Archivan la causa de las facturas de Festejos al no apreciar el juez «daño al erario municipal»

La concejala Ana Hevia, en una visita el año pasado a la nave donde se realizan los artilugios del Descenso de Galiana.
La concejala Ana Hevia, en una visita el año pasado a la nave donde se realizan los artilugios del Descenso de Galiana. / MARIETA

El auto esgrime que las irregularidades detectadas no conllevan ninguna responsabilidad de carácter penal

RUTH ARIAS AVILÉS.

El caso de las facturas irregularidades en el departamento de Festejos ha quedado archivado. Algo más de un año después de que LA VOZ DE AVILÉS sacase a la luz pública que se estaban investigando pagos anómalos en la concejalía, el titular del juzgado de Instrucción Número 6 de Avilés, José Antonio Moreno Gomis, ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de las mismas, por considerar aunque «no se ha producido un daño real y efectivo en el patrimonio del Ayuntamiento».

El juez considera que ha quedado acreditado que los pagos y disposiciones efectuadas se emplearon «en pago de prestaciones o servicios del mismo», es decir, que el dinero se utilizó para sufragar gastos de Festejos, pese a que no fueran aquellos que figuraban en la contabilidad municipal, como quedó acreditado durante el proceso de auditoría interna que llevó a cabo el Ayuntamiento con ayuda de una empresa externa.

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Se detectaron entonces anomalías por valor de 16.664 euros a lo largo de cuatro ejercicios, desde principios de 2013 hasta junio de 2016. La mayor parte del dinero, 10.994 euros, correspondía a facturas y recibís falsos, mientras que había otros 5.670 euros que se habían justificado con documento alguno.

A lo largo de los últimos meses, el juez ha estudiado diversos informes, los más recientes un nuevo escrito de la Intervención municipal, con fecha del 5 de mayo, y los de los economistas Jesús Sanmartín y Mónica García, del 24 de julio, así como el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas. En este último concluye que «las irregularidades advertidas han quedado solventadas a través de las alegaciones y documentación aportada por la Intervención municipal de Avilés» y, en consecuencia, «no se parecía ninguna circunstancia que pudiera ser constitutiva de malversación o alcance».

Tanto a la concejala Ana Hevia como al gerente del departamento de Festejos se les investigaba como presuntos autores de un delito de malversación y otro de administración desleal, que no se han acreditado puesto que «la salida de fondos ha quedado justificada por una finalidad pública afecta a las competencias municipales».

Después del análisis de toda la documentación, y de tomar declaración tanto a los investigados como a diversos testigos, el juez ha considerado que «aun cuando se pudieran haber infringido normas de carácter presupuestario y contables», estas no conllevan responsabilidad penal, por lo que ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones «sin perjuicio de que las infracciones cometidas al no actuar del modo presupuestaria o contablemente previsto deban dar lugar a la responsabilidad correspondiente a depurar en el ámbito adecuado a tal fin».

Un respiro

Pese a ello, esta decisión judicial supone un respiro tanto para el gerente de Festejos, cuyos métodos de trabajo llevan un año en el candelero, como para la propia Ana Hevia, que ayer no quiso entrar a valorar el auto judicial. De hecho, Hevia no solo ha tenido que pasar por el trago de ir a declarar al juzgado, sino que también ha tenido un evidente desgaste político, hasta el punto de que a finales de noviembre fue reprobada por el Pleno con el único apoyo de sus compañeros del Partido Socialista.

El departamento de Festejos ha sufrido un vuelco y es ahora mucho más riguroso. El Ayuntamiento ha establecido diferentes sistemas de pago y se han desterrado algunas prácticas habituales en la concejalía como la emisión de cheques al portador e, incluso, el pago por adelantado de determinados servicios. La cuenta de pagos a justificar que generó la polémica, a través de la cual se abonaban los gastos y, posteriormente, el receptor tenía dos meses de plazo para presentar la factura, ha desaparecido, y ahora se espera a tener primero el justificante antes de que el dinero salga de las arcas municipales.

Las fiestas, a grandes rasgos, han podido seguir el mismo esquema de otros años, aunque el Antroxu, la cita que concentraba la mayor parte de las anomalías, han mantenido sus actividades, y el único cambio ha sido que ya no se cuenta con algunos pocos colaboradores habituales de los que cobraban sus servicios «en negro».

En cualquier caso, el juez ha considerado que no hay «indicios racionales de criminalidad para estimar la presencia de un delito», aunque esto no implica que el procedimiento pueda ser reabierto en el futuro «si se aporta algún elemento de prueba que contribuya al esclarecimiento de los hechos y que pueda determinar la atribución de responsabilidad por los mismos». La clave está en el mismo argumento que el gobierno defendió desde el primer día: que el dinero no se había utilizado en beneficio propio, sino para abonar otros bienes y servicios dentro del mismo departamento, aunque se hubiera hecho «siguiendo un mecanismo distinto al previsto reglamentariamente en cuanto el modo en que deben ser hechos los pagos.

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