El Comercio

La defensa del gerente de Festejos dice que ha sido expedientado «sin conocer el motivo»

Rubén Arias, en una imagen de archivo junto a la concejala de Festejos, Ana Hevia, en primer término.
Rubén Arias, en una imagen de archivo junto a la concejala de Festejos, Ana Hevia, en primer término. / MARIETA
  • El jefe técnico del área que dirige Ana Hevia alega que «nunca he realizado pagos en metálico»

  • Asegura que no ha cometido irregularidades y cuestiona la credibilidad del informe de Intervención

El gerente y único trabajador municipal asignado al área de Festejos, Rubén Arias, sostiene que nunca ha cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, que siempre ha trabajado conforme a los protocolos establecidos por el Ayuntamiento y que todos los pagos que realizó fueron controlados por Intervención, sin que ninguno de ellos se abonase en metálico.

En sus alegaciones, presentadas por su representante legal, el abogado ovetense Enrique Valdés, también pone en cuestión la credibilidad del informe de Intervención que aconseja abrirle expediente disciplinario con el fin de depurar su posible responsabilidad. Según dicho informe, sustentado en una auditoría externa, el montante de los pagos irregulares detectados en Festejos asciende a 16.664 euros, de los cuales 10.994 corresponden a facturas y recibís falsos. Los 5.670 restantes carecen de soporte que acredite su destino.

La apertura del expediente disciplinario se adoptó por resolución de alcaldía en base al referido informe de Intervención que a su vez emana de la auditoría externa. Advierte que Festejos emitió talones al portador, dispuso de efectivo sin el respaldo de las preceptivas firmas, manipuló documentos, manejó dinero en metálico para su reintegro a las cuentas operativas municipales y realizó «actuaciones contrarias al cumplimiento de las obligaciones tributarias de terceros que han recibido fondos de carácter público».

La titular del área, Ana Hevia, admite que se han cometido «anomalías, errores en la tramitación», al tiempo que rechaza dimitir y defiende la «honestidad» de Rubén Arias, de baja laboral desde el pasado mes de julio como consecuencia de una dolencia que ha precisado intervención quirúrgica.

Además de la apertura del expediente al trabajador, la alcaldesa, Mariví Monteserín, también resuelve remitir el informe de Intervención al Ministerio Fiscal, «como consecuencia de las evidencias que resultan, relativas a justificantes de pagos que no han sido emitidos por las personas que constan como preceptores de fondos», y al Tribunal de Cuentas, en este caso a tenor de «irregularidades e incumplimientos en las normas que rigen la gestión» de una cuenta municipal.

El abogado de Rubén Arias manifiesta desconocer «los motivos por los que le van a abrir un expediente disciplinario» y resalta que «si es cierto, como dijo la concejala, que algunos pagos se destinaron a fines que no estaban programados no ha habido ningún quebranto ni nada que pueda tener trascendencia penal. Todos los pagos pasaron por Intervención», recalca. En lo relativo a la credibilidad de la auditoría y por extensión del informe, afirma que la primera «se realizó con gran premura en escaso tiempo sin contar con toda la documentación necesaria y sin haber recibido de la entidad bancaria los datos precisos», por lo que sus conclusiones «no se corresponden con la gestión llevada a cabo por la oficina de Festejos».

En este sentido, precisa que la salida de fondos no justificados por importe de 16.664 euros «no se encuentra fundamentada, pues en su integridad fueron destinados a pagar los premios y servicios originados en los festejos organizados desde la oficina municipal, sin desviarse de esta finalidad», y que los cheques y las transferencias bancarias ordenadas «lo fueron con la firma mancomunada del responsable de la oficina de Festejos y de la concejala». En cuanto a la emisión de cheques al portador, el gerente «no ha sido quien instituyó esta forma de efectuar los pagos, pues se reitera que los cheques se emitían con las dos firmas mancomunadas y que dicha práctica era conocida y permitida por Intervención y Tesorería».

El representante legal de Rubén Arias abunda en que «el informe de la interventora copia literalmente las conclusiones de la citada auditoría sin aportar ningún documento ni prueba que fundamente las conclusiones vertidas y sin completar las lagunas documentales, resultando así también un informe incorrecto, incompleto e injustificado», y defiende el proceder de su defendido. «Siempre cumplió las funciones esenciales que le fueron encomendadas, siendo marcadas sus tareas desde la concejalía correspondiente. Y desde luego, jamás incurrió en incumplimiento de órdenes de un superior, resultando totalmente inciertas e injustas estas aseveraciones por parte de Intervención».

Control contable

Las alegaciones también hacen alusión al funcionamiento de la oficina de Festejos. En este punto, inciden en que «tanto la superior jerárquica, concejal de Festejos, como la oficina de Intervención y Tesorería conocían el sistema de pagos realizados en los premios de los carnavales mediante cheques al portador. Ello no quiere decir que no existiese posterior control contable de los pagos efectuados, por ello todas las facturas asociadas a servicios prestados por terceros en estos eventos eran remitidas a Intervención, que comprobaba su corrección formal, y que se correspondiera al pago efectuado desde la cuenta. Tanto es así que si se producía alguna anomalía formal o que alguna cuantía no coincidiera entre la factura y el gasto cargado, la oficina de Intervención no permitía que se continuase autorizando gastos hasta corregir el defecto encontrado».

En consecuencia, califica de «sorprendente que en el análisis de auditoría se introduzcan una serie de cuantías, relacionadas con servicios prestados, en la que advierten defectos en facturas pagadas con cargo a la cuenta justificativa, pues dichas facturas y pagos, todos ellos de los ejercicios 2013 y 2014, fueron fiscalizados en su correspondiente informe». Por otra parte, el representante legal del gerente de Festejos subraya que éste «nunca ha recibido una instrucción de un superior, ni de la oficina de Intervención, que no siguiera. Nunca ha sido advertido o amonestado, ni siquiera corregido verbalmente, y no se conoce que se hayan producido reparos o discrepancias en las fiscalizaciones efectuados, ni durante los años analizados (2013-2016) ni en los anteriores».

Rubén Arias presentó el pasado día 9 un segundo escrito de alegaciones en el que reprocha al Ayuntamiento que no haya respondido al primero a la vez que reitera sus argumentos. Así, califica el informe definitivo de intervención de «copia literal del provisional», cuestiona su validez, dado que «se efectuó sin tener la empresa auditoria a su disposición toda la documentación relevante», y reitera que «no se ha producido un quebranto en las cuenta públicas porque la totalidad de los fondos asignados fueron dedicados al pago de gastos de los festejos organizados». También niega que manejase «dinero en metálico, bajo ninguna circunstancia, o manipulase documentos y justificantes públicos», y reafirma que las transferencia y cheques «siempre se realizaron con las dos firmas autorizadas».

En conclusión, Arias muestra su «total disconformidad» con la conclusiones vertidas en el informe definitivo de Intervención y solicita que sus alegaciones sean incluidas al expediente que se le incoa.

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