El Comercio

El PSOE vuelve a llevar al Pleno trece facturas de Festejos pendientes de pago

Ana Hevia, en su última comparecencia en los Juzgados avilesinos.
Ana Hevia, en su última comparecencia en los Juzgados avilesinos. / MARIETA
  • La concejala de Hacienda reitera que no tienen nada que ver con las supuestas irregularidades en el área y defiende su legalidad

Las polémicas facturas de Festejos regresan al Pleno. Son trece por importe de 18.722 euros generadas en ejercicios anteriores aún pendientes de pago, las mismas que en septiembre del año pasado el gobierno local retiró del orden del día en el último momento para facilitar así que otras que se habían incluido en el mismo bloque para su aprobación conjunta recibiesen el visto bueno, como a la postre sucedió. La oposición fundamentó su negativa a aprobar las relativas a Festejos en una serie de pagos irregulares desvelados por LA VOZ DE AVILÉS que son objeto de investigación por parte de la autoridad judicial.

La concejala del área, Ana Hevia, prestó declaración el pasado día 20 ante el Juzgado número 6 en el marco de la instrucción abierta a instancias de la Fiscalía para investigar si se produjo algún tipo de delito en la emisión de facturas. Según manifestó a la salida, sus competencias se limitaban a la «la planificación política» mientras que la supuestas irregularidades se habrían producido en otras fases de la tramitación «ajenas a mi intervención».

El gobierno local asegura que las trece que se llevarán al próximo Pleno no tienen nada que ver con las posibles irregularidades en Festejos y defiende su absoluta legalidad. «Los informes son favorables e Intervención les ha dado su visto bueno. No hay ninguna duda, salvo las de los partidos que se niegan a aprobarlas», manifestó en su día y reiteró ayer la concejal de Hacienda, Raquel Ruiz.

La fórmula escogida para aprobarlas también es la misma que fracasó en septiembre, reconocimiento extrajudicial de créditos, concebida para efectuar pagos de bienes adquiridos o servicios prestados por imprevistos o situaciones sobrevenidas que por tanto no estaban incluidas en el presupuesto municipal. «Es la única vía posible para aprobarlas, abonarlas y desatascar así una situación que genera incertidumbre con la Sociedad General de Autores de España (SGAE), acreedor de la mayoría», puntualizó ayer en alusión al convenio que se pretende firmar con la referida entidad. El objetivo es reducir el canon que en concepto de derechos de autor le abonan las asociaciones que organizan fiestas con actuaciones musicales y conciertos.

Música y uvas

Una de las facturas corresponde a la actuación de una formación musical cántabra en las fiestas de San Agustín 2012 con un repertorio a base de temas interpretados en 1912 por la orquesta del 'Titanic' junto antes de que el buque se fuese a pique. Según manifestó el PP en su día, el contrato se cerró de forma verbal, sin el debido soporte. Otra, a la compra de 259 latas de uvas para las campanas de Nochevieja de 2015 y una tercera a una exposición incluida en la última edición de Bitácora, en 2015, titulada 'Los barcos de fumo'.

Al margen de su origen, el abuso que, a su juicio, realiza el gobierno municipal de los reconocimientos judiciales de crédito es uno de los caballos de batalla de la oposición, especialmente de los tres partidos situados en el ala más a la izquierda y en menor medida del PP, que a la postre siempre ha terminado absteniéndose y permitiendo así el pago de facturas por esta vía. No así en las trece que volverán al Pleno para su aprobación.

«No estamos de acuerdo ni con las formas ni con su naturaleza. Simplemente son inasumibles», manifestó entonces el concejal popular Alfonso Araujo, quien observó en la decisión del gobierno socialista de retirarlas del paquete a la postre aprobado el pasado mes de septiembre «una prueba de que el área de Festejos no funciona».

Las supuestas irregularidades en Festejos salieron a la luz a raíz de facturas emitidas a nombre de charangas del Antroxu ya desaparecida que estas nunca cobraron. El Ayuntamiento abrió entonces una auditoría que concluyó que «no se gestionó conforme al ordenamiento jurídico y deben considerarse no justificados fondos por un importe de 16.664 euros».

La alcaldesa remitió el informe a la fiscalía y el juez decidió abrir una investigación para determinar si se cometieron delitos de malversación y administración desleal en la gestión de la cuenta restringida de pagos a justificar de Festejos.

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