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C. DEL RÍO / Y. DE LUIS
AVILÉS.
Jueves, 14 de diciembre 2017, 01:14
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El presidente del comité de empresa de Alcoa, Daniel Cuartas, lamentó ayer que «este gobierno no apuesta por la industria, abocándola a la incertidumbre y a la desaparición del tejido industrial» ante la nueva subasta eléctrica.
La próxima semana, del lunes 18 al viernes 22, comenzará una puja en la que espera que la aluminera consiga los megavatios necesarios para operar en el mercado global en condiciones competitivas. De momento, parten con un hándicap: la salida de ocho paquetes de noventa megavatios, dos menos que el año pasado. «No sabemos lo que va a pasar. Hay que esperar a que pase la subasta», afirmó.
Por su parte, la alcaldesa, Mariví Monteserín, hizo ayer un llamamiento a la tranquilidad. Recordó que el sistema utilizado este año por el Gobierno central es transitorio a la espera de establecer uno nuevo que incluya la larga demanda de las empresas, de la comarca de Avilés y de Asturias para garantizar una seguridad energética a las industrias grandes consumidoras que a la vez les pueda permitir establecer planes de inversión a más largo plazo.
Monteserín señaló que «antes de cada subasta existe una alta competitividad entre las empresas y cierta tensión y está claro que hay menos bloques de los que le interesa a Alcoa, pero vamos a ver cómo termina el proceso, no vamos a alarmar ahora, aunque evidentemente estamos muy atentos a lo que suceda».
Según la información publicada en octubre en el Boletín Oficial del Estado, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 Mw será de 150.000 euros y para el bloque de 90 Mw, 270.000. Este precio también supone una rebaja respecto a la anterior subasta, cuando la cifra de salida fue de 160.00 y 310.000 euros, respectivamente.
Sin embargo, el principal cambio afecta al periodo de vigencia de la interrumpibilidad. En la anterior subasta tenía una duración de un año (doce meses) y ahora será solo de cinco meses. No obstante, el Ministerio de Energía no descarta que se lleven a cabo nuevas subastas a lo largo del próximo año, 2018, como una forma de compensación a esta notable disminución de la interrumpibilidad.
La última subasta se celebró en noviembre del año pasado y se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros, además de adjudicar potencia para todos los participantes en la puja.
La reforma energética llevada a cabo por el Gobierno supuso la creación de sistema de subastas para repartir entre las empresas el llamado servicio de interrumpibilidad. Por él, los grandes consumidores, la industria electrointensiva, reciben una compensación económica por modular su consumo cuando el sistema eléctrico se satura.
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