El Comercio
Francisco J. Zarracina.
Francisco J. Zarracina. / MARIETA

El PP pide ahora la dimisión de Raúl Marquínez por la gestión del ciclo 0 a 3

  • Zarracina considera que las explicaciones del concejal de Recursos Humanos sobre el conflicto con las educadoras no fueron satisfactorias

El Partido Popular solicitó ayer la dimisión del concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, por su gestión en el conflicto con las educadoras del ciclo de 0 a 3 años. El PP había condicionado tal medida a las explicaciones del edil en el pleno del pasado jueves y, aunque en un primer momento optó por la prudencia y por esperar a los informes técnicos encargados sobre la viabilidad de las demandas de las educadoras, se lo pensó mejor y ayer pidió su dimisión.

El concejal popular Francisco José Zarracina cree que Marquínez «desaprovechó la ocasión de dar explicaciones y tranquilizar tanto a madres y padres como a las propias trabajadoras». Consideró, además, que contestó «con el mayor de los desprecios». «No es el primer capítulo de este concejal que se une a la pérdida de planes de empleo, en el ayuntamiento con mayor porcentaje de interinidad entre sus trabajadores municipales y que rompe con todos los derechos constitucionales cuando se niega a negociar con los trabajadores cuando estos adoptan como medida de presión la huelga o un encierro», recordó.

Aparte de pedir su dimisión, el PP le sugiere que sea «dialogante» y que «crea en el mayor activo del Ayuntamiento, que es su personal». Zarracina cree que el rechazo del concejal de Recursos Humanos de cualquier petición de subida salarial, aduciendo una carga imposible para el Ayuntamiento, no casa con el apoyo que sí se brinda a las empresas. «¿Hay o no dinero?», se preguntó Francisco José Zarracina.

Somos 'descubre' al concejal

En la misma línea se expresó también Somos. Los concejales Primitivo Abella y Llarina González señalaron que «la comparecencia del concejal de personal (la primera en esta legislatura) sirvió para quitar razón al Gobierno en su gestión del conflicto de las escuelas infantiles».

Creen que sus respuestas aclararon los errores cometidos. En primer lugar, cuando preguntado por su decreto de servicios mínimos, posteriormente anulado por la justicia, afirmó que «no lo hicimos bien del todo»; en segundo lugar, al reconocer que la reivindicación de las trabajadoras de equiparación con el resto de la plantilla es legalmente posible afirmando «por supuesto que se puede estar en la RPT permanente». «Quien no pareció enterarse de las respuestas del concejal fue la alcaldesa, que volvió a repetir los argumentos que usa desde el inicio del conflicto y a justificar lo que ya, ni siquiera el concejal de recursos humanos, se atrevió a defender», insistieron.

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