El Centro de Empleo Apta asume a las conserjes del Centro de Día Ría de Avilés

Las dos afectadas durante las contrataciones del pasado mayo cuando se conoció su situación. / MARIETA

Las dos afectadas reclamarán ahora las cantidades adeudadas por su anterior empresa y USO reclama protección al Principado

FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS.

El Centro Especial de Empleo Apta de Gijón ha asumido el contrato de conserjería del Centro de Mayores Ría de Avilés, en La Magdalena, cerrándose la crisis que se conoció el pasado mes de mayo cuando las dos trabajadores denunciaron la sucesión de cinco meses sin percibir sus nóminas.

En ese momento, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales anunció su voluntad de rescindir el contrato a la anterior adjudicataria para realizar una nueva contratación y, posteriormente, una nueva licitación.

De esta manera, el Centro Especial de Empleo Apta se ha hecho con un contrato menor de seis meses para mantener el servicio, a la espera de que se convoque el nuevo concurso. Las dos trabajadoras percibirán su primer salario el próximo agosto, cuando cobren el presente mes.

No obstante, quedan pendientes las nóminas atrasadas, todas las de este año y, en una de las afectadas, la extra de Navidad de 2016. «El próximo otoño se celebrará un juicio en la sala de lo Social de Avilés para reclamar esos salarios a la anterior empresa», avanzó ayer Israel Castro, secretario general de la Unión Comarcal de USO, sindicato que ha respaldado a las dos afectadas. «Es una satisfacción haber encontrado una solución a esta situación», aseguró ayer Castro.

La central ya ha solicitado un «embargo preventivo» por si el Principado aún no hubiese abonado todas las mensualidades a la empresa. «Ya hemos solicitado al Principado que incorpore en sus licitaciones condiciones que eviten estas situaciones, donde, al final, los trabajadores siempre son los que pagan la peor parte», afirmó Castro.

Las afectadas también recurrirán al Fondo de Garantía Salarial, si bien este solo asegura que se recibirán un máximo de 120 días.

«Las licitaciones que únicamente se fijan en las mayores bajadas traen estas consecuencias. Es necesario introducir mecanismos que eviten estas situaciones que dañan a los trabajadores», declaró Castro.

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