La Audiencia Provincial desestima el recurso de Hacienda contra Antón e Hijos

Jacobo Cuesta y Rafael Antuña, en su despacho de Gijón.
Jacobo Cuesta y Rafael Antuña, en su despacho de Gijón. / AURELIO FLÓREZ
  • La sentencia ratifica la dictada por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés que absolvía a los propietarios del concesionario de una acusación de fraude

Ya es firme. Nueve años después de iniciado el proceso judicial contra los propietarios del concesionario avilesino Automóviles Antón e Hijos por un presunto delito de fraude fiscal, pueden respirar tranquilos y pasar la página de una pesadilla que los ha minado moral y económicamente, «y por la que nadie les va a resarcir», apostillan sus abogados Rafael Antuña y Jacobo Cuesta. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por el Abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria y al que se adhirió el Ministerio Fiscal, en contra de la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés que el pasado mes de octubre absolvió a los responsables del concesionario y a otras siete personas responsables o trabajadores de empresas de intermediación en la venta de coches de un presunto delito fiscal al no abonar el IVA de coches adquiridos en Alemania.

La sentencia, ahora firme, reconocía que no había pruebas para sostener tal acusación y que no había «el más mínimo indicio de operaciones ficticias, ni de relaciones jurídicas inexistentes». La Agencia Tributaria acusaba al concesionario de vender los vehículos a precios por debajo del mercado y de no pagar el IVA. La defensa rebatió la primera acusación aportando tres archivadores con los boletines estadísticos de Ganvam (Grupo Autónomo Nacional de Vendedores de Automóviles, Camiones y Motocicletas), en los que se recogen los precios medios de los coches en función de su marca y características. Respecto a la segunda, la ley permite abonar este impuesto en el país en el que se compra el vehículo, «por lo que resulta imposible comprobar si el intermediario al que tú se lo adquieres lo ha pagado o no». «En cualquier caso, no es algo que se pueda achacar a nuestros clientes. Estas empresas ya existían antes de que llegaran ellos y vendían a todo tipo de concesionarios, incluso al oficial de Mercedes», resaltan.

Rafael Antuña y Jacobo Cuesta, que cogieron este caso tras el fin de la instrucción en 2012, se felicitan por el fallo de la Audiencia Provincial y reconocen que la absolución «en ningún caso» repara la «angustia, preocupación, pérdida económica y sufrimiento» de C. L. G. y J. L. S. «Para nosotros ha sido un caso muy importante y con una presión terrible porque sabes que tus clientes son inocentes, pero aún así tienes que ir a un plenario a defenderlo». Y en los juicios, aunque no son exactamente una lotería, nunca se tienen todas con uno mismo. El ejemplo en este caso fue un primer juicio celebrado en 2013 en el que no se había citado a las empresas que debían asumir la responsabilidad civil. Se celebró, se dictó sentencia (en la que C. L. G. fue absuelta) y después fue anulado por esos fallos en el procedimiento.

El segundo 'asalto' llegó tres años después, el pasado mes de septiembre. Se repitió entonces el mismo proceso: dos días en la sala de vistas con los mismos protagonistas y los mismos testigos a los que ya se había preguntado anteriormente sobre el particular y que podían llegar a este nuevo juicio con la lección aprendida o con las lagunas en sus anteriores respuestas subsanadas. Eso sí, con un juez distinto. En esta ocasión, el caso se juzgó en el Penal Número 1.

Informe pericial

Los letrados no aprecian un empecinamiento especial en la actuación del Abogado del Estado («es su trabajo»), pero sí censuran la forma de inspeccionar de la Agencia Tributaria que pone, aleatoriamente, la lupa sobre una empresa sin llevar a cabo una investigación más amplia de una presunta trama. Reconocen que una parte importante de su línea de defensa fue el encargo de un informe pericial, realizado por Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF) y socio fundador de Arsam, que pudo verificar que todas las facturas se correspondían con el bastidor de un coche vendido y que las cuentas del concesionario no presentaban ninguna grieta.