La oficina de sanciones cumple dos meses cerrada por falta de contrato

Desde el inicio de este mandato, el equipo de gobierno ha tenido problemas para sacar adelante en el Pleno acuerdos para realizar el pago a proveedores a través de reconocimientos extrajudiciales de créditos. La oposición rechaza esta fórmula y eso ha tenido una consecuencia sobre uno de los contratos del Ayuntamiento, el de la oficina de gestión de sanciones. Estas instalaciones, situadas en la calle Cabruñana y en las que se tramitan los abonos y las reclamaciones por las distintas multas y sanciones que impone el Ayuntamiento, llevan dos meses cerradas. Los trámites deben efectuarse ahora en Atención Ciudadana, en el edificio del Ayuntamiento, como reza un cartel situado en su puerta.

La contratación con la empresa Servicios Externos de Asesoramiento y Consultoría concluyó el pasado 1 de octubre. El Ayuntamiento había iniciado los trámites para una nueva contratación en agosto, pero los recursos interpuestos por las empresas Servimun y Vialine Gestión paralizaron la tramitación. El pasado 2 de noviembre, la administración local recibe la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dando en parte la razón a los recurrentes, por lo que «decidimos incorporar las recomendaciones a los pliegos», explicó el concejal Raúl Marquínez. Ahora el BOPA tendrá que volver a publicarlos para retomar el proceso de contratación, que cuenta con un presupuesto de más de algo más de un millón de euros para la gestión de las multas y sanciones interpuestas por el Ayuntamiento durante los próximos cuatro años.

En circunstancias normales, hasta que se produjera la resolución de esta contratación la oficina habría seguido funcionando con la firma de una prórroga del contrato por los meses necesarios, posteriormente en el Pleno se reconocería la prestación de este servicio y se acordaría su pago a través de un reconocimiento extrajudicial de créditos. Sin embargo, el rechazo de la oposición a este tipo de procedimiento administrativo ha llevado al equipo de gobierno a decidir mantener cerrada la oficina hasta resolver la nueva contratación.