«Si los delitos sexuales están mal regulados es culpa de los políticos»

Jesús Villanueva, en su despacho de los Juzgados avilesinos. / JOSÉ PRIETO
Jesús Villanueva, en su despacho de los Juzgados avilesinos. / JOSÉ PRIETO

Jesús Villanueva, fiscal jefe de los juzgados de Avilés, reconoce la dificultad de mantenerse ajeno a las presiones externas y las excesivas garantías de una justicia que permite que casos como el del Niemeyer lleven desde 2013 sin resolver

C. DEL RÍO AVILÉS.

Jesús Villanueva (Mieres, 1960) quería ser juez, pero aprobó antes las oposiciones del Ministerio Fiscal que, desde 1988, lo han llevado por Lugo, Gijón y Oviedo hasta que en 2001 pudo trasladarse a su ciudad. Ese mismo año asumió la jefatura en Avilés de un cuerpo que hoy integran seis fiscales. Directo y sin problemas de corrección política, no hay pregunta incómoda para Villanueva, que las responde con la misma espontaneidad que despliega en los juicios. Y ahora que jueces y fiscales han dado un paso al frente con sus reivindicaciones es un buen momento para conocer su opinión.

-La situación es prácticamente inédita. ¿Tan mal estaban como para convocar esta serie de concentraciones?

-El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nos pegó un recorte, no una congelación, a todos los funcionarios. A los que menos les quitó, un 8% de nómina en términos absolutos, en líquidos; a nosotros, doce. Desde entonces no nos han subido ni una peseta y las cosas se desbordan.

-Aparte hablan de falta de medios. ¿No es una queja sempiterna?

-Falta de medios la ha habido siempre y siempre la habrá porque al poder político no le interesa que el poder judicial funcione bien. Los medios lo único que pueden hacer es limitar su poder y eso no interesa.

-Además, en un sitio tan pequeño como Avilés no será fácil mantener la neutralidad. ¿No?

-A veces, no. Uno siempre tiene que hacer abstracción. Lo pensé mucho cuando me trasladé aquí. Yo entonces estaba en Oviedo, que es donde se cuece todo y que, al final, es también un sitio pequeño. Las presiones las sientes igual allí que aquí. Sé que es impopular lo que digo, y que a mí mismo no me conviene, pero creo que lo ideal sería que ejerciéramos fuera de nuestro lugar de origen.

-¿Es la escasez del equipo psicosocial el problema más acuciante de los juzgados de Avilés?

-Están agobiadas de trabajo porque cada vez se acude más a las dos profesionales que lo integran. Es, además, un trabajo que no se debería hacer con prisas sino con tiempo y muy reflexivamente. Otra cosa es que sí tengamos deficiencias de medios y de organización. ¿Ve en nuestros despachos estas dobles pantallas? Pues no nos sirven para nada porque no podemos acceder a Lexnet. Somos el único operador jurídico cuyo sistema informático no es compatible con Lexnet, por lo tanto somos los únicos que seguimos presentando escritos en papel en los juzgados. Son disfunciones a las que no ya está acostumbrado. Por eso me atrevo a decir que, en general y en comparación con la justicia nacional y la regional, en Avilés estamos de lujo.

-¿Veremos algún día a los fiscales llevando la instrucción de los asuntos?

-Los fiscales somos una especie de filtro y, en los juzgados mixtos, somos quienes llevamos todos los asuntos penales. Pero lo que de verdad implica trabajo es el civil, que requiere mucho más estudio. Que la instrucción dependiera de los fiscales era ya inminente cuando yo estudiaba, va a hacer treinta años (risas). No lo vamos a ver nunca. Yo siempre he sido partidario porque supone un ahorro de medios y de tiempo. El sistema anglosajón funciona así. Los juzgados de instrucción aplican una serie de diligencias, automatismos que nosotros no tenemos por qué hacer. Pero no nos la darán porque cuesta dinero.

-¿Y eso?

-Porque sobrarían jueces y harían falta fiscales y ese trasvase no puede ser obligatorio. Llevan mucho tiempo haciendo pruebas, de hecho en la ley de menores instruye el fiscal, pero no termina de ponerse en marcha. Es difícil.

-¿Está demasiado judicializada nuestra vida diaria? ¿Llegan al juzgado conflictos que deberían resolverse de otra forma?

-Sí. Nosotros las llamamos infracciones bagatela. El juez Julio Alberto García Lagares decía que un juicio de faltas era como dedicar a un cirujano a poner tiritas. Muchas de las cosas que llegan a los juzgados tendrían que dirimirse en los de paz, pero no tienen competencias penales. Dedicar un equipo judicial completo a este tipo de casos es un desperdicio. En materia civil deberían funcionar mucho más. Se está intentado, pero de manera poco decidida. Debería impulsarse la mediación

-¿Cuál ha sido el asunto más comprometido que ha pasado por su mesa?

-¡Uno que no pasó! Cuando la Guardia Civil dijo que nosotros conocíamos la trama de explosivos del 11M y yo tuve que salir a decir públicamente que eso no era verdad. Mi disgusto me costó después.

-Era 2004 y fue convocado por el entonces fiscal general Conde Pumpido.

-Tuvimos que ir todos los fiscales de Avilés. Menos uno, que no entendió que fuera una orden, no fue y le acarreó algún problema. La Guardia Civil hablaba de comentarios de café que habían hecho sobre no sé qué fiscal. Aquí nunca hubo conocimiento de tal asunto. No había tal trama avilesina. Pumpido puso en duda nuestra profesionalidad. Fue una situación excepcional.

-Desde entonces, no ha estado aburrido. El 'caso Niemeyer' lleva coleando desde 2013. ¿Es demasiado garantista la justicia?

-Imagínese lo que pensamos los que trabajamos en ella. Este caso ha llevado cientos de recursos desde que empezó instrucción. Ha llegado a la Audiencia Provincial más de diez veces porque cada vez que había una resolución alguna de las partes ponía la zancadilla.

-Por no hablar del juicio paralelo. ¿Cómo llevan los profesionales ese eco social?

-Mal. Desde dentro, mal. La sociedad puede tener una opinión de algo, pero nosotros no podemos dejarnos influir.

-En las últimas semanas hemos asistido a otro hecho novedoso, que los políticos que siempre manifestaban «respeto a las decisiones judiciales» salieran en tromba a criticar la sentencia de 'La Manada' y que hasta el ministro de Justicia cargara contra un magistrado. ¿Qué opinión le merece?

-Son unos oportunistas. Lo tengo clarísimo. Es muy fácil subirse a la ola de indignación popular, utilizar un tema sensible y echar la culpa a quien no la tiene porque si los delitos sexuales están mal regulados es culpa de ellos y no de los jueces y fiscales. Lo que hemos vivido es anormal. El ministro, además, mintió porque lo único que pudo achacarle al magistrado fue retrasos y no ninguna chifladura, como dijo.

-¿Se ha leído la sentencia de 'La Manada'?

-No y no tengo pensado hacerlo. No me puedo pronunciar de un asunto porque solo hablo de cosas que conozco. Me indigna que se pronuncia la gente que no conoce unas pruebas que son desconocidas para la gran mayoría porque nadie ha visto los vídeos o las declaraciones reproducidas en la sala. Con estos temas en los que la sensibilidad está a flor de piel no se puede dar pie a conductas irresponsables. Si quieren cambiar las cosas, que graven más las conductas y los tipos penales por estos delitos.

-Con este tema parece haber quedado en segundo plano la prisión permanente revisable. ¿Qué le parece?

-Me parece correcta. La hay en todo nuestro ámbito jurídico en la Europa continental.

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