privatización del agua», según señaló el propio Cueli.