Bueno y Chaves, a un paso del banquillo por el convenio urbanístico de Quintanas de Chacón

Enrique Bueno, exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Corvera por Izquierda Unida, y Ramón Menéndez Chaves, el secretario municipal, están a un paso de sentarse en el banquillo por presunta conducta delictiva en el marco de sus actuaciones en torno al convenio urbanístico de Quintanas de Chacón, en Las Vegas. La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Avilés observa que podría ser constitutiva del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios y, en el caso de Bueno, también de uno de cohecho, por lo que concede a la Fiscalía y a las acusaciones particulares diez días para solicitar la apertura de juicio oral.

La jueza ve indicios de que, como mantiene el promotor, Bueno vinculase su aprobación a que le pagase 600.000 euros, cuatro veces la cantidad que le ofertaba, por una finca sita en el área de actuación de la que es copropietario y de que a raíz de su negativa decidiese abortar el convenio y sustituirlo por otro que favorecía sus intereses particulares y perjudicaba los de otros propietarios. Según recoge el auto, el nuevo, a la postre el aprobado, pendiente de ejecución, incrementa de 187 a 838 metros cuadrados la edificabilidad de su finca a la vez que la libraría de cargas que sí tendrían que soportar otros titulares de fincas afectadas por el convenio

La decisión judicial se ha adoptado después de que la Audiencia Provincial decretase la reapertura del caso. Recoge que en base a las diligencias practicadas se desprende que Bueno y el promotor acordaron en 2007 un convenio para rehabilitar Quintanas de Chacón, una céntrica zona muy degradada. Contemplaba demoler las casas existentes y construir 300 viviendas en varios bloques, que la actuación se realizaría por el sistema de cooperación, conjuntamente entre todos los propietarios, y que el promotor adquiriría al menos la mitad de las fincas. El auto puntualiza que Bueno había exigido al promotor «que tendría que adquirir la de su copropiedad».

Las negociaciones se congelaron tras la moción de censura que en 2008 dio la alcaldía a Luis Belarmino Moro (USPC), y se reanudaron en 2011, cuando PSOE e IU recuperaron el gobierno en base a un pacto postelectoral. El número de viviendas se aumentó a 326, «manteniéndose no obstante el desarrollo a través de la junta de compensación con reparto de beneficios y contribución a las cargas entre los titulares de manera proporcional». Una vez cerrado el acuerdo, prosigue el auto, «el día 12 quedaron emplazados para reunirse con el alcalde -el socialista José Luis Vega- el día 23 y firmar el convenio».

En julio y agosto de 2011 Bueno y el promotor «retoman las negociaciones para la compra de la propiedad del primero, «y ante la oferta de 150.000 euros le pidió en varias ocasiones y le insistió en que quería 600.000 euros», precio que fue rechazado al estimar que «era totalmente desorbitado». Bueno habría decidido entonces «abortar la suscripción del convenio para promover en su lugar un cambio radical con la finalidad de beneficiar su propiedad en perjuicio de los intereses de los restantes propietarios». Lo habría hecho introduciendo en las negociaciones «una nueva exigencia, consistente en la cesión gratuita al Ayuntamiento de cien plazas de garaje bajo rasante, cosa que como conocía el señor Bueno era inasumible para la promotora».

Una vez frustrada la negociación, el entonces concejal de Urbanismo «gestionó un cambio radical en la redacción del plan general de ordenación urbana con un resultado muy favorable para la consideración urbanística del inmueble del que era titular, a la par que abiertamente perjudicial para los intereses del promotor, pues apartándose de las normas subsidiarias de 1996 y de lo que se había negociado se pasó a establecer condiciones urbanísticas diferentes para las distintas zonas, centrando las más ventajosas en la propiedad del concejal».

Seis más bajo cubierta

El auto concreta que pasó a ser suelo urbano consolidado, «en gestión directa y sin cesiones pendientes, a la par que aumentaba notoriamente su aprovechamiento patrimionializable», en alusión directa al referido aumento de edificabilidad, que le permitiría construir seis alturas más bajo cubierta en lugar de las dos que tenía hasta entonces. El cambio radical que señala la jueza también «empeoraba ostensiblemente la situación urbanística del promotor y del resto de propietarios sobre los que contaba con opción de compra, que pasaron a asumir las cargas que antes soportaban todos los propietarios».

A partir de ahí, concluye que el día en que el nuevo convenio fue sometido a votación plenaria para su aprobación, Bueno, «pese a tener un evidente interés en que el mismo saliera adelante, no se abstuvo, lo que hizo con el beneplácito del secretario de la Corporación -Menéndez Chaves-, que si bien había emitido un informe en el que no llegaba a concretar si el señor Bueno podía votar o no, en el transcurso de la sesión plenaria afirmó de viva voz que sí podía hacerlo». Cabe precisar que dada la composición de aquella Corporación el voto de Bueno era determinante.

Tanto el convenio original como el sustituto se negociaron en tiempos en los que PSOE e IU sustentaban el Gobierno de Corvera, presidido por el socialista José Luis Vega, que en mayo de 2014 presentó su dimisión por motivos personales. Iván Fernández, su sucesor y actual alcalde, con mayoría absoluta desde 2015, no quiso pronunciarse ayer sobre el asunto.

«No haremos ninguna manifestación hasta que no haya una sentencia firme, hay que dejar trabajar a la Justicia con independencia. Es la postura que hemos mantenido en todos los procesos judiciales en los que hay o ha habido políticos imputados», dijo al respecto.

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