Confederación admite que el colector industrial puede ocasionar vertidos

Confederación Hidrográfica abre la puerta a no sancionar un hipotético vertido del colector industrial a la ría una vez entre en servicio. «Nunca se manifestó que en casos excepcionales y justificados fuera intolerable un vertido; lo que se expuso es que tales situaciones no comportaban la oportunidad de una autorización de vertido», asegura su presidente, Ramón Álvarez, en una carta remitida a la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández. En ella subraya que «debe ser el Principado» quien gestione el colector y que la obra, conclusa hace cinco años y pendiente de entrar en servicio, «responde al proyecto objeto del convenio» suscrito entre ambos organismos.

El Principado mantiene que con la actual configuración los vertidos puntuales serán «inevitables» y rechaza asumir su explotación hasta que Confederación, ejecutor de la obra, con una inversión superior a dieciséis millones de euros, implante los sistemas necesarios para impedirlos o bien no imponga la correspondiente multa cuando se produzcan. Lo que reclama es «seguridad jurídica para el explotador», resume la titular de Medio Ambiente en otro escrito dirigido a Confederación, lo que podría entenderse como una petición de que garantice por escrito que los «inevitables» vertidos no conlleven sanción económica.

El Principado también plantea una solución temporal que permita la inmediata puesta en marcha del colector, cuyo objeto es canalizar a mar abierto aguas industriales que hoy, previo tratamiento por parte de las empresas que las generan, terminan en la ría. Consistiría en que dicho organismo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ejerza la explotación al tiempo que el Principado sufragaría los costes con cargo al impuesto de condiciones ambientales del uso del agua, tributo que gestiona la Junta de Saneamiento, adscrita a la consejería.

Confederación pone el acento en que la instalación se ajusta al proyecto, redactado en enero 2007, con el PSOE en el Gobierno de España, y refrendado por un convenio suscrito un año después por el ejecutivo regional. «Su construcción se realizó entre 2008 y 2010. Por ello, el Principado fue conocedor del proyecto cuando suscribió el referido convenio y la obra está ejecutada conforme a dicho proyecto», resalta en su escrito.

Confederación también puntualiza que el convenio de 2008 prevé «que las posibles reposiciones o ampliaciones de las obras deben ser asumidas por el Principado», por lo que se muestra «sorprendido» de que «incluso después de la última inversión de este organismo para acondicionar el colector después de seis años sin ponerse en funcionamiento, manifieste la existencia de problemas de concepción y diseño que tienen su origen en el proyecto de 2007».

El último párrafo de la carta muestra a las claras las intenciones de la Confederación Hidrográfica. En él reclama al Principado que «en cumplimiento de lo acordado reciba y ponga en explotación la obra del colector».

En condiciones

La alcaldesa, Mariví Monteserín, se posicionó ayer del lado del Principado. «Confederación ha tenido cinco años para solventar los problemas técnicos que presenta y no lo ha hecho. Los técnicos afirman que si empezase a funcionar se producirían vertidos que acarrearían denuncias que tendrían que afrontar su titular, por lo que en su actual estado no se puede recepcionar», defendió.

En su condición de alcaldesa, exigió a Confederación «que entregue el colector en condiciones óptimas», situación que pasa por que esté en condiciones de «evitar, a ser posible, los vertidos. Para eso hemos hecho el saneamiento integral de Avilés», proyecto iniciado en la década de los noventa con una inversión que Monteserín fijó en 122 millones de euros. Y el colector industrial es la pieza que cierra el círculo.