El Comercio

Lugar donde ocurrió el accidente en 2012.
Lugar donde ocurrió el accidente en 2012. / MARIETA

El promotor acusa a la abogada del peón fallecido en 2012 de buscar «solo dinero»

  • La acusación particular rechaza que se atribuya la responsabilidad a la víctima y la defensa llama la atención sobre las «inconcreciones» del informe del Instituto de Prevención de Riesgos

La Fiscalía se reafirmó ayer en su petición de tres años de cárcel para el promotor de una obra y el arquitecto técnico, redactor de un anexo al plan de seguridad y salud, por un accidente laboral con resultado mortal ocurrido en 2012 en la urbanización de La Magdalena. Tras la declaración de dieciocho testigos a lo largo de más de cinco horas de vista oral en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés, consideró constatado que «si se hubieran adoptado las medidas necesarias, este accidente no se habría producido». Por este supuesto delito de homicidio imprudente, la acusación particular solicita cuatro años para promotor y arquitecto técnico respectivamente, y para el encargado de obra y compañero del fallecido en la plataforma elevadora que volcó.

El Ministerio Público consideró acreditado que las órdenes las daba el promotor y asumió las explicaciones de las técnicas del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) que «constatan» en su informe que la causa del accidente fue tanto la dimensión inapropiada de la plataforma elevadora para la zona como el terreno inestable sobre el que se asentó.

La acusación particular fue más allá y afeó a las defensas que intentaran culpar al trabajador de su propia muerte al señalar la «desobediencia de una orden», la de su compañero que le había dicho que comiera el bocadillo y luego lo fuera a buscar para terminar el trabajo.

Cargó contra el anexo al plan de seguridad y salud añadido el 12 de febrero de 2012 debido a la incorporación a la obra de la citada plataforma elevadora, de dieciséis toneladas de peso. «No previó por dónde debía circular una máquina de tales características, máxime cuando ya había habido un hundimiento con anterioridad», tal como desveló en sala el encargado de los talleres a los que se había subcontratado los trabajos de aluminio en el edificio de La Magdalena.

«La desobediencia de Gonzalo es seguir trabajando, desplazando la máquina por donde lo venían haciendo», en alusión a las huellas de rodadas que tanto el atestado policial como los informes de la empresa de prevención de riesgos laborales contratada por la promotora como el del IPRL reflejan. Recalcó que la propiedad de la plataforma elevadora no era de la empresa promotora sino de los talleres encargados del aluminio y que no había acreditado el permiso para su utilización para lo que los trabajadores realizaban un puente.

La defensa del promotor y del encargado de obra recordó que las labores de prevención y seguridad laboral eran contratadas a una empresa externa especializada que formaba a todos los operarios conforme a la ley. Rechazó por impreciso y vago el informe del IPRL y recalcó que la plataforma elevadora era la única opción lógica para usar en la zona y, asimismo, rechazó un fallo mecánico de la misma. «Llama la atención que se hable de un posible fallo del inclinómetro y luego no se compruebe. Ni siquiera se comprobó la inclinación de la acera». Porque este fue otro de los puntos en los que se hizo hincapié durante la vista. Las defensas trataron de demostrar que las dos aceras de la parte posterior del edificio donde ocurrió el fatal accidente sumaban casi cinco metros de ancho con un desnivel entre ambas de cuatro grados, por lo que la plataforma habría podido desplazarse por allí en vez de por la tierra que cedió.

Subrayó, y así lo confirmaron los trabajadores de la obra, que se contaba con todo el equipo de seguridad necesario, aunque también quedó claro que el uso del arnés no hubiera evitado el fatal desenlace.

El promotor aprovechó el derecho a la última palabra para acusar a la abogada de la familia de la víctima de pretender solo dinero, por los dos intentos fallidos previos de llegar a un acuerdo y por previsible continuación de la causa por vía civil. Las aseguradoras ya abonaron los 112.000 euros familia de la víctima en los que se calculó la responsabilidad civil según el baremo oficial para este tipo de asuntos.