El Comercio

El debate plenario sobre las escuelas infantiles no logra ningún tipo de avance

Marquínez, en la parte superior izquierda de la foto, durante su intervención.
Marquínez, en la parte superior izquierda de la foto, durante su intervención. / PATRICIA BREGÓN
  • El PP se abstiene de solicitar la dimisión del concejal de Recursos Humanos, que supedita las decisiones a los informes técnicos

Nada nuevo aportó el largo debate sobre las educadoras de las escuelas infantiles celebrado ayer en el Pleno, un cruce de reproches y acusaciones que, al margen de consideraciones políticas, terminaron en el punto de partida. La posibilidad de que sus reivindicaciones sean finalmente atendidas se supeditan al contenido de los informes técnicos encargados para determinar si es viable incluirlas en la Relación de Puestos de Trabajo Permanente (RPT) del Ayuntamiento y elevar su categoría laboral a la que aseguran les corresponde y, en consecuencia, sus remuneraciones. Es la misma conclusión a la que ya se había llegado en el Pleno del mes pasado.

El PP había manifestado la víspera que pediría la dimisión o el cese del concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, si no le convencían las respuestas a las veinte preguntas que le planteó sobre las escuelas infantiles. Y en base a lo que expresó tras escucharlas no le convencieron. «No ha contestado a nada. Ha perdido la ocasión de explicar a qué acuerdos ha llegado y de tranquilizar a los padres y a las educadoras. Lejos de resolver el problema se ha convertido en el problema», manifestó el concejal Francisco José Zarracina. Con todo, no hubo solicitud de dimisión. Es más, «si su trabajo de esta semana han sido estas veinte preguntas no sé quién tendrá que marcharse. Igual su grupo y sus votantes se lo agradecerían», contestó Marquínez.

Marquínez anunció que el Juzgado de lo Social Número 2 de Avilés había anulado los servicios mínimos de la huelga mantenida días atrás las educadoras, a la postre suspendidos mediante medida cautelar, al considerarlos excesivos. A partir de ahí defendió su gestión pese a admitir que «quizá no lo hemos hecho del todo bien». Marquínez aseguró que mantener a las educadoras en un anexo en la RPT «es legal» y se mostró contrario a incluirlas en dicho documento, decisión que en todo caso pospuso hasta que los referidos informes estén sobre la mesa y la cuestión se aborde en otra sesión plenaria.

El concejal de Recursos Humanos hizo hincapié en que la clave de todo «viene derivada de cómo se financie esa actividad, no olvidemos que estamos únicamente ante un conflicto de reivindicación salarial. Hablar es gratis, administrar es más complicado», añadió.

También dijo que «mientras haya un conflicto no negociamos, lo que no quiere decir que no haya contactos», y que el Ayuntamiento «nunca puso impedimentos para llegar a un acuerdo y se decretaron los que considerábamos necesarios para atender a los niños». Sobre el fondo del asunto, insistió una y otra vez en que las decisiones se tomarán en un Pleno una vez recibidos los informes, a la vez que advirtió de «las repercusiones que podría tener para las arcas municipales».

Primitivo Abella fue la voz de Somos en el debate. Aseguró que «existe discriminación salarial» y que «el derecho a la huelga fue entorpecido», defendió la inclusión de las educadoras en la RPT y advirtió que «al final puede decidir un juez».

Llarina González, de IU subrayó que «se trataron de imponer los servicios mínimos», Carmen Pérez Soberón, de Ciudadanos, manifestó que «la solución debe tomarse aquí, a corto plazo, y pasa por la negociación salarial», mientras que Agustín Sánchez, de Ganemos, preguntó si se pensaba transferir al servicio al Principado. «Yo no pido informes, yo no marco plazos», contestó Marquínez.

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