El Comercio

Una de las acciones de protesta de los intoxicados por mercurio en los últimos años.
Una de las acciones de protesta de los intoxicados por mercurio en los últimos años. / MARIETA

La Junta reclama un «informe definitivo» sobre la intoxicación por mercurio en AZSA

  • Cuatro años después del accidente laboral, todos los partidos piden que se refuerce el seguimiento de los trabajadores afectados

  • Tendrán que elaborarlo el Instituto de Prevención de Riesgos del Principado y la Consejería de Sanidad

La comisión de Industria de la Junta General del Principado aprobó ayer por unanimidad la proposición no de ley impulsada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida en la que se reclama que se elabore un «informe definitivo» por parte del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales del Principado y de la Consejería de Sanidad sobre la intoxicación por mercurio que sufrieron los trabajadores de la empresa IMSA mientras desarrollaban labores de mantenimiento en Asturiana de Zinc hace cuatro años.

Todos los partidos coincidieron también en instar al Principado a que, en colaboración con la mutua, refuerce «la investigación y el seguimiento de los trabajadores que en su día también hubieran podido inhalar mercurio inorgánico».

El acuerdo incluye, además, la obligación de establecer un mecanismo de colaboración entre el Instituto de Prevención con la Universidad, el Instituto Nacional de Silicosis y otras administraciones e instituciones «para la prevención, investigación y rehabilitación de los trabajadores afectados por la intoxicación de mercurio».

En otro de los puntos que completan la proposición no de ley, a la que le han dado su visto bueno PSOE, Izquierda Unida, PP, Foro, Podemos y Ciudadanos, instan al Gobierno del Principado a «promover y apoyar los proyectos de investigación sobre la prevención, evolución y las complicaciones de la intoxicación por mercurio inorgánico con el objetivo de mejorar su tratamiento y seguimiento».

En el debate llevado a cabo en la comisión de Industria, el portavoz de Izquierda Unida en este órgano, Ovidio Zapico, recordó el tiempo transcurrido desde el accidente y afirmó que «durante todo este tiempo la empresa sigue pleiteando y no ha pagado, ni siquiera, la importante multa por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos». Reprochó también que «los acuerdos entre los trabajadores se cumplen sólo en parte en lo referente a análisis sanitarios, pero se cumplen en menor medida o no se cumplen en cuanto a la garantía de trabajo en la subcontrata».

Zapico recordó la «situación penosa» en que se encuentran algunos de los trabajadores afectados por la intoxicación de mercurio. Enumeró entre los problemas de salud que sufren los neurológicos, los psicológicos, de visión, de equilibrio, de piel o dentales. Afirmó que ello ha hecho que «más de quince de esos cincuenta trabajadores tengan secuelas importantes y, por tanto, su estado de salud les impide realizar su trabajo habitual y les complica su calidad de vida».

Izquierda Unida recordó además que en la anterior legislatura se produjo una resolución del Congreso a instancias de su partido para respaldar a estos trabajadores en su tratamiento sanitario y también en la protección social reconociéndose la intoxicación por mercurio como enfermedad laboral, «pero por desgracia esta resolución a fecha de hoy sigue incumplida», lamentó Ovidio Zapico.

Por su parte, el portavoz del PSOE en esta comisión, Jesús Gutiérrez, que expresó el apoyo de su grupo a la proposición no de ley, también quiso matizar que en estos cuatro años desde que sucediera el accidente laboral se han realizado distintas investigaciones y dado pasos por el Instituto de Prevención. «En salud laboral seguro que nada es suficiente, pero estamos hablando de Asturias, de España y una multinacional, por lo que no se parte de cero, no sería justo decir que no se ha hecho nada en este tiempo», indicó. Y añadió que existen unas conclusiones sobre este «hecho desgraciado» en el informe que el 27 de marzo de 2013 hizo la Inspección de Prevención de Riesgos y remitió a los Juzgados y las partes afectadas. Además, afirmó que hubo otros cuatro más de la Inspección en respuesta a los elaborados por las empresas.

Jesús Gutiérrez enumeró otros informes de instituciones como la Universidad o el Instituto de Silicosis, pero sobre todo quiso «poner en valor» el trabajo del Instituto de Prevención que ha realizado trece visitas a la planta entre abril y junio de 2013 con seguimiento de los trabajadores, y en 2015 y 2016 ha seguido los trabajos similares efectuados en la planta de tostación de AZSA.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la comisión de Industria, Paula Valero, mostró la preocupación de su partido por «el seguimiento de la salud laboral» y especialmente porque «unos trabajadores tengan que llamar la atención sobre las instituciones y las empresas con una huelga de hambre», recordando así a los tres trabajadores que adoptaron esta medida para reclamar ser atendidos por la mutua.

En representación del Partido Popular, Carlos José Suárez; y de Foro, Carmen Fernández, reclamaron que entre los informes a analizar para alcanzar las conclusiones se estudien también los estudios realizados por la Universidad Carlos III. Por su parte el representante de Ciudadanos, Luis Fernando, calificó la resolución como «de justicia».