Las ayudas municipales en materia de vivienda se extienden al pago de hipotecas

La alcaldesa, Mariví Monteserín, Carmen Moseguí, gerente de la Fundación San Martín, y la concejala de Vivienda, Yolanda Alonso /  MARIETA
La alcaldesa, Mariví Monteserín, Carmen Moseguí, gerente de la Fundación San Martín, y la concejala de Vivienda, Yolanda Alonso / MARIETA

El Ayuntamiento distribuyó el año pasado prestaciones por importe de 811.684 euros entre 800 beneficiarios

J. F. GALÁN AVILÉS.

Hasta ahora las ayudas a propietarios tenían como única finalidad ayudar a titulares de vivienda que tuviesen severas dificultades para atender las cuotas de comunidad. El año pasado se concedieron 144 de los 233 expedientes recibidos, y más de dos terceras parte de los beneficiarios eran desempleados o pensionistas. Este año la novedad que también se destinarán al pago de hipotecas, lo que ha obligado a aumentar la dotación presupuestaria en cerca de 100.000 euros, pasando de los 31.280 euros del año pasado a los 120.000 de este.

Este dato fue aportado ayer por la Fundación San Martín, que dio a conocer ayer sus memoria de 2017 en un acto celebrado en el Centro de Servicios Universitarios con la presencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín, la concejala de Servicios Sociales, Yolanda Alonso y representantes de asociaciones de vecinos, a quienes se solicitó que contribuyan a difundir los programas de ayuda a la vivienda que gestiona la entidad.

La Oficina Municipal de Vivienda distribuyó el año pasado 811.684 euros en ayudas a ochocientos beneficiarios, según recoge la memoria anual de la Fundación San Martín, el órgano que desarrolla los programas municipales en la materia. De tal cantidad 381.383 euros corresponden a ayudas al alquiler, 201.363 a garantía energética, 197.656 a ayudas de emergencia de Servicios Sociales vinculadas a vivienda y 21.280 a propietarios, que este año reciben un fuerte impulso. La cuantía aumenta hasta 120.000 euros con el fin de cubrir también parte del pago de la hipoteca a propietarios en apuros económicos.

Las distintas líneas se canalizan a través de una ventanilla única que el año pasado atendió 32.560 consultas, bien de forma presencial en la sede de la entidad, sita en la calle Balandro, o telefónicamente. Las destinadas al alquiler costean un parte de la renta siempre que no supere los 400 euros mensuales y hasta un máximo de 150, con un incremento del 20% para familias monoparentales, y una duración máxima de doce meses. Los ingresos medios del beneficiario no pueden superar unos máximos establecidos que oscilan entre 11.182 euros para aquellas de hasta dos miembros y 13.978 para las de seis o más.

El año pasado se tramitaron 338 expedientes, diecinueve menos que el anterior y 96 más que en 2015. La mayoría de los solicitantes eran mujeres, 255 frente a 83 hombres, 119 eran extranjeros y cuarenta tenían más de sesenta años. Se concedieron 245, con un importe medio de 1.556 euros anuales. El 42,45% eran desempleados, el 31% familias monoparentales y el 21,22% pensionistas.

Garantía energética

Las ayudas de garantía energético se establecieron en 2015 con el objetivo de garantizar los suministros básicos necesarios a familias con especiales dificultades para hacer frente al pago de los recibos de electricidad, gas y agua, hasta un máximo de 300 euros anuales. En este apartado en 2017 se concedieron 718 de los 943 expedientes solicitados, con un importe medio de 281 euros. Más de la mitad de los beneficiarios, en concreto 483, son perceptores del salario social básico.

Las ayudas de emergencia son un conjunto de prestaciones de carácter subsidiario destinadas a cubrir carencias económicas puntuales y prevenir con ello una posible situación inmediata de exclusión. El número de beneficiarios atendidos el año pasado por los Servicios Sociales en el marco de este programa ascendió el año pasado a 822 más, lo que supone un incremento del 25% en relación al anterior, y el gasto ascendió en mayor porcentaje, un 32%, de 360.000 a 475.767 euros.

De tal cantidad, 197.656 estaban directamente relacionadas con el mantenimiento de la vivienda habitual, desde gastos de formalización de contratos de alquiler al pago de la renta o de la hipoteca o de recibos de suministros y de comunidades.

La Fundación San Martín también gestiona y los programas de ámbito estatal gestionados por el Principado. Si se tienen en cuenta tales aportaciones, el total supera los 1,1 millones de euros. Entre sus cometidos también figuran los programas de adjudicación de vivienda pública en alquiler y Avilés Alquila. En el primer caso, está reservado a aquellos que por sus bajos ingresos y otras dificultades añadidas, como por ejemplo discapacidad o enfermedad, no pueden acceder a una por cuenta propia.

El año pasado se recibieron 135 solicitudes y se asignaron 32 nuevas viviendas de alquiler, seis de ellas de titularidad o gestionadas por la Fundación San Martín mientras que las veintiséis restantes fueron adjudicadas por el Principado de Asturias. El importe de la renta no supera el 20% de los ingresos de la unidad familiar o el 30% si se incluyen los gastos de comunidad .

Avilés Alquila persigue fomentar que viviendas de titularidad privada vacías entren en el mercado de alquiler. Con tal fin, el programa ofrece a los propietarios garantías de cobro a cambio de favorecer unas condiciones asequibles y satisfactorias para ambas partes. El modelo de contrato es único, y se establece un importe máximo de renta en función de la antigüedad, la superficie y la zona. La Fundación San Martín actúa como garante para velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el contrato y cubre hasta cinco mensualidades derivadas de impagos. Desde 2012, año en que se inició el programa, existe una cartera de más de 130 viviendas que forman parte del programa y se han formalizado hasta la fecha 193 contratos, quince de ellos el año pasado, a un precio medio 296 euros.

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