La abogada acusada de estafar a sus clientes se enfrenta a diez años de cárcel

La acusada, en el juzgado. / LVA
La acusada, en el juzgado. / LVA

La Fiscalía también pide para ella cuatro años de inhabilitación profesional y una multa de 67.500 euros. Será juzgada el 23 de octubre en la Audiencia Provincial

C. R. / F. B. AVILÉS.

A. M. R. F., la abogada avilesina que presuntamente estafó a decenas de clientes entre 2001 y 2013, será juzgada el 23 de octubre en la Audiencia Provincial como presunta autora de un delito de deslealtad profesional, de apropiación indebida y de falsedad en documento público, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de prisión, cuatro años de inhabilitación profesional y 67.500 euros de multa. La mujer estuvo ingresada en estado crítico en el Hospital San Agustín tras precipitarse de un tercer piso en un edificio de Piedras Blancas poco después de que estos hechos salieran a la luz pública, en 2014.

La Fiscalía propone el testimonio de 48 personas para dilucidar si, efectivamente, A. M. R. F. estafó miles de euros a los 39 clientes que el Ministerio Público identifica en su escrito de acusación. A su petición de penas se añadirá la de los abogados de los perjudicados.

Según consta en el escrito, la acusada era la administradora única de una sociedad que compartía con otro compañero de profesión. Entre los años 2001 y 2013, se quedó con las cantidades abonadas por su clientes, «así como otras efectuadas por terceros para entregar a sus clientes», al tiempo que, en algunos casos, «confeccionó documentos oficiales y manipuló resoluciones judiciales que tenía en su despacho pertenecientes a otros procedimientos judiciales y que entregó a sus clientes para evitar ser descubierta y creándoles así expectativas infundadas sobre sus pretensiones».

Entre las actuaciones delictivas que habría cometido la letrada están el engaño a un cliente al que, en 2003, animó a pedir daños morales contra quienes le habían sentado en el banquillo por un presunto delito de falsedad documental en documento mercantil del que fue absuelto. Le informó de que había presentado la demanda en el juzgado de Pravia, pese a que no lo había hecho y, a mediados de 2007, confeccionó una sentencia que aparentaba haber sido emitida por dicho órgano y en la que se condenaba a su cliente al pago de 30.000 euros.

A otro de sus clientes que le encomendó la gestión y tramitación del cobro de una póliza con una entidad bancaria por importe de 4.300 euros, derivada del fallecimiento de su hermano, la abogada le cobró 1.500 euros de honorarios y 4.150 en concepto de abono de liquidación complementaria de impuesto de sucesiones, «cantidades que hizo suyas, pese a no haber realizado ninguna gestión».

A un hombre que le solicitó la reclamación judicial de una cantidad adeudada de 46.634 euros, la acusada fue informándole de supuestas acciones judiciales que no realizaba, pese a lo cual le pedía dinero en concepto de provisión de fondos. Con el paso del tiempo, y ante la insistencia del cliente, le entregó una diligencia de ordenación, confeccionada por ella misma, en la que se le citaba a comparecer en los Juzgados de Avilés.

El resto de los casos son muy parecidos. En todos, y en distintas partes de Asturias, principalmente en el occidente, la abogada solicitaba dinero al cliente en concepto de provisión de fondos para gestiones que nunca realizaba. Muchos de los clientes que acudieron a ella pedían su gestión en temas de herencias y división de patrimonios.

Como en 2011, cuando una mujer de 84 años le pidió que la representante a ella y a un hermano que vivía en Argentina en un juicio ordinario en Castropol. Las partes alcanzaron un acuerdo por los que la octogenaria recibió 112.540 euros, de los que la mitad pertenecían a su hermano. Sin embargo, la convenció para que ingresase la suma perteneciente a su hermano en una cuenta bancaria abierta al efecto en la que ella estaba como autorizada. Se quedó con los 54.300 euros.

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