Belarmino Moro y Miguel Villalba, en el banquillo por las piscinas de Las Vegas

Las piscinas de Las Vegas. / MARIETA
Las piscinas de Las Vegas. / MARIETA

Están acusados junto a diez personas más y el juez les reclama fianzas de 3,1 millones de euros

YOLANDA DE LUIS AVILÉS.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 da por terminada la investigación sobre la contratación y gestión de las piscinas de Las Vegas. El juez Ricardo Badás ha dictado el auto por el que traslada la instrucción al juzgado de lo Penal de guardia para que fije la fecha en la que se celebrará el juicio en el que están imputados el expresidente y exconcejal en Avilés de ASIA, Miguel Ángel Villalba, su hermana (también exconcejala) y su madre; y el exalcalde de Corvera, Luis Belarmino Moro, junto a los concejales de Hacienda, Belén Toro, y el de Urbanismo, Luis Solares. Junto a ellos otros seis imputados más, cinco empleados de la empresa Aquagest y la propia compañía que gestiona estas instalaciones deportivas corveranas.

En el auto dictado por el juez instructor se establecen las multas e indemnizaciones que tendrán que pagar los acusados, además de las penas de prisión que la Fiscalía defenderá durante la vista. El magistrado establece ante estos conceptos que los acusados deben abonar una fianza de 330.300 euros cada uno, a la que suma además en el caso de los hijos y la madre Villalba 46.600 euros más. En conjunto las fianzas a depositar superan los 3,1 millones de euros.

Para Miguel Ángel Villalba se pide una pena de cárcel de nueve años y hacer frente al pago de multas superiores a 525.000 euros, además de las que se fije por el delito contra la Hacienda pública y la indemnización al Ayuntamiento de Corvera de 250.000 euros que deberían pagar el conjunto de los acusados subsidiariamente y a la acusación particular que tendrá que indemnizar por el doble de los intereses que le reclama la Agencia Tributaria. Su hermana se enfrenta a penas y multas similares. Mientras que la madre de ambos afronta una pena de seis años de prisión.

El exalcalde de Corvera de la USPC, Luis Belarmino Moro, se enfrenta a un delito de prevaricación administrativa por el que el fiscal le pide una condena de tres años de cárcel; lo mismo se pide para el exconcejal de Urbanismo, Luis Solares, del PP y que gobernaba en coalición en los años en los que se adjudicó la piscina a la empresa Aquagest. La tercera imputada de aquel gobierno es la concejala de Hacienda del mismo partido que el alcalde, Ana Belén Toro, a la que se le acusa de un delito de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa por el que el fiscal pide tres años de cárcel. El resto de los acusados, entre los que se encuentran altos cargos de la empresa gestora de las piscinas y la propia Aquagest, se reclaman cuatro años de prisión por delitos de cohecho y en el caso de Henry Laíño, representante de la empresa, se le acusa de fraude y se piden tres años de cárcel. La suma de las indemnizaciones y multas a pagar supera los 4,5 millones de euros. El auto dictado decreta el sobreseimiento provisional de la causa contra Joaquín Fernández, exvicesecretario del PP asturiano, también investigado y por el que comenzó esta instrucción al ser remitida desde los juzgados de Lugo donde hace años se investiga la llamada trama del agua, el Caso Pokemon.

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