Las cláusulas sociales de Avilés han propiciado 420 contratos desde su implantación en 2009

La empresa de restauración en comedores escolares Ausolan-Alprinsa se acoge desde 2015 a estos criterios sociales. / MARIETA

Discapacitados, parados de larga duración, mayores de 45, inmigrantes y personas sin experiencia laboral han sido los beneficiarios

BÁRBARA MENÉNDEZ AVILÉS.

Los más de cuatrocientos trabajadores que se han beneficiado hasta la fecha de la aplicación de criterios sociales en la contratación pública en Avilés, aprobados en 2009, no son los únicos que han reconocido la valía de esta serie de medidas. Recientemente, la Unión Europea ha premiado esta iniciativa, que ahora se incorpora a un listado de 97 buenas prácticas desarrolladas en 29 países dentro del programa URBACT y hace que la ciudad consiga el sello 'URBACT Good Practice City'.

Esta distinción, que se otorgará oficialmente el próximo mes de octubre en Tallín (Estonia), erige al modelo avilesino como un potencial referente para ser transferido y aplicado en otras ciudades europeas. Yolanda Alonso, concejala de Servicios Sociales desde 2008 -antes Bienestar Social-, se muestra muy satisfecha por este reconocimiento que viene a confirmar el trabajo realizado por su equipo municipal en la última década y ha cosechado unas destacadas cifras de beneficiarios.

«Actualmente nos encontramos en un momento importante en la contratación pública responsable, iniciativa que además forma parte de las agendas políticas de todos los países europeos porque la Estrategia Europa 2020 marca que desempeña un papel clave para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», explica la edil.

Esta herramienta generadora de oportunidades de empleo y cohesión social se ha materializado en Avilés en la formalización de 420 contratos, entre los que se encuentran perfiles profesionales de todo tipo. Desde su aprobación, las cláusulas se han incorporado a un total de 147 pliegos en la contratación pública municipal -82 de obras, 48 de servicios y 17 de suministros-, todo ello con el objetivo de llegar al máximo número de trabajadores posible fuese cual fuese su formación y situación.

Los comienzos, tal y como comenta Alonso, no fueron nada sencillos. «Cuando incorporamos estos criterios, estábamos en un momento en el que todavía había muy poco desarrollo normativo», recuerda la concejala. A pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público abría esa posibilidad, los requisitos aún generaban mucha confusión y reticencia entre los técnicos municipales encargados de valorar cada caso. En este punto entró en juego la intervención del área de Bienestar Social así como otras tres claves que explican el «éxito», en palabras de la edil, del proyecto avilesino.

«Hubo liderazgo político a primer nivel, ya que lo asumió la propia alcaldesa para que fuese una estrategia política del Ayuntamiento y no solo de una concejalía», señala Alonso, quien a su vez apunta al «consenso político» y al establecimiento de talleres y grupos de trabajo, así como la contratación de una asistencia técnica para despejar las dudas, como piezas angulares.

¿El resultado? Los más de cuatro centenares de trabajadores con dificultades de diversa naturaleza para incorporarse al mercado laboral normalizado que han conseguido un contrato, entre los que se encuentran 88 discapacitados, 107 parados de larga duración, 75 mayores de 45 años, 39 inmigrantes y quince demandantes de primer empleo. Además, diecinueve de estos contratos se han firmado como indefinidos.

Este compromiso por generar empleo se ha ejecutado paralelamente a la difusión de la igualdad de oportunidades y la promoción de la calidad en el puesto de trabajo con tal de combatir la precariedad, dos ejes fundamentales «que no se podían olvidar ni sacrificar», declara la responsable de Servicios Sociales.

La voluntad institucional ha repercutido también en el propio compromiso de unas empresas cada vez más proclives a acogerse a estas cláusulas para ampliar su plantilla. «Es muy importante destacar que de los 64 millones de euros del presupuesto municipal, alrededor del 40% se destina a la contratación de obras, servicios y suministros, lo que supone que nosotros también podemos generar empleo en el territorio a la vez que cohesión social y económica», apunta Alonso.

Ahora, cuando ya hay legislación a nivel nacional desde 2011 que recoge la obligatoriedad para las administraciones de establecer reservas para los Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción -en Avilés en concreto hay once contratos reservados para este tipo de organismos desde dos años antes de que fuese obligatorio-, el objetivo es seguir creciendo y avanzando.

«Hemos desarrollado mucho y muy bien la compra social, pero ahora hay que hacer lo mismo con los criterios medioambientales y éticos, así como incorporar mejor los sistemas de seguimiento de las cláusulas y objetivar los criterios para facilitar el trabajo a los técnicos», reconoce la edil.

En esta línea, Alonso recalca que «no nos podemos conformar con los reconocimientos y con haber sido un referente, sino que tenemos que seguir por este camino imparable y demostrar que la incorporación de estos criterios sigue siendo una línea estratégica de nuestras políticas porque así lo avalan los datos».

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