«Mi cliente me pidió 80.000 euros para no traerme a juicio»

A falta de comprobar si las partes cambian o mantienen sus posturas, la fiscalía solicita para la acusada tres años de prisión y nueve meses de multa (3.240 euros) por un presunto delito de apropiación indebida, además de una indemnización de 94.322,84 euros a J. L. F., excliente de la abogada. El demandante sufrió un accidente de tráfico en diciembre de 2011 en Gijón que le dejó una discapacidad. La acusación particular, ejercida por Óscar González Rodríguez, eleva la petición de pena hasta los cuatro años de cárcel y solicita dos de inhabilitación profesional, además del pago de una multa e indemnización.

La abogada, que finalmente no se representó a sí misma, solo respondió a las preguntas de la fiscalía y de su letrado, compañero de despacho. Explicó que cobraba e ingresaba en una de sus cuentas el dinero abonado por la aseguradora Mapfre a su cliente, merced a un poder notarial firmado el 4 de junio de 2012 que la facultaba, tanto a ella como al procurador, para «el cobro de asuntos judicializados, sean indemnizatorios o no».

Afirmó que él hacía provisiones de fondos genéricas a su cuenta, sin saber exactamente para qué asuntos eran, y «nunca lo cuestionó». Al igual que había aceptado, siempre según su declaración, pagarle el 15% de la indemnización total en concepto de minuta. El 23 de mayo de 2015, dos días antes de que se firmaran los términos de este acuerdo con la aseguradora en una notaría ovetense, la abogada envió un correo a su cliente con el documento en cuestión. Pero no le pudo ingresar la partida de 94.000 euros por sus problemas con Hacienda. «Yo seguí recibiendo encargos del querellante y no me revocó el poder hasta mucho tiempo después, hasta el 25 de octubre de 2016», aseguró.

Expuso su «sorpresa» por encontrarse en esta situación «cuando él mismo reconoce lo que está pasando en los mails que me envió. Lo último que me dijo fue que le pagara 80.000 euros y que no tendría que enfrentarme a este juicio. Pero le dije no porque no es justo (...). Yo no le debo dinero, él me lo debe a mí, aún tengo pendiente la liquidación de otro asunto», añadió al borde de las lágrimas.

Sobre esas provisiones de fondos a la cuenta de la abogada, J. L. F. explicó que realizó una de 6.000 y otra de 12.000 euros en relación al accidente de tráfico. El resto fueron posteriores y negó haber aceptado el pago de una minuta del 15% de la indemnización. «Ella me dijo que era un tema muy claro por los atestados policiales y que me iba a cobrar lo mínimo que marca el Colegio de Abogados».

Respecto a los tres correos electrónicos que la defensa presenta como prueba de que eran conocedores que la abogada ingresaba el dinero en su cuenta como intermediaria entre la aseguradora y él, confirmó haberlos escrito en su despacho «a su dictado». Ese dinero estaba bloqueado por la Agencia Tributaria y ella les habría pedido que le remitieran unos correos indicando que el dinero era de ellos y disponer así de un documento para presentar ante el ente tributario.

Respecto a los tres correos electrónicos que la defensa presenta como prueba de que eran conocedores que la abogada ingresaba el dinero en su cuenta como intermediaria entre la aseguradora y él, confirmó haberlos escrito en su despacho «a su dictado». Ese dinero estaba bloqueado por la Agencia Tributaria y ella les habría pedido que le remitieran unos correos indicando que el dinero era de ellos y disponer así de un documento para presentar ante el ente tributario.

J. L. F. explicó que él siempre había confiado en su letrada hasta que fue pasando el tiempo y se dio cuenta de que solo había recibido excusas a propósito de esos 94.000 euros de su indemnización que no terminaba de cobrar. «Cuando me dieron el talón en la notaría por 239.000 euros en vez de 330.000 se lo dije a ella, pero me pidió que no me preocupara, que la cantidad que faltaba estaba consignada en el juzgado y que ya se encargaba ella», relató.

Cuando empezó a inquietarse preguntó en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Gijón, donde descubrió que el cargo se había realizado tres años antes, en 2013.