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Ramón Álvarez, Ángel Bernal, Santiago Rodríguez Vega y Miguel Villalobos antes de iniciarse la vista en Gijón. CITOULA
Los consejeros de Nueva Rula niegan ante el juez la existencia de dinero negro en su contabilidad

Los consejeros de Nueva Rula niegan ante el juez la existencia de dinero negro en su contabilidad

La Cofradía de Pescadores reclama a trece miembros del consejo 600.000 euros por los supuestos pagos en B realizados entre 2010 y 2011

FERNANDO DEL BUSTO

GIJÓN.

Martes, 17 de octubre 2017, 01:18

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Ni rastro de caja B ni dinero negro en la contabilidad de Nueva Rula de Avilés. Es, al menos, lo que intentó demostrarse ayer en de la primera sesión en la vista que se celebra en el Juzgado de Lo Mercantil Número 3 en Gijón para dilucidar la demanda de la Cofradía de Pescadores contra trece integrantes del Consejo de Administración de Nueva Rula de Avilés, entre ellos su actual presidente y máximo responsable del puerto avilesino, Santiago Rodríguez Vega.

En concreto, la Cofradía de Pescadores solicita 600.000 euros al considerar que esa es la cifra de dinero en negro movido durante 2010 y 2011 y que se habría entregado a parte del Consejo de Administración, además del importe de la sanción a la Agencia Tributaria. Pero tanto los tres demandados que intervinieron en la sesión de ayer como los tres testigos coincidieron en que ningún miembro del consejo recibía retribución alguna por su actividad en Nueva Rula de Avilés. Además, ninguno de los testimonios confirmó la existencia de dinero negro en la actividad de Nueva Rula de Avilés ni los pagos a los integrantes del consejo.

En la vista pública, declararon cuatro consejeros de Nueva Rula: Eva Llera, entre 2011 y 2012 por el gobierno de Foro Asturias, Miguel Villalobos, en función de ser director de la Autoridad Portuaria, José Alfonso de la Guerra, que accedió al consejo de administración en esos años por ser secretario de la Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas de Avilés, y Santiago Rodríguez Vega.

Los tres últimos se encuentran demandados, algo que no sucede con Eva Llera a pesar de que compartió asiento con Villalobos y De la Guerra. La que fuera directora general de Pesca durante el gobierno de Francisco Álvarez-Cascos declaró que no había conocimiento de la existencia de dinero negro en Nueva Rula. «Si lo hubiera sabido, lo habría denunciado», aseguró Llera que, a preguntas de la magistrada titular del Juzgado Número 3 de Lo Mercantil reconoció no saber los motivos por lo que, a diferencia de otros compañeros de consejo, no había sido demandada.

El abogado de la Cofradía de Pescadores, Manuel Ruibaldeflores, tampoco aportó pruebas para demostrar otras hipótesis como la injerencia del Consejo de Administración en la gestión diaria de Nueva Rula. Todos los intervinientes declararon que el día a día recaía en el gerente y su equipo. Eva Llera reconoció que, cuando el gobierno de Foro Asturias asumió la gestión de la región, se mantuvo a Ramón Álvarez como gerente por su perfil profesional.

La única duda era la ausencia del gerente en una parte de la inspección. El propio testimonio de Ramón Álvarez esgrimió los motivos, ya que reconoció abiertamente la «imposibilidad» de convencer al inspector sobre la forma de trabajar en Nueva Rula y los malos momentos que había pasado. «No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Fue como la Inquisición. Yo mismo dije que no quería volver», comentó Álvarez.

«No se facturó en B»

La ausencia de dinero negro en la contabilidad de Nueva Rula se confirmó en los testimonios de sus dos gerentes: Alfredo Caunedo y Ramón Álvarez. El primero reconoció como la obligación de declarar todas las operaciones era una desventaja frente a otras rulas, como el caso de Burela, y que había desaparecido cuando esos mercados comenzaron a respetar la normativa legal.

De esta manera, los interrogatorios evolucionaron hacia un aspecto más bien técnico, y se centraron en cómo el inspector había concluido que había pagos en B. Este tema motivó numerosas preguntas a Ramón Álvarez, el principal testigo de ayer, y provocó la intervención de la titular de la sala para aclarar diferentes dudas.

Nueva Rula dispone de dos programas informáticos para su actividad. Uno se encarga de la actividad de subasta y otro de la gestión. El primero se activa cada vez que hay una operación y, posteriormente, se introduce manualmente en el sistema de gestión para facturar.

«No se puede hacer de manera automática. Es imposible. Si lo hiciésemos, mi equipo y yo seríamos la NASA», explicó ayer Ramón Álvarez. Además, el gerente asegura que el programa de la subasta se encuentra en un servidor al que no pueden acceder y donde la empresa suministradora, en ocasiones, realiza pruebas. «Apareció una venta de una merluza a doscientos euros el kilo», comentó como ejemplo.

Cuando las operaciones se realizan por agrupaciones de barcos (como sucede con la xarda o el bocarte) el programa de subasta marca una línea con un número de referencia, como hace siempre. A partir de ahí, en gestión se sacan los datos para facturar a los barcos y a los compradores. Por eso, como señaló Caunedo, el total de ingresos y peso del programa de subasta coincide con el de gestión, aunque haya diferencias en el número de operaciones.

La discrepancia entre el inspector y la gerencia de Nueva Rula se centra en ese punto. La inspección concluye que cada línea de subasta es una operación real. «Llegué a elaborar un documento que dejé leer a mi santa esposa para ver si se entendía», aseguró Álvarez, «según la Agencia Tributaria, algunos barcos llevaban tanta carga que se hubiesen hundido por el peso, pero ellos dijeron que lo que hacían era salir y volver a entrar».

Ruibaldeflores buscó su presa con insistencia, preguntando por correos electrónicos entre el gerente y el presidente del puerto en el que éste le pregunta por la xarda sin declarar. «Se refería a la estadística para la Secretaría de Pesca. Hay muchos correos como ese. Con las cuotas de xarda agotadas, para no hacer economía sumergida, la xarda se declara como otra especie. Todos los armadores lo saben. Por eso no coinciden las estadísticas de la Secretaría de Pesca. Si quisiéramos defraudar, no se declararía», respondió Ramón Álvarez. Además apuntó otro dato. Si un armador realizaba una operación fraudulenta era en una venta, sin embargo no se sancionaba a los compradores.

«El mal menor»

En este escenario, el abogado de la Cofradía preguntó por los motivos de que se hubiera aceptado la inspección y la conformidad con la Agencia Tributaria si las operaciones no eran fraudulentas. Tanto el presidente de la sociedad, Santiago Rodríguez Vega, como el gerente, Ramón Álvarez, coincidieron con que el posible proceso penal podía ser muy negativo, tanto por consecuencias en reputación y también económicas. «El informe de la Agencia tiene presunción de veracidad y, si no logramos convencer al inspector de Hacienda, teníamos dudas de si lo haríamos con el juez», concluyeron. Así que, desde el Consejo de Administración se habría optado por el mal menor para cerrar ese capítulo.

En su declaración,el presidente de Nueva Rula también desmintió que se hubiese ocultado información a los integrantes del consejo, otro de los argumentos expuestos desde la Cofradía de Pescadores Virgen de Avilés. Además, Vega reprochó a la entidad gremial el carecer en la actualidad de representatividad («hasta desconocemos quien es su presidente») y la acusó de trazar una estrategia para recuperar el control de la venta de pesca.

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