Un ardid legal permite al PSOE aprobar el presupuesto de Avilés tras un polémico debate

El problema se generó después de la presentación de una alegación del sindicato Avanza en la que reclamaba que, cumpliendo el convenio municipal, el gobierno sacase la relación de puestos de trabajo (es decir, la descripción de la plantilla municipal) a información pública. Era una propuesta envenenada para el PSOE, toda vez que, de cumplirla, la aprobación de las cuentas se podría retrasar hasta junio o julio, boicoteando toda la gestión de unos presupuestos importantes por ser el actual un año preelectoral.

Toda vez que, como señaló la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, en el debate la gestión del presupuesto había cumplido la normativa de transparencia y la alegación no alteraba ni un céntimo de las cuentas, los técnicos municipales propusieron una solución original: rechazar la alegación, pero iniciar una información pública de los puestos de trabajo que habían sufrido modificaciones (62 alteraciones, según indicó Primitivo Abella, de Somos, en algunos casos sobre el mismo puesto) vinculada a un expediente diferente del presupuesto municipal.

Para reforzar esa idea, se cambió la denominación del punto del orden del día eliminando la aprobación del presupuesto y sustituyéndola por resolución de alegaciones. En ese escenario comenzó el debate. La oposición recriminaba al gobierno la falta de transparencia en la gestión de personal, aunque iban anunciando que aprobarían al expediente, aunque no el presupuesto.

Y ahí surgió el problema. Porque la aprobación del expediente incluía cuatro conclusiones: admitir a trámite la reclamación, desestimar la publicación con el presupuesto; aceptarla con un expediente diferente al presupuesto y aprobar el presupuesto.

Ese punto era el conflictivo. El PP dejó claro que votarían en contra; Somos estaba por la abstención, aunque no querían apoyar el presupuesto; los no adscritos apoyaban todo, Ganemos votaba en contra del presupuesto; IU también, mientras que Ciudadanos no se pronunciaba. En un momento, ante el gobierno surgió la posibilidad de que el Pleno rechazase la aprobación definitiva, un escenario nada favorecedor para el gobierno. En un informe de urgencia, la interventora señaló que la votación de la aprobación definitiva era necesaria para cumplir la ley.

En ese punto, Primitivo Abella, de Somos, apeló a una sentencia del Tribunal Supremo, aunque la interventora se mantuvo firme en la necesidad de tener que votar la aprobación definitiva. El conflicto, como señaló el portavoz del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, surgía de la existencia de un proceso de aprobación del presupuesto previo a la incorporación de la cuestión de confianza. Sin ésta, la aprobación inicial aseguraba una mayoría en la aprobación definitiva; algo que no sucede en la cuestión de confianza.

En ese contexto, Abella planteó una aprobación por partes como vía para solucionar el conflicto. La alcaldesa optó por suspender la sesión y convocar una reunión de portavoces para analizar la situación.

La reunión de portavoces no llegó a celebrase como tal, ya que la regidora la transformó en un encuentro de concejales para analizar la situación. Tras ella, se acordó fraccionar la única votación en cuatro actos diferentes.

De este modo se rechaza la alegación, se aceptaba parcialmente, se desvinculaba el presupuesto para la exposición pública y se aprueba el presupuesto de manera definitiva con los votos del PSOE, Ciudadanos y los tres ediles no adscritos.