El concurso de director del Conservatorio suma dos nuevas impugnaciones

El sindicato Usipa lleva al Contencioso el procedimiento elegido y la constitución de la comisión de evaluación

JOSÉ MARÍA URBANO AVILÉS.

La Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (Usipa) ha vuelto a interponer una demanda de recurso contencioso administrativo contra las bases del concurso de méritos para dotar de director al Conservatorio Municipal de Música de Avilés Julián Orbón. Tras registrar oficialmente el primer recurso contra el concurso por haber sido convocado por una autoridad educativa «incompetente» (el Ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de Cultura), en vez del Principado, el sindicato vuelve a la carga en esta ocasión contra el procedimiento del concurso y contra la composición de la comisión encargada de evaluar los méritos de los aspirantes

Usipa se dirige al Juzgado Contencioso-Administrativo sobre el que recaen las cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Y en su demanda recuerda que el mismo sindicato ya ha impugnado las bases de ese concurso por haber sido convocado por el Ayuntamiento de Avilés y no por la administración educativa, que es el Principado, su Consejería de Educación, en cumplimiento del propio estatuto de autonomía, de la Constitución y de la Ley de Educación, que reflejan con claridad que suyas son las competencias sobre los centros de enseñanza y que no pueden ser asumidas por otras administraciones. Dejando claro además que en ningún momento consta algún tipo «de resolución que decida motivadamente la exención de concretos requisitos», algo que a su juicio «contamina el proceso ab initio».

Sentado lo anterior, Usipa impugna el procedimiento seguido para la convocatoria del concurso y también la propia composición de la comisión de evaluación. Sin olvidar que los profesores actuales del centro no han sido convocados para participar en este concurso, como recoge la Ley de Educación.

Respecto al procedimiento, se impugna por haber sido convocado por la presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, la concejala de ese área, Yolanda Alonso, sin estar facultada para ello, al ser éste un proceso que tiene que dirigir el Principado. Se impugna también porque el claustro de profesores que tuvo que aprobar el concurso fue convocado por el director «ilegal» del Conservatorio, que suma ya dos sentencias contra su nombramiento como director por parte del Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo y ratificada por el TSJA, y una más del Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo por su contratación «a dedo» por la concejala de Educación y Cultura, sentencia recurrida que está pendiente ahora mismo de un inminente pronunciamiento del TSJA. Eso sin contar con que Carlos Galán actúa en este caso como juez y parte, convocando el claustro que debe aprobar el proceso y presentándose él mismo como candidato.

Pero la demanda de Usipa no se queda ahí, puesto que denuncia ante el Contencioso Administrativo que uno de los miembros de la comisión de evaluación no puede figurar en la misma. Usipa habla de «otros actos que vician gravemente el procedimiento. A saber, la designación de doña Mónica Alonso García, que no cumple el requisito de igual o superior titulación a la plaza o puesto ofertado, al tener esta la titulación administrativa de A2, y el puesto ofertado es de A1». De esta forma se incumpliría el real decreto 364/95, de 10 de marzo, que establece en su artículo 46.1, párrafo cinco, «... que los miembros de la comisión de valoración deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados». Y en el caso citado, esa persona tendría menor titulación.

Por todo ello, el sindicato «interesa la suspensión del acto administrativo recurrido, como medida cautelar, porque los daños morales y materiales a la Institución Pública demandada puede ser incalculables, de llevarse a cabo el proceso de selección, dado que hay presentado un recurso general contra las bases alegando nulidad de pleno derecho». Se interesa además «la máxima condena en costas, vista la temeridad e infracción normativa realizada por la administración demandada incurriendo en nulidades de pleno derecho, que incluso pueden devengar responsabilidad penal».

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