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Dos policías nacionales consultan el ordenador en la oficina de la comisaría en la que atienden las denunciantes.
Cuatro agentes se encargan de la protecciónde las 107 víctimas de violencia de género

Cuatro agentes se encargan de la protecciónde las 107 víctimas de violencia de género

Policía Nacional y Local comparten información y se coordinan en las labores de seguimiento

Cristina del Río

Domingo, 22 de enero 2017, 01:13

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Cuatro policías protegen en Avilés a más de un centenar de mujeres víctimas de violencia de género. Son dos agentes de la Policía Nacional y otros dos de la Local que comparten información y trabajan mano a mano en un servicio para el que cuentan con la implicación de sus compañeros, pero en el que los recursos no crecen al mismo ritmo que los casos. Es el mismo número de agentes que dedican municipios como el de Siero, Langreo o Mieres, por ejemplo, a pesar de que tienen menos víctimas.

EN DETALLE

  • Son las mujeres que tienen asignada alguna orden o medida de protección judicial. Ninguna de ellas con riesgo extremo o alto. Once con riesgo medio y el resto, bajo o no apreciado.

  • Son los agentes que se encargan del servicio de vigilancia y protección. Dos pertenecen a la Policía Local y otros dos a la Nacional. Antes eran cinco.

  • La mayoría de las víctimas tienen entre veinte y cuarenta años. Hay algún caso de menores, de los diecisiete registrados en el Principado. Es una tendencia que preocupa a los expertos y sobre la que han advertido.

  • Denuncia.

  • Es el primer paso. La denuncia se presenta en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional (calle Río San Martín) y la recoge bien la Oficina de Denuncias o bien la UFAM (Unidad de Familia) para iniciar la investigación.

  • VioGen.

  • Es el programa informático en el que se dan de alta los casos y que, en base a un cuestionario de más treinta preguntas, permite hacer una valoración de riesgo de la víctima. En ese momento se le pregunta a la víctima si quiere una orden de alejamiento y si desea ser asistida por un abogado. La mayoría aceptan el asesoramiento de un letrado.

  • Juzgado.

  • Con cada alta en el programa VioGen se tramita una diligencia que se llega al Juzgado de Instrucción Número 5 o al de guardia, si la denuncia se produce en fin de semana, que se pronuncia sobre la orden de alejamiento o sobre el archivo del caso. En la mayoría de los casos, reconocidos como presunta violencia de género, se celebra un juicio rápido.

  • Asignación.

  • En función del lugar de residencia de la víctima, la vigilancia la asume la Policía Local o la Nacional. Esta decisión divide la ciudad en cuatro áreas y atiende a un criterio de funcionalidad. Dos las asume un cuerpo y las otras dos, el otro. Ambos trabajan de forma coordinada y en constante comunicación, y cuentan con el apoyo del resto de compañeros.

  • Evolución.

  • VioGen es un programa muy amplio en el que también se registran las diligencias que se establecen desde las instalacias judiciales para cada víctima, tales como órdenes de alejamiento o liquidaciones de condena de cada caso. Tanto los agentes de la Policía Local como de la Policía Nacional realizan valoraciones evolutivas sobre cada víctima periódicamente que registran en este programa.

  • Control.

  • Casi todas mujeres sobre las que el juez decreta activar un seguimiento disponen de un teléfono de respuesta rápida operativo las veinticuatro horas del día los 365 días del año. Es un terminal de Cruz Roja conectado directamente con el 112 y con conexión GPS. El juez puede asignar a los hombres potencialmente más peligrosos una pulsera COMETA, que también cuenta con un localizador para que salte la alarma cuando salte la orden de alejamiento.

Tras la última comisión técnica de seguimiento celebrada el pasado mes de diciembre, en la que participan miembros de todos los cuerpos de seguridad del Estado y personal del Ayuntamiento, se informó de que el número de mujeres víctimas de violencia de género que cuentan con una orden de seguimiento policial había subido hasta 107. Es la cifra más alta de los últimos años y aunque ninguna de ellas presenta un riesgo extremo o alto, preocupa no sólo el elevado número en sí sino la rebaja de la edad media de las víctimas. El problema, lejos de estar próximo a ser erradicado definitivamente, parece estar fuertemente enraizado en la sociedad.

De las diecisiete víctimas de violencia de género que tienen entre catorce y diecisiete años que están registradas en el conjunto del Principado, «alguna es de Avilés». Los agentes encargados de su protección no concretan el número porque la discreción es una de las claves de su trabajo, pero sí aproximan su edad a los dieciséis o diecisiete años.

