El Comercio

Los juzgados avilesinos logran bajar un 2,6% su carga de trabajo

Palacio de Justicia de Avilés  ubicado en la calle de Marcos del Torniello.
Palacio de Justicia de Avilés ubicado en la calle de Marcos del Torniello. / MARIETA
  • A finales de junio se habían tramitado 3.341 asuntos, con el mismo número por la vía civil como por la penal y social juntas

  • La ciudad presenta la sexta tasa de congestión más elevadade los dieciséis partidos judiciales del Principado

Entre abril y junio ingresaron en los Juzgados avilesinos de la calle de Marcos del Torniello 3.956 asuntos, quinientos más que los recibidos en el primer trimestre de 2016. Aún así, se logró dar salida a un mayor número de casos que en los tres primeros meses del año, lo que ha permitido bajar la tasa de congestión de un 6,8% en el primer trimestre a un 4,2%. Es la sexta más alta de los dieciséis partidos judiciales del Principado de Asturias y muy por encima de las registradas en Oviedo (0%) y Gijón (0,9%). En cualquier caso, mucho mejor que los índices de Villaviciosa, con un 33%, Laviana, con un 13,4% y Piloña, con 10,2%.

A pesar de este ligero desatasco, el hecho de que el mes de agosto sea prácticamente inhábil para la Justicia lleva a pensar que esta mejoría tendrá un carácter temporal. Máxime si se consolida un segundo dato que también constata la estadística judicial en este segundo trimestre del año: el aumento del número de asuntos que llega a los Juzgados. Se rompe así la tendencia a la baja de los últimos años y que todavía se había mantenido en este inicio de 2016.

De los 3.956 casos presentados en los once órganos judiciales, más de dos mil correspondieron a la jurisdicción penal. Este aumento de quinientos casos se reparte prácticamente a partes iguales entre las vías civil, penal y social, claro que en esta última es más notorio el incremento al pasar de los 303 asuntos registrados en el primer trimestre del año a los 468 del segundo.

A pesar de esta mayor carga de trabajo, el número de asuntos resueltos también aumentó, lo que permite mantener un número similar de asuntos en trámite respecto al periodo anterior de la mano de la jurisdicción civil. El primer semestre del año se cerró con 4.287 casos resueltos, frente a los 3.958 del primer trimestre. Al cierre del semestre, solo la jurisdicción civil había logrado bajar en unas mil las tramitaciones pendientes, frente a los ligeros incrementos de penal y social.

Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción dictaron 547 sentencias, 1.885 autos y 999 decretos de marzo a junio. Los dos de Penal, 161 sentencias, siete autos y 45 decretos. Por su parte, los de lo Social, se anotaron 240 sentencias, lo que supone la media por órgano más alta de todos, y 172 decretos.

Violencia contra la mujer

El Juzgado de Violencia contra la Mujer, el Número 5 de Avilés, sumó a los 101 asuntos con los que pasó de trimestre, 119 nuevos ingresos. El número de resoluciones alcanzó las 142. Estos datos van en consonancia con los facilitados hace unos días por la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Almudena Cueto, que cifró en 1.319 denuncias por malos tratos sobre las mujeres en el primer semestre del año y en 603 las órdenes de protección dictadas.

La vía judicial es, junto con la educación, el camino para erradicar este problema y así lo ha demostrado esta misma semana el Pleno del Congreso de los diputados al aprobar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, promovido por el PP y el PSOE y aplaudido por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona. Carmona se felicitó porque el texto recoge «a grandes rasgos» las reivindicaciones que ha venido haciendo el Observatorio sobre este asunto.

Todos los partidos le dieron su apoyo en el Congreso el pasado martes en lo que ha sido calificado como el primer «gran acuerdo» de la legislatura. «Supone un mensaje muy esperanzador de protección de los derechos fundamentales y supondría recuperar el consenso que ya existió cuando se aprobó la Ley Integral en 2004», valoró Carmona.

Entre otras, el texto aprobado amplia el concepto de violencia de género a otras formas como la trata o las agresiones y explotación sexual. Incluye el impulso para modificar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa judicial de la obligación de declarar contra su cónyuge y suprimir el atenuante de la confesión para este tipo de delitos. Asimismo, se aprobó la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso. La presidenta del Observatorio subrayó la importancia de los doce puntos contemplados en la enmienda, fundamentalmente la consideración de la violencia de género como una «cuestión de Estado» en la que todos deben tomar partido, incluida la sociedad civil.

Malos tratos

También elogió el aumento de la partida presupuestaria prevista para la batalla contra la violencia machista y, en especial, de los recursos destinados a la prevención, algo esencial cuando aún muchas mujeres «tienen miedo» a denunciar a sus agresores por maltrato.

Carmona hizo hincapié en otras medidas previstas como la implementación de unidades de acompañamiento judicial personalizado a la víctima para que no les falte ayuda a la hora de afrontar un procedimiento «arduo y complicado».

Incluso contempla el establecimiento de protocolos de intervención para la atención integral a las mujeres que retiran la denuncia o que nunca la han presentado y la creación de un plan de protección y reparación del daño a los menores víctimas de la violencia de género.

A propósito de esta ley, Jueces para de Democracia, cuyo coordinador en Asturias de Julio Juan Martínez Zahonero, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Avilés, el que asume todos los casos de violencia contra la mujer, señaló la necesidad de «armonizar» distintas normativas cuyas desavenencias pueden resultar un obstáculo para la aplicación efectiva de las modificaciones requeridas por el Consejo de Europa, como es el caso de la Ley de enjuiciamiento criminal o la de protección de testigos, y apunta la importancia de que sea «todo el conjunto social» quien responda a la necesidad de mejorar la legislación.

«Una norma despliega sus efectos cuando se produce la aprobación y aceptación general de la Ley. La prevención más eficaz de la comisión de este tipo de delitos necesita no sólo la disuasión penal, sino que requiere también una intervención dinámica y positiva de toda la sociedad que neutralice las raíces y causas de esta criminalidad», apostilla.