«Quiero ir a juicio, no tengo nada que ocultar»

Enrique Bueno, exconcejal de Urbanismo de Corvera por Izquierda Unida, no recurrirá el auto que le sitúa a él y al secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves, a un paso de sentarse en el banquillo por presunta conducta delictiva en el marco de sus actuaciones en torno al convenio urbanístico de Quintanas de Chacón, en Las Vegas.

«Quiero ir a juicio. No tengo nada que ocultar porque toda mi actuación ha sido correcta y porque quiero desmontar las mentiras del promotor. Él se escapó cuando la Audiencia Provincial archivó mi denuncia por injurias y calumnias, pero yo quero verle delante de un tribunal. No es cierto que le pidiese 600.000 euros por mi casa ni tampoco que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGO) me beneficie», manifestó ayer, un día después de que se conociese que el Juzgado de Instrucción Número 4 abriese la puerta al juicio oral

La jueza observa indicios de que, como denuncia el promotor, Bueno vinculase su aprobación a que le pagase la referida cantidad, cuatro veces la cantidad que le ofertaba, por el inmueble del que es copropietario sito en el área de actuación y de que a raíz de su negativa abortase el convenio y lo sustituyese por otro que favorecía sus intereses particulares. Así, incrementa, según el auto, la edificabilidad de su inmueble de 187 a 838 metros cuadrados a la vez que la libraría de cargas que sí tendrían que soportar otros titulares afectados por el convenio, que por tanto resultarían perjudicados.

También le recrimina que votase en el Pleno que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana que recoge el convenio de Quintanas y al secretario municipales que le autorizase «de viva voz» a hacerlo después de que en el informe previo «no llegaba a concretar si el señor Bueno podía votar o no».

En consecuencia aprecia la posibilidad de que incurran en supuestos tipificados como delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios y en el caso del exconcejal de Urbanismo también de cohecho. El auto concede diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que soliciten apertura del juicio oral y tres a los investigados para que lo recurran, acción que Bueno no ejercerá.

Bueno sostiene que su propiedad, construida en 1960, tiene 120 metros de superficie tanto en escritura como en catastro, por lo que «se pongan como se pongan el promotor y sus apoyos, es imposible que me pueda beneficiar de la situación. Según la normativa aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGO) para construir en seis alturas en mi finca se necesitan 160 metros cuadrados».

El auto ha sido dictado después de que la Audiencia Provincial ordenase la reapertura del caso, previamente archivado. En la correspondiente resolución, el órgano colegiado subraya que «se ha argumentado que siendo la parcela del imputado de gestión directa y residencial edificación cerrada teniendo una superficie de 122 metros cuadrados no alcanzaba la mínima exigida en el PGO para que una parcela sea edificable, que es de 160 metros cuadrados, con lo que vendría a cuestionarse que la modificación del PGO le supusiera una ventaja o beneficio».

Con un colindante

El órgano colegiado pone tal afirmación en tela de juicio y añade que «lo que es incontrovertido es que el señor Bueno podría edificar en su parcela con solo ponerse de acuerdo con un colindante, ya que le faltan nada más que 38 metros para cubrir el mínimo. Por lo demás, el argumento de que si el señor Bueno quisiera beneficiarse con el nuevo plan podría haber modificado la superficie mínima no es de recibo, ya que el que no se procurara esa ventaja mediante la reducción de la parcela mínima -lo que resultaría un dato altamente relevante- no empece que no se haya procurado ninguna otra».

Bueno también apela a que «la propuesta de construir en torno a 400 viviendas -la jueza habla de 326- como pretendía el promotor no se aprobó porque había un informe contrario de la ingeniero municipal. De haberse aprobado su propuesta estaríamos ante un pelotazo urbanístico, uno más de los cientos realizados en este país, cuestión a la que no estamos dispuestos ni yo como concejal ni en el gobierno municipal de IU-PSOE», al frente del Ayuntamiento en los años en los que se negoció el convenio y también cuando se sustituyó por uno nuevo que resultó aprobado. El voto de Bueno era decisivo.

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