Lo más inquietante es la sospecha de que existen muchos más casos de los que se denuncian ante la policía, que es el primer paso para activar el protocolo de protección establecido. «Son fundamentalmente los padres los que detectan el maltrato y los que traen a sus hijas», aseguran los policías que protegen a las víctimas en Avilés. Pero muchas veces estas situaciones no son advertidas por la familia porque ni siquiera la propia joven es consciente de estar sufriendo maltrato.

Aunque preocupantes, los de las menores son casos puntuales enmarcados en la tónica de rebaja de la edad media de la que hablan los agentes policiales especializados, la mayoría de ellos con más de ocho años de experiencia en esta unidad. Actualmente, un buen número de esas 107 mujeres avilesinas que protegen no sobrepasan los cuarenta años.

Todas ellas han tenido que presentar una denuncia por malos tratos en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Una vez tramitada, el equipo de la UFAM (Unidad de Familia) la traslada al juzgado de Instrucción Número 5, o el de guardia en caso de que esa denuncia se produzca durante un fin de semana. Es el juzgado el que dictamina sobre la denuncia (el 30%, aproximadamente, son archivadas) y la procedencia de conceder o no una orden alejamiento del agresor.

El juez se pronuncia en menos de veinticuatro horas y basa su criterio en los resultados del programa 'VioGen', el cuestionario con más de treinta preguntas que los agentes de la Policía Nacional tienen que responder y que, automáticamente, asigna un nivel de riesgo y las medidas de seguridad aconsejadas para la víctima. Sin ser perfecto, «es mejor que lo que había», reconocen los agentes de policía que protegen a las mujeres. «Además, nos da la opción de incorporar nuestra propia valoración si no estamos de acuerdo con el resultado que arroja el programa», añade un agente de la Policía Local.

No coinciden, en este sentido, con el catedrático asturiano de Derecho, y autor de un informe que señala los fallos del programa VioGen, Javier Fernández Teruelo, que propone asignar un escolta a cada una de las víctimas sin necesidad de que exista una denuncia.

Saben que en el País Vasco se está utilizando a muchos de los que fueron escoltas de políticos para esta misión, no obstante creen que sería inviable poder trasladarlo a todas las víctimas y en todo el territorio español. No hay más que ver que el mismo equipo de cuatro personas que antes vigilaba y controlaba a unas noventa mujeres, ahora se desdobla como puede para atender a 107.

En la rama de protección de mujeres de la Unidad Familar, que conlleva los acompañamientos a las víctimas, controles periódicos y registro informático de todo tipo de incidencias, antes trabajaban tres agentes y ahora sólo lo hacen dos, a las que el papeleo les consume una parte importante de la jornada. De ahí, que sean los compañeros de la Policía Local quienes asumen la protección, aproximadamente, de un 60% de las víctimas, siempre siguiendo una demarcación geográfica. Avilés, sobre plano, se divide en cuatro zonas y cada cuerpo asume la vigilancia de dos. En los de la Local está la Casa de Acogida, uno de los puntos críticos por definición. No sólo eso, las propias condiciones laborales de ambos cuerpos provoca que sean también los agentes locales los que se encarguen de los turnos de tarde y los del fin de semana.

«En todos los trabajos siempre se piden más y mejores medios, en este caso de lo que se trata es de optimizar los recursos», valoran, siendo muy conscientes de que el presupuesto es limitado. Una de estas medidas sería un lugar conjunto de trabajo. «Nos ahorraría mucho trámite intermedio y llamadas de teléfono entre nosotros», apuntan. Teniendo en cuenta que los agentes de la Policía Local, por tema competencial, no disponen de los mismos programas informáticos ni tienen acceso a las bases de datos sobre antecedentes penales con los que trabaja la Policía Nacional, contar con una oficina común de trabajo redundaría, según explican, en un mejor aprovechamiento del tiempo.

Cursos de autodefensa

Otra de las propuestas que lanzan es la activación de los cursos de autodefensa que el nuevo protocolo de prevención de violencia de género, activo desde el pasado mes de septiembre, propone. Una de las policías nacionales de protección de la UFAM es una de los veinte agentes de todo el cuerpo en España que cuenta con capacitación para impartir estos cursos sin que, hasta el momento, se haya aprovechado esta circunstancia.

No es labor suya definir y proponer soluciones, pero consideran que la educación desde edades muy tempranas es la clave para atajar estos comportamientos que suponen un desafío para una sociedad civilizada y un consumo de recursos cuando la víctima no colabora con su seguridad. «Si la mujer cumple con las medidas que se le sugieren, puede llevar una vida normal», afirman.

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