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J. F. GALÁN
Domingo, 23 de abril 2017, 02:17
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La laguna abierta a raíz de la finalización del contrato con la empresa que se encargaba de recaudar las multas y de los problemas surgidos para volver a sacarlo a concurso ya tiene consecuencias. La tercera parte de las impuestas desde el 31 de septiembre, la fecha en la que expiró el contrato, ya han prescrito y por tanto no se podrán cobrar, con el consiguiente deterioro para las arcas municipales. En concreto son 3.211 frente a otras 6.726 que sí se han tramitado debidamente a través de los servicios de recaudación municipales, que se hace cargo del proceso desde el 1 de octubre.
Infracciones tramitadas desde el 1 de octubre.
han prescrito desde la misma fecha y no se podrán cobrar.
El gobierno local carga las culpas en la oposición, ante su negativa de aprobar, mediante reconocimiento extrajudicial de créditos, la partida económica que hubiera permitido prorrogar el contrato de la anterior concesionaria hasta que se resolviese el nuevo concurso de adjudicación, mientras que la oposición acusa al gobierno de no haber abierto el proceso con la suficiente antelación y, cuando finalmente lo hizo, de forma incorrecta.
El contrato salió a licitación en agosto del año pasado con un presupuesto base ligeramente superior al millón de euros por un total de cuatro años. Poco tiempo después dos de las potenciales empresas aspirantes interpusieron recurso al considerar que una de las cláusulas, que exigía que los candidatos dispusiesen físicamente de una oficina en el municipio, no se ajustaba a derecho, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos se pronunció a su favor. La resolución, emitida el 17 de febrero, considera que dicha cláusula era «desproporcionada» y declaró nula la convocatoria.
El concejal del Partido Popular Alfonso Araujo tachó entonces las bases de «traje a medida» confeccionado, a su juicio, con ánimo de favorecer a una determinada empresa, afirmación tajantemente rebatida por el concejal de Promoción Económica, Manuel Campa. Según dijo, se limitaban a exigir lo que calificó de máximas cotas de solvencia técnica y económica con el fin de que la empresa finalmente adjudicataria ofreciese el mejor servicio posible dentro de un rango de precios razonable.
Una vez conocida la resolución que anula el primer contrato el Ayuntamiento desistió del procedimiento de adjudicación e inició los pasos necesarios para volver a sacarlo a concurso con la corrección propuesta por el tribunal.
En este sentido, ha solicitado al Consejo Consultivo del Principado de Asturias un informe que defina cuáles son los parámetros que debe ponderar el órgano de contratación al considerar la experiencia de los licitadores y cuantifique los medios humanos, como criterios de solvencia técnica en este contrato, al objeto de lograr que los mismos no resulten discriminatorios o restrictivos de la competencia y evitar así que el nuevo procedimiento de licitación vuelva a ser impugnado con éxito.
Tras el cierre de la oficina en la que prestaba el servicio la anterior empresa, sita en la calle de Cabruñana, las multas de tráfico seguirán tramitándose por personal municipal en las dependencias de Atención Ciudadana, sitas en el Ayuntamiento.
Con tal fin se han tramitado diversos expedientes desde el 1 de octubre, el día en que venció el contrato con la anterior adjudicataria. Son cuatro: asistencia técnica para el uso y mantenimiento de una aplicación de gestión de sanciones de tráfico y su recaudación voluntaria, procesamiento e impresión de ficheros de notificación que se envían al servicio de correos relativos a procedimientos sancionadores, asistencia jurídica en materia de procedimiento sancionador y portal tributario para gestión de cobros. Con todo, lo dicho: 3.211 multas han prescrito y ya no se podrán cobrar.
El concejal de Urbanismo y portavoz del grupo municipal socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, recrimina la actitud de la oposición. «En condiciones normales la anterior concesionaria podría haber continuado presentado el servicio hasta que se resolviera la nueva adjudicación, como ocurre con otros contratos cuya renovación se retrasa por circunstancias totalmente ajenas al Ayuntamiento y que tienen que ver con recursos promovidos por empresas. Esta situación, legitima desde el punto de vista empresarial, no tendría que afectar a la prestación del servicio, pero el cambio de sentido del voto de la oposición respecto a los reconocimientos de créditos ha impedido esta opción y provocado daños a las arcas municipales».
Zonas verdes
Aludió como ejemplo al contrato de mantenimiento de zonas verdes, cuya licitación se retrasó igualmente a raíz del recurso presentado por una empresa potencialmente interesada en presentarse al concurso. Fernández Huerga recuerda que durante el tiempo transcurrido hasta la adjudicación definitiva «nadie se planteó dejar de prestar el servicio de mantenimiento de zonas verdes, que se mantuvo gracias a que el Pleno aprobó los reconocimientos de créditos necesarios para pagarlo. Esa tendría que haber sido la práctica a seguir en el caso de las sanciones, pero el cambio de actitud de la oposición lo ha impedido», concluyó el concejal de Urbanismo.
El reconocimiento de crédito es una fórmula concebida para efectuar pagos de bienes adquiridos o servicios prestados surgidos por imprevistos o situaciones sobrevenidas que por tanto carecían de una partida concreta en el presupuesto. Consiste en restar dinero asignado a uno o varios capítulos para así hacer frente a la nueva necesidad, y precisa el apoyo del Pleno.
La oposición entiende que el gobierno local abusa de ella y desvirtúa así las cuentas inicialmente aprobadas por la Corporación, postura que le ha llevado a bloquear varias propuestas. La próxima semana presentará una nueva por importe de 18.722 euros correspondientes a trece facturas del área de Festejos generadas en ejercicios anteriores pendientes aún de pago, las mismas que en septiembre del año pasado retiró del orden del día para facilitar así que otras que se habían incluido en el mismo bloque para su aprobación conjunta recibiesen el visto bueno, como a la postre sucedió.
La decisión de mantener la externalización del servicio de recaudación de multas ha sido criticada por Izquierda Unida y por el sindicato Avanza, que reclaman que vuelva a ser de ámbito municipal.
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