El Ayuntamiento ha hecho un «concurso a la carta» en el Conservatorio, dice Usipa

La demanda de Usipa carga contra la presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, Yolanda Alonso, por el nombramiento «a dedo» de Carlos Galán como director del Conservatorio. / MARIETA

El sindicato interpone una demanda contra bases que regirán la elección del nuevo director por considerar que puede existir «trato privilegiado» hacia el actual

JOSÉ MARÍA URBANO AVILÉS.

Un contrato a la carta para favorecer al todavía director del Conservatorio Julián Orbón, cuyo nombramiento fue declarado nulo por dos sentencias judiciales. Esa es la tesis que defiende el sindicato Usipa en la demanda que ha interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Oviedo en la que pide que se declare la nulidad de la resolución y de las bases del proceso de selección de director del Conservatorio aprobadas por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés.

El abogado de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (Usipa) sostiene en su escrito que en el proceso de selección iniciado por la Fundación Municipal de Cultura que preside la concejala Yolanda Alonso y en las bases del concurso de méritos «puede existir hasta desviación de poder o trato privilegiado hacia una persona», en este caso el todavía director del Conservatorio, Carlos Galán, cuyo nombramiento «a dedo» por la propia concejala ha sido declarado nulo por dos sentencias del Contencioso Administrativo y Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Para Usipa, las condiciones de ese concurso se han hecho cuando se sabe que sólo el «ilegal» director actual tiene o puede tener uno de los méritos que se aprueban en las bases -el de otorgarle de salida 1,50 puntos por llevar un año de director del centro, algo que nadie, ni dentro ni fuera del Conservatorio, puede aportar-, lo que evidencia una «clara infracción al principio de igualdad, mérito y capacidad de acceso a las funciones y cargos públicos». Para el sindicato, los 1,50 puntos que se otorgan se supone que «son en una situación legal, no en la situación del actual director del Conservatorio, en comisión de servicios declarada ilegal por los Juzgados del Contencioso-Administrativo». Por dichas razones, se señala, también deben ser anulados los méritos enumerados «porque prejuzgan el resultado final del concurso» y perjudican la igualdad de la competición para el acceso al cargo de director o directora del Conservatorio.

A lo largo de las 16 páginas de la demanda de recurso contencioso administrativo, Usipa hace un recordatorio de todo lo sucedido en el centro docente avilesino desde la jubilación por edad del anterior director, en 2015, y el nombramiento posterior de Raquel García como directora tras haber ganado el concurso oposición convocado por el Ayuntamiento, que a la postre sería declarado nulo, tanto las bases del concurso como el propio nombramiento de directora.

Y a partir de ahí va desgranando una serie de hechos que empiezan «por el nombramiento a dedo de un nuevo director de forma provisional», anulado como ya se ha dicho por dos sentencias judiciales, y continúa con las bases que ahora se impugnan. Para Usipa, y en base a las sentencias anteriores y a la Ley de Educación, el Ayuntamiento de Avilés «no es la administración educativa competente», por lo que la Fundación Municipal de Cultura «no puede convocar el procedimiento selectivo de selección de director del Conservatorio», algo que le corresponde al Principado de Asturias, que sí es la Administración Educativa, lo que origina una causa de nulidad del procedimiento convocado.

Intervención del Principado

La demanda explica al detalle porqué es el Principado la administración Educativa y por lo tanto la única que tiene competencias para convocar el concurso de méritos, para dictar las normas sobre la selección del cargo y sobre la composición de la comisión de selección.

La demanda incide también en el hecho de que las bases de la convocatoria prohiban presentarse a los actuales profesores del Conservatorio por no ser funcionarios de carrera del personal docente, exponiendo una serie de incongruencias que se dan sobre este asunto, la comisión de servicios o el nombramiento del jefe de estudios y el secretario, con lo que «sería inviable nombrar equipo directivo».

En base a todo lo anterior, la demanda subraya que «el Principado tiene que intervenir para sanear una situación catastrófica originada por la mala gestión del Ayuntamiento de Avilés, con la pasividad del Principado». Al final se pide al Juzgado de lo Contencioso Administrativo que declare la nulidad de la resolución y de las bases del proceso de selección abierto por el Ayuntamiento de Avilés, así como todos los actos posteriores por ser nulos de pleno derecho. Finalmente, se interesa la máxima condena en costas, «vista la temeridad e infracción normativa realizada por la administración demandada, incurriendo en nulidades de grueso calibre».

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