Bueno y el secretario municipal de Corvera, al banquillo por presuntos delitos urbanísticos

Bueno y el secretario municipal de Corvera, al banquillo por presuntos delitos urbanísticos
La zona de Quintanas de Chacón, en Las Vegas. / MARIETA

La jueza decreta apertura de juicio oral por el convenio de Quintanas de Chacón y la Fiscalía pide tres años de prisión para el exconcejal de IU

José Fernando Galán
JOSÉ FERNANDO GALÁNAvilés

Enrique Bueno, exconcejal de Urbanismo de Corvera, de IU, y Ramón Menéndez Chaves, el secretario municipal, se sentarán en el banquillo de los acusados. El Juzgado Número 4 de Avilés ha decretado la apertura de juicio oral por su actuación en la tramitación del antiguo convenio urbanístico de Quintanas de Chacón, en Las Vegas, y ha remitido las actuaciones al Juzgado de lo Penal. La Fiscalía reclama penas de prisión, tres años para Bueno como presunto autor de un delito de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios y uno para Menéndez Chaves únicamente por este último delito, además de ocho años de inhabilitación y 36 meses de multa para el primero y uno y dieciocho para el segundo.

El auto trasladado ayer resume otros anteriores en los que la jueza ve indicios de que, como mantiene el promotor del referido convenio, que preveía construir más de trescientas viviendas en Quintanas de Chacón, una céntrica y degradada zona de Las Vegas, Bueno vinculó su aprobación al pago de 600.000 euros, cuatro veces la cantidad ofertada, por una finca sita en un área de actuación de la que es copropietario.

A raíz de su negativa habría decidido abortarlo y sustituirlo por otro que favorecía sus intereses particulares y perjudicaba los de otros propietarios. El nuevo, aprobado pero no ejecutado, incrementaría su edificabilidad de 187 a 838 metros cuadrados a la vez que la libraría de cargas que sí tendrían que soportar otros titulares de fincas afectadas por el convenio. En el caso de Menéndez Chaves, su papel habría sido el de colaborador necesario por permitirle votar en la sesión plenaria en el que fue aprobado el Plan General de Ordenación Urbana que lo recoge.

Les atribuye delitos de negociación prohibida a los funcionarios y cohecho

El conflicto se vio aderezado por una serie de expedientes de derribo abiertos en un corto espacio de tiempo por el Ayuntamiento contra bienes sitos en el entorno de Quintanas de Chacón de los que el promotor es propietario o copropietario. Uno de ellos concluyó con el derribo de uno de ellos, 'Muebles Josefina', si bien la justicia paralizó posteriormente otros a la espera de que se resolviese la causa penal. De igual forma también se encuentra en punto muerto el proyecto que prevé ensanchar un tramo de la calle Estebanina de Las Vegas, dotándola de un tercer carril y de una acera.

A lo largo de la instrucción la jueza concluye que en base a las diligencias practicadas se desprende que Bueno y el promotor acordaron en 2007 un convenio para rehabilitar Quintanas de Chacón. Contemplaba demoler las casas y construir tres centenares de viviendas en varios bloques, que la actuación se realizaría por cooperación, conjuntamente entre todos los propietarios, y que el promotor adquiriría al menos la mitad de las fincas, entre ellas la de Bueno.

En 2011, una vez PSOE e IU recuperaron el gobierno en base a un pacto postelectoral, el número de viviendas se aumentó a 326, «manteniéndose no obstante el desarrollo a través de la junta de compensación con reparto de beneficios y contribución a las cargas entre los titulares de manera proporcional». Una vez cerrado el acuerdo «quedaron emplazados para reunirse con el alcalde -el socialista José Luis Vega- y firmar el convenio, que sería hecho público. IU llegó a incluso a incluirlo en su publicidad electoral.

En julio y agosto de ese mismo año Bueno y el promotor «retoman las negociaciones para la compra de la propiedad, «y ante la oferta de 150.000 euros le pidió en varias ocasiones y le insistió en que quería 600.000 euros», precio que fue rechazado al estimar que «era totalmente desorbitado». Bueno habría decidido entonces «abortar la suscripción del convenio para promover en su lugar un cambio radical con la finalidad de beneficiar su propiedad en perjuicio de los intereses de los restantes propietarios». Lo habría hecho introduciendo en las negociaciones «una nueva exigencia, consistente en la cesión gratuita al Ayuntamiento de cien plazas de garaje bajo rasante, cosa que como conocía el señor Bueno era inasumible para la promotora».

Cambio radical

Una vez frustrada la negociación el entonces concejal de Urbanismo «gestionó un cambio radical en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana con un resultado muy favorable para la consideración urbanística del inmueble del que era titular, a la par que abiertamente perjudicial para los intereses del promotor, pues se pasó a establecer condiciones urbanísticas diferentes para las distintas zonas, centrando las más ventajosas en la propiedad del concejal».

El suelo pasó a ser urbano consolidado, «en gestión directa y sin cesiones pendientes, a la par que aumentaba notoriamente su aprovechamiento patrimonializable», en alusión directa al referido aumento de edificabilidad, que le permitiría construir seis alturas más bajo cubierta en lugar de las dos que tenía hasta entonces. En este punto, Bueno esgrime que la finca de la que es propietario no mide los metros mínimos necesarios para edificar, si bien la jueza matiza en uno de sus autos que siempre podría comprar lo que le falta a un colindante.

El cambio radical que señala la jueza también «empeoraba ostensiblemente la situación urbanística del promotor y del resto de propietarios sobre los que contaba con opción de compra, que pasaron a asumir las cargas que antes soportaban todos los propietarios». A partir de ahí, concluye que el día en que el nuevo convenio fue sometido a votación plenaria para su aprobación, Bueno, «pese a tener un evidente interés en que el mismo saliera adelante, no se abstuvo, lo que hizo con el beneplácito del secretario de la Corporación -Menéndez Chaves-, que si bien había emitido un informe en el que no llegaba a concretar si el señor Bueno podía votar o no, en el transcurso de la sesión plenaria afirmó de viva voz que sí podía hacerlo». Dada la composición de aquella Corporación el voto de Bueno fue determinante.

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