Alejandro Cueli.
Alejandro Cueli. / MARIETA

IU sigue viendo una «vinculación» de Avilés y Corvera en el 'caso Aquagest'

«El proceso de privatización del agua en Avilés está ética y políticamente invalidado porque los partidos que apoyaron la propuesta de la compañía Aquagest lo hicieron por codicia y enriquecimiento personal y no por defender los intereses de los avilesinos». Así de tajante se mostraba ayer Alejandro Cueli, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, al valorar el escrito de acusación de la Fiscalía del Principado sobre el denominado 'caso Aquagest' que señala hasta a once imputados.

A pesar de que este auto afecta a la adjudicación de las piscinas públicas del Ayuntamiento de Corvera y a su exalcalde, Luis Belarmino Moro, desde IU insisten en ver una implicación de los hermanos Villalba, Miguel Ángel y Elena, también en el proceso de privatización avilesino en calidad de concejales de Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) -ambos se enfrentan a una petición de hasta siete años de cárcel por delitos de falsedad documental y cohecho-.

Cueli recordó que en 2009 Miguel Ángel Villalba, a semejanza de todos los concejales en aquel momento -PSOE y PP- salvo los dos de Izquierda Unida, votó a favor de la propuesta realizada por el gobierno socialista para que Aquagest asumiese la gestión del agua en la ciudad. «Tal y como recoge el escrito del fiscal, se ha demostrado que el voto de Villalba estaba comprado por medio millón de euros para contribuir así a la financiación de su campaña política», aseguró el portavoz a la vez que insistió en la existencia de «un plan organizado para enriquecerse de forma fraudulenta a cambio de favores ilícitos a Aquagest».

Así, las acusaciones vertidas ayer desde la agrupación se centraron en recalcar las vinculaciones de los casos en Avilés, Corvera e incluso Lugo. «Tampoco nos olvidamos de que un informe de la Agencia Tributaria de Lugo señala a Joaquín Aréstegui como colaborador activo de la empresa ni de que Henry Laíño, el representante de Aquagest que se encargó de formalizar también el contrato en Avilés, está imputado y le piden tres años de cárcel», prosiguió Alejandro Cueli.

Los miembros de Izquierda Unida reiteraron una vez más «las presiones» a las que estuvieron sometidos en su momento por declararse abiertamente en contra de todo el proceso. «Pilar Varela llegó incluso a decirme que me llevaría al juzgado», aseveró el político. La agrupación finalizó ayer su intervención dirigiendo una petición tanto a la exalcaldesa como a Mariví Monteserín y a Álvaro Álvarez y Luis Ramón Hurga, exsecretario y secretario del PSOE Avilés, respectivamente, «para que den públicamente todas las explicaciones necesarias a una ciudadanía, que está harta de la corrupción y abran de una vez la comisión de investigación».