El Comercio

El cajero de la Oficina de Atención Ciudadana en el que se pueden realizar los pagos de multas y sanciones.
El cajero de la Oficina de Atención Ciudadana en el que se pueden realizar los pagos de multas y sanciones. / MARIETA

Somos reclama que el servicio de gestión de multas vuelva a ser municipal

  • Defiende que «sería más imparcial, mejoraría el procedimiento y reduciría costes para el Ayuntamiento»

La concejala de Somos, Yolanda Suárez, reclamó ayer que la gestión de las multas vuelva a depender directamente de los trabajadores del Ayuntamiento. La oficina municipal de sanciones de la calle Cabruñana lleva dos meses cerrada tras finalizar el contrato con la empresa que la gestionaba desde 2010 y, de momento, no hay fecha para que se reabra porque la contratación se retoma ahora tras problemas con el pliego de condiciones publicado en agosto.

Según mantiene Suárez, «el servicio externalizado plantea problemas de coordinación entre el Ayuntamiento, que es quien tiene la potestad sancionadora, y la empresa que tramita». Además, asegura «que el servicio externalizado plantea contradicción con la imparcialidad en la gestión de multas, ya que la empresa obtiene sus ingresos mediante un porcentaje del importe de la multa».

Por contra, Somos defiende que la gestión directa sería «más imparcial, mejoraría la coordinación en el procedimiento sancionador, reduciría costes y mejoraría las condiciones laborales de las personas que gestionan el servicio».

Somos ha reclamado desde su llegada al Ayuntamiento la remunicipalización de los servicios externalizados en los últimos años y ayer anunció que de cara a la negociación del presupuesto para el próximo ejercicio volverá a insistir en su petición de recuperar «al menos un 1% del presupuesto que gestionan empresas privadas para la gestión directa por el Ayuntamiento».

La concejala Yolanda Suárez recordó que la gestión de las sanciones y las multas se realizaba por la administración local de forma directa hasta hace seis años y criticó que para su externalización se utilizase «la excusa clásica de la falta de capacidad del Ayuntamiento para asumir un servicio, en lugar de dotar al servicio de más recursos materiales y humanos».

Criticó también que, tras adoptar el equipo de gobierno la decisión de volver a licitar, no se hiciese correctamente. Según dijo, «en una demostración de los vicios de la casa no se licita con la anticipación suficiente y además confeccionan un traje a medida para la empresa que tenía el servicio, igual que sucediera con el contrato de telefonía, y así lo señala el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dando la razón a dos empresas recurrentes sobre las irregularidades en los pliegos de licitación».

Como publicó este periódico, ese recurso ha retrasado la tramitación del contrato y ha llevado a que se cierre la oficina porque el equipo de gobierno no quiere volver a llevar a Pleno un reconocimiento extrajudicial de créditos debido al rechazo de la oposición de este trámite administrativo habitual en todos los consistorios. Mientras, las multas se abonan o se reclaman en la Oficina de Atención Ciudadana, situada en el propio edificio consistorial.